| ARGENTINA: HACIA UNA REELECCIÓN COMPULSIVA |
Cuarenta y ocho
horas de estadía en Buenos Aires, para cumplir con una sencilla reunión
académica, fueron suficientes para que retornásemos al Uruguay con la
desagradable sensación de que Argentina ya comienza a inclinarse peligrosamente
hacia una crisis institucional de proporciones.
Desde luego que, en un plazo tan
breve, sería presuntuoso aspirar a ingresar en un análisis sistemático de qué
es lo que se está deteriorando rápidamente en el vecino país. Sin embargo, el
poco tiempo que le hubimos de dedicar a la prensa escrita, radial o televisiva,
a hablar con colegas o simples ciudadanos, y a observar sencillamente la vida
de la ciudad, fue suficiente como para que nos hiciésemos una idea sobre
la paulatina consolidación de un clima de deterioro político y de profunda
ruptura de las bases mismas de la concordia social en la sociedad.
La hipótesis central de todos los
argentinos, con quienes hablamos, es que el proceso de crispación política y
económica al que se encuentra sometida la República Argentina tiene como
trasfondo la decisión de Cristina Kirchner de instrumentar un proceso de
reforma de la Constitución que le permita reelegirse nuevamente como presidente
o, si eso no es posible, quizás imponer a su hijo como “heredero” de la Casa de
Kirchner.
Este disparatado y antidemocrático
objetivo -(que, desde luego, no es novedoso en la Argentina ni en países
com0 Venezuela, Ecuador, Nicaragua, Cuba o Corea del Norte)- plantea, no
obstante, algunos obstáculos.
Para que dicha reelección no sea un simple
golpe de estado más en la historia argentina, es necesario que algo parecido a
una instancia Constitucional “se pronuncie” sobre una eventual “Reforma”
Constitucional que habilite dicha reelección. Ello sólo será factible siempre y
cuando, en las elecciones legislativas del año que viene, el triunfo de los
incondicionales de Cristina Kirchner permita una muy poderosa legión en el
Congreso que esté dispuesta a votar cualquier cosa que ella le ordene. Sólo en
esas condiciones es posible pensar en una Reforma Constitucional y en una
candidatura hegemónica del kirchnerismo para el año 2015.
En un régimen democrático razonablemente
republicano y liberal, una versión decente de ese objetivo -(siempre que, en
determinadas circunstancias muy excepcionales, alguien lo aceptase como tal)-
se buscaría esforzándose en instrumentar una gestión gubernamental plural,
sobria, cristalina y, sobretodo, apuntada a forjar amplias alianzas que
permitiesen dar un sustento político amplio al proyecto.
Todo lo entrevisto en Buenos Aires indica
que eso es totalmente imposible en la configuración mental del autoritarismo
reinante. La idea presidencial es, evidentemente, reelegirse mediante el
sometimiento, la derrota total o, eventualmente, la eliminación de todos
aquellos que se opongan a la idea. El término medio, la conciliación, el
acuerdo y el reconocimiento del otro, son terrenos desconocidos: se trata de
conseguir TODO EL PODER. Este descomunal desaguisado requiere, por lo tanto,
que se debilite al máximo, o que se haga desaparecer eventualmente, cualquier
actor político que pueda siquiera esbozar un gesto con capacidad de entorpecer
la operación reeleccionista.
Como la oposición en la Argentina hace
tiempo que ha quedado totalmente desarbolada e inoperante por una triste confluencia
entre los ataques sistemáticos del gobierno y su propia incapacidad
política para reorganizarse, Cristina Kirchner tiene en la mira
fundamentalmente a personajes que pertenecen al peronismo, a aliados del
peronismo e, incluso, a integrantes del círculo más íntimo del propio
kirchnerismo.
Así, por ejemplo, el Ejecutivo
federal ha retenido 4.000 millones de dólares de fondos federales destinados a
las provincias y se los ha quedado de manera de que múltiples provincias no
puedan cumplir con los compromisos salariales de sus respectivas
administraciones. El caso arquetípico es el retaceo de recursos al Gobernador
de la Provincia de Buenos Aires, Gabriel Scioli. Aunque kirchnerista de la
primera hora, Scioli ya no goza de la confianza de la presidente por lo que, no
solamente no le envía los recursos que le debe a la Provincia, le está
“auditando” la gestión financiera al Gobernador. No nos preguntemos sobre la
legalidad de la operación ni sobre las violaciones a las competencias
provinciales. La Constitución de la República pasa siempre después de cualquier
consideración de interés político en el mundo populista instalado en América
Latina. Pero, como Scioli, hay otros gobernadores que están con la mano
estirada esperando que su majestad la presidente se digne traspasar los
recursos que debería transferir.
Y, correlativamente, esas transferencias
se hacen esperar porque la esperanza final de la presidente es que las
poblaciones provinciales culpen a los gobernadores y a sus gobiernos del no
pago de sus haberes. Aunque es posible que así sea, también es posible
que la población no sea totalmente estúpida y esté perfectamente informada que
el que no paga las cuentas es el gobierno federal.
La operación reelección, al mismo tiempo,
requiere no solamente arrasar con cualquier pretendiente a candidato. También
tiene que desarticular centros de poder social como la CGT que, aunque no
tengan posibilidades de generar candidatos presidenciables propios, poseen la
capacidad de movilizar grandes grupos de gente cuya conducta política la
presidente no puede “conducir”. Es por ello que la presidente ha roto
relaciones con la CGT de Moyano y, en términos generales, con grandes sectores
del peronismo sindical.
En el mismo sentido, la operación
reelección requiere de la toma de control de los medios. Y, en la medida en que
no ha logrado derrotar, realmente, ni al grupo Clarín ni a La Nación, la
presidente ha optado por seguir el camino ecuatoriano de Correa que consiste en
generar prensa amarilla y oficialista al mando de testaferros y saturar hasta
el hartazgo el espacio de los medios. De cadena presidencial en cadena
presidencial (en 48 horas vimos, una en diferido, y otra en vivo), Cristina
Kirchner se canta loas a sí misma en patéticos espectáculos poblados de acarreados,
donde la presidente se regodea menospreciándolos con agobiantes discursos
egocéntricos.
Muchas más cosas podrían agregarse. Ante
la evidente bancarrota financiera del país, la “caza” a los dólares adquiere
perfiles caricaturales. No solamente el gobierno se apresta a perseguir a los
argentinos que puedan tener dólares en Uruguay. Ahora los hogares que registren
consumos de luz, agua o gas, por encima de una cifra arbitrariamente fijada por
los esbirros kirchneristas, serán objeto de fiscalización especial. Su
“consumo” resulta sospechoso.
Huelga decir que todo esto acontece en
medio del más caótico escenario imaginable. Un vicepresidente envuelto en un
notorio escándalo de presumible corrupción (Ciccone Calcográfica), la la
delincuencia desatada en particular contra los más humildes, la basura de 48
horas acumulada en todas las esquinas de la ciudad, los trenes de transporte de
pasajeros circulando sin la menor garantía de que sean mínimamente
operacionales, los precios al consumo desmintiendo cotidianamente las cifras
oficiales de inflación, la instalación del narcotráfico a gran escala, etc.
constituyen sólo algunos de los elementos que conforman el paisaje sobre el que
se despliega la desmesurada operación de Cristina Kirchner
Como siempre sucede en la dinámica del
desarrollo de los regímenes autoritarios y populistas, les resulta imposible
distinguir donde es que están los límites que los separan de la más vulgar
dictadura. En este caso, esos límites están desapareciendo rápidamente y de
allí el intenso malestar social de una población que no deja de apreciar la
frenética carrera por el poder absoluto en la que se ha enfrascado,
cueste lo que cueste, la presidencia de la Nación.
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