DESTRUIR LA PRENSA ES DESTRUIR LA LIBERTAD
Desde el inicio de su mandato, en el
año 2006, el presidente Calderón decidió que la lucha contra el
narcotráfico y la violencia organizada en México sería uno de los ejes
centrales de su entonces flamante gestión.
La tarea se
reveló mucho más dificultosa de lo que parecía a primera vista y ello a
pesar de que, en un principio, el gobierno había logrado una serie de
triunfos bastante significativos. Un buen número de cabecillas de los
grupos de narcotraficantes fue detenido por las fuerzas del orden. Su
informe de gobierno reivindica la captura de aproximadamente 50 grandes
capos de las organizaciones de criminales y varias decenas de
presuntos “lugartenientes” de importancia de todas esas organizaciones.
Sin embargo las
cosas no siguieron desarrollándose en la dirección que el gobierno
mexicano esperaba. Algunos analistas sostienen la teoría que el
descabezamiento de los grandes grupos de narcotraficantes que significó
la detención de este medio millar de personas puso en marcha una
suerte de proceso de “feudalización” de esas organizaciones que
tendieron a reproducirse y a atomizarse en un perverso proceso de
democratización del crimen.
La ausencia
forzada de los grandes jefes de los “cartels” habría determinado que
éstos se fraccionaran, que muchos de los jefes regionales, intermedios,
o incluso meramente locales, comenzasen a aspirar al “ascenso” en las
complejas y siempre indescifrables jerarquías del mundo criminal. De
manera sorprendente, muchos de estos analistas sostienen que, mientras
los grandes “capos“ estuvieron libres, ellos mismos eran un elemento de
contención y de orden relativo dentro del ejercicio de la violencia
que el narco generaba desde hacía décadas en la sociedad mexicana. Pero
que, la desaparición (o el debilitamiento relativo) del poder de los
jefes “naturales“, desató una desaforada competencia por la
construcción y control de cada vez más y más nuevas estructuras del
crimen organizado.
Esta
explicación, aunque entendible, tiene una serie de elementos que no
resultan ser del todo convincentes. En todo caso, el proceso social del
que hablamos es de tal complejidad que resulta imprudente, e
intelectualmente poco consistente, pronunciarse sobre sus procesos
internos de desarrollo. Lo que sí es empíricamente incontrovertible es
que en los 12 años trancurridos desde 2006 a la fecha, en México se han
registrado más de 110.000 asesinatos de todo tipo. Cualquiera de las
cifras anuales de muertos por violencia (por ejemplo, el
correspondiente al año 2011, que registra 27.200 homicidios) es
equivalente, y a veces supera, las cifras de muertos constatadas en
Siria en el último año de guerra civil.
Los efectos de
esta situación, que revela claramente que el Estado mexicano no logra
enfrentar eficazmente un amplio conjunto de sectores sociales que han
decidido desafiar al poder etático e, incluso, logran reemplazarlo en
determinados espacios del territorio nacional, por períodos más o menos
prolongados, son innumerables.
Ya es evidente
que el problema no es el narcotráfico. El llamado “crimen organizado”
controla todo tipo de actividades: el tráfico de trabajadores ilegales,
la prostitución consentida y la prostitución forzada, la producción de
documentos falsificados, el tráfico de esclavos, el contrabando de
bienes de importación regulada, los juegos de azar, el trasiego de
armas de todo tipo (incluidas militares y sofisticadas), el de
materiales y químicos peligrosos, el tráfico de órganos, laboratorios,
aeronaves, municiones, dinero para blanquear, etc. etc. Cada uno de
estos “rubros” merecería un cuidadoso análisis de cómo el estado
mexicano perdió el mando sobre su producción, gestión, contralor y/o
prohibición.
Pero en esta
nota editorial queremos detenernos especialmente sobre un rubro de
actividad muy particular sobre el que, también, el estado mexicano está
perdiendo todo control: la prensa y la libertad para ejercer la actividad de prensa.
El martes
próximo pasado, en la ciudad de Kiev, Ucrania, en el marco del 64avo.
Congreso Mundial de Periódicos de WAN-IFRA, la asociación que, con sede
en París y Darmstadt, reune a 18.000 publicaciones y a 15.000 páginas
web, de más de 3.000 empresas en 120 países, hizo público un lapidario
informe llamado “Una Amenaza de Muerte a la libertad: informe sobre la violencia contra la prensa en México”
donde deja claramente al desnudo la insostenible situación en que el
crimen organizado ha puesto al conjunto de la prensa mexicana.
No es la primera vez que esta organización (u otras como “Reporteros Sin Fronteras”, por
otra parte) se ocupa de la alarmante situación de la prensa en México.
Ya el 12 de octubre del año pasado, el Consejo de Administración de
WAN-IFRA había señalado, en ocasión de su 63avo. Congreso Mundial, que
la situación de la prensa en México se deterioraba rápidamente y le
solicitaba al gobierno del Presidente Calderón que tomara urgentemente
las medidas adecuadas para garantizar la seguridad de los periodistas y
de las empresas de prensa.
El Informe
mencionado muestra con insólita crudeza las condiciones de absoluta
indefensión en la que trabajan la prensa y los periodistas en el
entorno de violencia organizada que esbozásemos más arriba, en
particular la vulnerabilidad de los medios de prensa que operan a nivel
estatal y local.
La omnipotencia
de los diferentes caciques del crimen organizado que, o bien infiltran
las redacciones de los periódicos, o bien asesinan directamente a los
periodistas que se resisten a transformarse en voceros del crimen; la
corrupción de infinidad de autoridades estatales y locales que
pertenecen al crimen organizado o que se han plegado, por miedo o por
dinero, a su voluntad; las ofensivas militares y policiales muchas
veces absolutamente desatinadas y carentes de objetivos claros, son
algunos de los elementos que han transformado la actividad periodística
en un calvario de difícil comunicación y dimensionamiento para quien no
esté directamente enfrentado al conflicto.
El Informe
mencionado aborda cuatro grandes capítulos que presentan con claridad
la gravedad de la situación de la prensa y un último apartado en el que
se pretende discernir cuales son las estrechas relaciones existentes
entre la peculiar circunstancia de un país que logró democratizar buena
parte de sus instituciones pero que parece incapaz de detener la
explosión de una violencia incontrolada que hunde sus raíces en un
pasado populista y corrupto que se niega a desaparecer.
El primer
capítulo del trabajo está destinado a documentar cuidadosamente el
incremento sin precedentes de las acciones de violencia ejercidas contra
la prensa desde el momento en que el gobierno del presidente Calderón
desatase, en el año 2006, la ofensiva contra los jefes de los “cartels”
que mencionásemos más arriba. Señala igualmente los impactos directos
contra los periodistas (39 asesinados y centenares de emigrados a
países vecinos) como resultado de las agresiones directas sufridas por
los trabajadores de la prensa y las diferentes formas de reacción que
los distintos medios y periodistas han debido desarrollar para
sobrevivir como empresas y como personas.
El segundo
capítulo presenta elementos de interés para analizar la estrategia de
despliegue territorial de la violencia en ese proceso de “feudalización”
que algunos analistas entienden pertinente y el hecho de que ese
despliegue territorial de los delincentes organizados lleva consigo la
necesidad de que estos grupos desarrollen estrategias específicas de
“control informativo” sobre los territorios que aspiran a controlar y
retirar del ámbito de la soberanía del estado nacional.
El tercer
capítulo presenta con detalle la falencia generalizada de la prevención
y represión en la lucha contra el crimen de los tres niveles de la
Administración gubernamental mexicana (autoridades federales, estatales y
municipales).
Por su parte, el cuarto capítulo analiza la aplicación sistemática de la violencia estatal contra
los periodistas y las empresas de prensa. Es decir en este apartado
WAN-IFRA no se ocupa de las carencias represivas o de lo que las
autoridades mexicanas no hacen para defender a los periodistas:
en realidad este apartado se ocupa de demostrar cómo es que las
autoridades gubernamentales mexicanas agreden, hostigan y asesinan periodistas.
Por último, el Informe vincula esta insostenible situación de la prensa al triste pasado político del país. Los más de 70 años de gobiernos populistas autoritarios del PRI dejaron una herencia de despotismo, irracionalidad y banalización de la corrupción en la sociedad mexicana que son los elementos que subyacen al espeluznante cuadro que el Informe pinta sobre la situación de la prensa en el país.
Por último, el Informe vincula esta insostenible situación de la prensa al triste pasado político del país. Los más de 70 años de gobiernos populistas autoritarios del PRI dejaron una herencia de despotismo, irracionalidad y banalización de la corrupción en la sociedad mexicana que son los elementos que subyacen al espeluznante cuadro que el Informe pinta sobre la situación de la prensa en el país.
Si bien es
cierto que el control político directo del PRI sobre el aparato del
estado se detuvo en las elecciones del año 2000 y que, durante 12 años,
gobernó un partido como el PAN cuyas credenciales democráticas y
liberales eran bastante más serias que las de su predecesor, no por
ello la sociedad mexicana ha podido romper con las perversiones
autoritarias cultivadas durante décadas.
Esta última
década, durante la cual muchos de los países latinoamericanos se han ido
deslizando irresponsablemente hacia la aceptación a-crítica de
regímenes populistas que están actuando de manera políticamente impune,
debería hacer pensar, a quienes todavía creen en la importancia de la
vigencia de las libertades, que lo que está pasando en la prensa
mexicana es un posible bosquejo de lo que podría ser, en fin de
cuentas, la futura situación de la prensa en otros países de la región.