El Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Zeid Ra’ad Al-Hussein. Foto: ONU/Jean-Marc Ferré
7 de octubre de 2015
Buenas tardes,
Hace
poco más de cuatro años desde que mi predecesora, Navi Pillay, fue
invitada a México. Desde entonces ha habido desarrollos legislativos muy
importantes, incluyendo la Reforma Constitucional de 2011 y las
enmiendas que han pavimentado el camino para nuevas leyes generales que
atienden dos de las más apremiantes problemáticas de derechos humanos:
la desaparición forzada y la tortura. La adopción e implementación de
estas dos leyes requerirá la activa participación de víctimas y
organizaciones de la sociedad civil y ambas deberán cumplir cabalmente
con los estándares internacionales de derechos humanos.
A
nivel internacional, por muchos años México ha sido un acérrimo
defensor de los derechos humanos. Desde 2002, ha albergado una sólida
oficina de derechos humanos de la ONU en el terreno, que cuenta hoy en
día con 30 funcionarios. México ha jugado un papel muy importante y
constructivo en el Consejo de Derechos Humanos en Ginebra; recientes
ejemplos de este positivo compromiso incluyen el auspicio a algunas
resoluciones clave sobre los derechos de los migrantes, pueblos
indígenas y personas con discapacidad, así como sobre la independencia
de las juezas y los jueces. México también ha ratificado casi todos los
tratados internacionales de derechos humanos más importantes.
Durante
mi visita, me reuní con altas autoridades del Estado, incluyendo al
Presidente Peña Nieto, la Secretaria de Relaciones Exteriores y el
Secretario de Gobernación, el Presidente de la Suprema Corte, la
Procuradora General de la República y un grupo de Senadores y Senadoras,
y el Presidente de la Conferencia Nacional de Gobernadores. También
sostuve encuentros con los Secretarios de la Defensa Nacional y de la
Marina, así como con el Comisionado Nacional de Seguridad (jefe de la
policía federal).
En
el transcurso de estas reuniones, fui informado de significativos
avances constitucionales y legales hechos durante los últimos cuatro
años. Estos avances incluyen reformas constitucionales relacionadas con
la transparencia y el acceso a la información pública, el combate a la
corrupción, la desaparición y la tortura. Las nuevas legislaciones
incluyen la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos
Humanos y Periodistas, la Ley General de Víctimas, la Ley de Amparo y
más recientemente la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y
Adolescentes y el Código Federal de Procedimientos Penales.
Adicionalmente,
importantes medidas de políticas públicas han sido tomadas tales como
la adopción del Programa Nacional de Derechos Humanos (2014-2018) y
protocolos para investigar la tortura y las desapariciones.
Recientemente, han comenzado a operar sistemas de alertas de género, así
como programas destinados a atender los retos que plantea la migración,
además de programas integrales de capacitación para la policía, los
jueces y otros funcionarios públicos. Saludé las recientes sentencias de
la Suprema Corte sobre matrimonio igualitario, tortura y protección de
la libertad personal y el debido proceso. A nivel local, han sido
adoptados programas de derechos humanos en cinco estados y hay un
compromiso de extenderlos en todo el país.
Además,
el Gobierno mexicano ha hecho admirables compromisos para cambiar las
leyes y prácticas nacionales tanto en el Examen Periódico Universal del
Consejo de Derechos Humanos (un proceso igualitario aplicable a todos
los Estados), y en los diversos Comités que monitorean el cumplimiento
de las obligaciones de los países bajo los tratados internacionales de
derechos humanos que han ratificado y que por tanto continuarán siendo
medidos contra dichas obligaciones y compromisos.
Sin embargo, a pesar de este progreso dirigido a construir un sólido marco de derechos humanos – mismo que es reconocido y ampliamente valorado por mí y por muchos otros – mi visita ha sido aleccionadora en cuanto a las realidades cotidianas de millones de personas en México. Y finalmente, son las personas quienes juzgarán. No soy yo, ni mi Oficina, ni la ONU ni los representantes del Estado quienes podamos declarar que lo que se está haciendo o se ha hecho, sea suficiente. Sólo la gente puede hacer esto, especialmente aquellas personas en mayor desventaja, las víctimas del delito o las familias de éstas son quienes tienen la credibilidad para emitir este juicio.
Sin embargo, a pesar de este progreso dirigido a construir un sólido marco de derechos humanos – mismo que es reconocido y ampliamente valorado por mí y por muchos otros – mi visita ha sido aleccionadora en cuanto a las realidades cotidianas de millones de personas en México. Y finalmente, son las personas quienes juzgarán. No soy yo, ni mi Oficina, ni la ONU ni los representantes del Estado quienes podamos declarar que lo que se está haciendo o se ha hecho, sea suficiente. Sólo la gente puede hacer esto, especialmente aquellas personas en mayor desventaja, las víctimas del delito o las familias de éstas son quienes tienen la credibilidad para emitir este juicio.
Muchos
de los problemas señalados por mi predecesora hace cuatro años siguen
siendo temas de preocupación, y muchas de las personas con las que he
hablado ilustraron una imagen muy desalentadora – y consistente – de una
sociedad afligida por los altos niveles de inseguridad, de
desapariciones y de asesinatos, el continuo acoso a personas defensoras
de los derechos humanos y periodistas, la violencia contra las mujeres y
los terribles abusos hacia migrantes y refugiados que transitan por el
país en su camino a Estados Unidos.
Estadísticas
oficiales muestran que 98% de los crímenes cometidos en México quedan
sin resolver; la mayoría de ellos no son nunca propiamente investigados.
Por tanto no es sorprendente que la ciudadanía mexicana se sienta
insegura – no obstante la baja en la tasa de homicidios y secuestros,
misma que saludamos.
No
quiero simplemente repetir las declaraciones hechas el viernes pasado
por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) al final de su
visita a México.
Sin
embargo, sí respaldo por completo sus hallazgos, que coinciden en gran
parte con las opiniones de mi Oficina y de varios expertos y órganos
internacionales de derechos humanos de la ONU que recientemente han
visitado o informado sobre la situación en México. Y, de hecho, las
recomendaciones de la CIDH fueron también respaldadas por el Presidente
de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, así como por varias
organizaciones de la sociedad civil, ilustrando así que hay un amplio
consenso nacional, regional e internacional sobre la gravedad de la
situación actual de los derechos humanos en México.
Para
un país que no se encuentra en medio de un conflicto, las cifras
calculadas son, simplemente, impactantes: 151,233 personas asesinadas
entre diciembre de 2006 y agosto de 2015, incluyendo miles de migrantes
en tránsito. Desde 2007, hay al menos 26,000 personas cuyo paradero se
desconoce, muchas posiblemente como resultado de desapariciones
forzadas. Miles de mujeres y niñas son abusadas sexualmente o se
convierten en víctimas de feminicidio. Y prácticamente nadie ha sido
condenado por dichos crímenes.
Parte
de la violencia puede ser atribuida a los poderosos y despiadados
grupos del crimen organizado, que han hecho miserable la vida de mucha
gente en varios de los 32 estados de la República.
Condeno sus acciones
sin reservas. Sin embargo, muchas desapariciones forzadas, actos de
tortura y ejecuciones extrajudiciales presuntamente han sido llevadas a
cabo por autoridades federales, estatales y municipales, incluyendo la
policía y algunas partes del Ejército, ya sea actuando por sus propios
intereses o en colusión con grupos del crimen organizado.
El
corrosivo y devastador impacto del crimen organizado y las enormes
cantidades de dinero que movilizan estos grupos está cooptando o
corrompiendo instituciones clave, y en algunas regiones, está reduciendo
el impresionante conjunto de leyes mexicanas a meras palabras en el
papel. La combinación de miedo, ambición e impunidad crónica es potente y
millones de personas están sufriendo este cóctel venenoso que una vez
fraguado es difícil de eliminar.
Una sucesión de incidentes específicos y recientes han llamado considerablemente la atención y preocupación internacionales.
Primero,
el 30 de junio de 2014, autoridades militares anunciaron que durante un
ataque en una bodega en el municipio de Tlatlaya en el Estado de
México, soldados mataron a 22 de los agresores, incluyendo a una niña de
15 años. Sólo después de varios meses, y gracias a una valiente testigo
y algo de periodismo audaz, emergió una historia por completo
diferente; dicha historia sugiere que la mayor parte de esas 22 personas
de hecho se habían rendido y que luego fueron ejecutadas sumariamente, y
que tres mujeres sobrevivientes habían sido sujetas a detención
arbitraria y a tortura.
Desde entonces, detalles más alarmantes sobre el
caso han emergido, como la aparente alteración de la escena del crimen y
la fabricación de cargos contra las sobrevivientes, así como la
naturaleza de las órdenes de operación dadas al oficial a cargo de las
mismas.
Poco
antes de este grave incidente, el Código Militar había sido reformado
ubicando a los militares bajo la jurisdicción civil en el caso de
crímenes cometidos contra civiles.
El
caso de Tlatlaya es uno de los primeros en ser revisados bajo este
sistema, y su progreso, por tanto, será observado de cerca.
La
confianza de la ciudadanía en las instituciones federales y locales fue
seriamente resquebrajada por las desapariciones forzadas de los 43
estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa y el asesinato de
seis personas, ocurridos en Iguala, estado de Guerrero. Los informes
sugieren poderosamente que la policía local realizó violentos ataques y
emboscadas en contra de los estudiantes desarmados, así como contra un
equipo de fútbol local.
El
reciente informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos
Independientes (GIEI), mismo que fue designado por la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos e invitado por el Gobierno mexicano
para dar seguimiento a la investigación en el caso de Iguala, descartó
la versión original de las investigaciones sobre que los cuerpos de los
estudiantes habían sido incinerados en un basurero municipal. También
reveló que fuerzas de seguridad federales tenían conocimiento de lo que
estaba sucediendo mientras estaba sucediendo, pero que no intervinieron.
El informe manifestó que el alcance y la complejidad de las operaciones
de variadas y diversas fuerzas de la policía involucradas en la
emboscada, arrestos, tiroteos y desaparición forzada de los estudiantes
significan que debe haber habido una coordinación centralizada.
El
caso de Iguala recibió gran atención, no sólo en México sino alrededor
del mundo, y la voluntad y la habilidad de las autoridades para afrontar
los crímenes violentos y la corrupción fueron puestas a prueba. Si el
verdadero destino de los estudiantes finalmente es revelado como
resultado de una rigurosa y determinada investigación, y el amplio rango
de perpetradores es identificado, procesado y sentenciado, incluyendo
reparaciones a las víctimas, este terrible caso podría tener un efecto
beneficioso en muchas otras situaciones similares en el país. Es
importante que el Gobierno actúe decisivamente sobre las recomendaciones
del GIEI incluyendo su insistencia de que las autoridades reviertan su
decisión de no permitir que los expertos se entrevisten con miembros del
Batallón no. 27, quienes estaban presuntamente en la escena cuando
algunos de los ataques tuvieron lugar.
Tanto
el GIEI como el Equipo Argentino de Antropología Forense, arrojaron luz
sobre las limitaciones e irregularidades relacionadas con los servicios
forenses en México. Es preciso y urgente crear una institución nacional
forense de carácter autónomo y con recursos adecuados.
La
razón por la cual he puesto tanta atención en el caso de Iguala, cuando
muchos otros crímenes igualmente inquietantes han sido cometidos en
México en los años recientes - a la par del subsecuente descubrimiento
de numerosas fosas comunes con cuerpos que resultaron no corresponder a
los estudiantes desaparecidos sino que son otras víctimas con
perpetradores desconocidos – el caso de Iguala es un microcosmos de
problemas crónicos que subyacen a la implacable ola de violaciones de
derechos humanos que está teniendo lugar a lo largo de México. De manera
particular, pone de relieve el predominio de la impunidad y la
indiferencia por las víctimas que afectan al país entero.
Otro
caso reciente de alto perfil que aún está por ser adecuadamente
resuelto incluye los asesinatos de nueve personas en Apatzingán, en
enero de 2015, y de 43 personas, incluyendo un oficial de policía, en
Tanhuato, en mayo.
El
caso de Iguala también ha resaltado la debilidad de la policía,
incluyendo su frecuente y directo involucramiento en la comisión de
crímenes. En Iguala, de acuerdo a sólida evidencia puesta a la luz por
la investigación del GIEI, elementos de la policía municipal, estatal y
federal – junto con otros representantes del Estado y del Ejército –
estuvieron involucrados, ya sea en los crímenes o en el hecho de no
proteger a las víctimas, o tomando parte en el posterior encubrimiento.
Como
una de las personas con las que me encontré en los últimos días lo
planteó: “Este es un país en el que si eres víctima de un crimen, a los
últimos a los que llamas es la policía.” Si la policía no funciona
adecuadamente, entonces el sistema de justicia en su conjunto corre el
riesgo de ser disfuncional. El nuevo sistema penal tendrá que superar
los problemas que enfrentan la policía y los forenses, así como la
debilidad del sistema de investigación.
Como
dije antes, hay una fuerte convergencia de miradas sobre el alcance y
la naturaleza de los problemas de derechos humanos en México entre los
órganos de Naciones Unidas, la CIDH, la Comisión Nacional de los
Derechos Humanos, la sociedad civil, la academia, el cuerpo diplomático –
y sobre todo, entre los sobrevivientes y familiares de las decenas de
miles de víctimas.
Desde
hace tiempo, México ha sido muy generoso en sus invitaciones, a quienes
me precedieron en el cargo, y a mí mismo, sino también a otras
entidades de derechos humanos de la ONU, tales como variados expertos
independientes de las Naciones Unidas. Por tanto ha sido una sorpresa
para nosotros cuando el Relator Especial de la ONU sobre la tortura,
Juan Méndez, al publicar su reciente informe sobre México, fue sujeto de
virulentos ataques personales por parte de algunos políticos, a pesar
de que la prevalencia de la tortura ha quedado bien establecida (la cual
se da generalmente a manos de la policía y ministerios públicos durante
el período inicial del arresto).
Desafortunadamente,
esta intolerancia ante la crítica pública también se ha manifestado en
reacciones a otros informes internacionales más recientes sobre México.
Mi
mensaje sobre esta reciente y preocupante tendencia, que se contrapone
al papel constructivo de México en el Consejo de Derechos Humanos en
Ginebra, es el siguiente: en lugar de matar al mensajero, enfoquémonos
en el mensaje. Todos estamos de su lado.
Todos
queremos ayudar a México. Ignorar lo que está sucediendo en este gran
país no es una opción para nosotros y no debe ser una opción para los
políticos que la población mexicana ha elegido y los representantes del
Estado cuya responsabilidad es proteger a los ciudadanos y las
ciudadanas de este país, así como a los migrantes y refugiados en su
territorio. Señalar problemas estructurales, así como intervenir en
casos específicos, es una parte importante de la asistencia que
ofrecemos a muchos países. Nada de lo que hoy he dicho aquí será
particularmente sorprendente para la mayoría de los mexicanos y las
mexicanas, y especialmente no para aquellas personas más pobres y
marginalizadas.
Me
encontré con docenas de ONG y otros miembros de la sociedad civil
provenientes de diversos lugares del país, y estoy particularmente
conmovido por su valentía (muchos habiendo sido repetidamente amenazados
o incluso atacados), y su determinación y compromiso para seguir
trabajando por un México mejor, a pesar de los obstáculos que enfrentan.
Hago un llamado urgente a las autoridades a ofrecer más y mejor
protección tanto a las defensoras y defensores de derechos humanos como a
quienes ejercen el periodismo, quienes han sufrido una terrible serie
de asesinatos, amenazas, golpizas y otras formas de intimidación en los
años recientes.
Un
buen número de ONG pusieron de relieve el tema de empresas involucradas
en los llamados “megaproyectos” en los cuales no se está consultando de
manera adecuada a los pueblos indígenas cuyas tierras y recursos
planean explotar, y hago un llamado al Gobierno para que asegure que
estas empresas en el futuro tomen en cuenta el establecimiento de
procesos adecuados de consulta y permitan a los pueblos indígenas
participar activamente en el proceso de desarrollo.
Sobre
todo, quiero agradecer a todas las víctimas y familiares de víctimas
que aceptaron encontrarse conmigo y relatarme las traumáticas
experiencias que han vivido, algunas a manos de empleados del Estado,
otras a manos de bandas criminales. Este grupo de personas incluyó
mujeres y personas indígenas y cada historia fue intensamente personal –
un antídoto importante ante la naturaleza insensible de las incompletas
estadísticas sobre asesinatos, violaciones y desapariciones.
También
escuché a un grupo de familiares de personas que han sido
desaparecidas, desde la hija de un hombre que desapareció forzosamente
en 1974 hasta una mujer cuyo hijo desapareció forzosamente en septiembre
de 2014. Ojalá todo mundo pudiera encontrarse con ellas y escucharlas.
Tener a un ser querido desaparecido, no saber si está vivo o muerto; y
si ha muerto, no saber lo mucho que sufrió ni cuánto tiempo duró su
sufrimiento; y si está vivo, dónde está siendo detenido y en qué
condiciones; vivir esta horrible mezcla de pérdida e impotencia, esta
falta de certeza, constantemente presente día tras día, semana tras
semana, mes tras mes, es realmente una cosa espeluznante. Se vuelve
doblemente cruel cuando las autoridades ni siquiera se preocupan – o se
atreven – a investigar lo que sucedió con su hijo, hija, hermana, pareja
o mejor amigo.
Repetiré
la insensible estadística nuevamente: México tiene al menos 26,000
casos de personas no localizadas, y nuevos casos ocurren cada día. La
miseria unida a la estadística es imposible de comprender. El fracaso de
la policía, del sistema de justicia para esclarecer el paradero de las
víctimas y lo que les sucedió, y sobre todo, de los sucesivos gobiernos y
del sistema político en su conjunto para detener estos crímenes no sólo
es lamentable, es profundamente trágico. Trágico para las personas
involucradas, y trágico para el país entero. Durante los últimos días,
me ha animado escuchar a altos representantes del Gobierno hablar con
nueva determinación para hacer frente a estos retos y les he informado
que mi Oficina está lista para asistirlos de todas las formas en que le
sea posible.
En
esta línea, en su momento entregaré una lista de recomendaciones para
el Gobierno mexicano. Mientras tanto, me gustaría enfatizar la necesidad
de llevar a cabo las siguientes medidas clave:
- Fortalecer de manera urgente las procuradurías en el país para asegurar que las violaciones de derechos humanos sean propiamente investigadas, conduciendo a resultados en tiempo.
- Fortalecer de manera urgente la capacidad de la policía para llevar a cabo sus funciones de seguridad pública en línea con las obligaciones de derechos humanos, incluyendo el desarrollo de un marco legal sobre el uso de la fuerza.
- Adoptar un cronograma para el retiro de las fuerzas militares de las funciones de seguridad pública.
- Implementar las recomendaciones del GIEI y considerar mecanismos similares de seguimiento para otros casos graves.
La
comunidad internacional tiene mucha buena voluntad hacia México, pero
al final son solamente los mexicanos y las mexicanas – y especialmente
la clase política de México – quienes pueden resolver estos profundos
problemas. El país cuenta con recursos humanos de primer nivel, así como
recursos materiales abundantes. Las problemáticas se han acrecentado
tanto, que para cualquier gobierno sería una tarea abrumadora
solucionarlas, pero el gobierno que lo logre – el que reforme
radicalmente la policía, haga funcionar la justicia, aplaste el índice
de criminalidad y encarcele a los criminales, el que regrese al Ejército
a los cuarteles, proteja a las personas marginadas, trabaje duro para
reducir la violencia contra las mujeres – ése es el gobierno que la
nación necesita y quiere.
El
Gobierno que atienda plenamente el deseo de su ciudadanía y tenga la
capacidad de transformarlo en un Estado que funcione, es el Gobierno que
será recordado y honrado por generaciones futuras. Dicho Gobierno
además será capaz de atraer un flujo masivo de inversión extranjera
directa, que a su vez contribuiría una mayor prosperidad para su
población.
Ruego por
que este Gobierno pueda comprometerse con un renovado sentido de
urgencia para resolver los enormes retos de derechos humanos que
enfrenta, para que sea cada ciudadano el que lo juzgue.
Gracias.
TERMINA
Para solicitar mayor información favor de contactar a:
En México: Gabriela Gorjón (+5255 5061 6374 / +52155 5438 1729 o ggorjon@ohchr.org)
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