¿HOLLANDE DECIDE FINALMENTE ENFRENTAR LA CRISIS?
Por Javier Bonilla Saus
El domingo 9 de septiembre, hacia el final de la tarde, en el momento más alto de la audiencia televisiva en cualquier país, el Presidente Hollande se dirigió por la cadena TF1 a la ciudadanía francesa.
La gravedad del mensaje justificaba la cuidadosa selección de los medios de comunicación y del momento de su utiización. Lo que Hollande quiso decir a los franceses fue que el tiempo de “hacerse los distraídos” se habia acabado. Sin estar exactamente en las condiciones de los países francamente en crisis catastrófica, como Grecia, Irlanda o Portugal, ni como los que están haciendo cola en la puerta de la misma (España o Italia), Francia tiene que enfrentar claramente, y sin ambages, también su propia crisis. Como, por otra parte, debería también estar haciendo la propia Alemania que aparece en la prensa arrogantemente envuelta en túnicas de ninfa virgen e impoluta, cuando todo indica que el desmoronamiento de Europa, la parálisis norteamericana y el “frenazo” de las economías emergentes están “congelando” el dinamismo de su economía a gran velocidad y que ya no puede contar con un mercado interno suficientemente dinámico y poderoso capaz de compensar la recesión que se expande globalmente. Si su déficit es manejable, el endeudamiento sobrepasa ya el 81% del PIB.
El objetivo central fijado por el discurso del Presidente Hollande (que implica, como en todos estos ejercicios, una serie de metas intermedias tan estrictas como el objetivo final) es que el presupuesto para el año 2013 debe reducir el déficit público al 3 % del PIB, tal como debieron haber respetado todos los países europeos desde hace tiempo. Como primera referencia para el lector es que, a fines del 2011, el déficit de Francia estaba en 5.2% del PIB. No sabemos exactamente las últimas cifras de este año, pero dificilmente sean mucho mejores: ello significa que el presidente estaría proponiendo reducir como mínimo en 2.2% el déficit público de Francia.
Para dimensionar el objetivo hay que aceptar algunas cifras ya conocidas y hacer algunos supuestos que deberian ser razonables. El supuesto más importante que se requiere para dimensionar el objetivo de un déficit del 3% del PIB es definir ese PIB para el año 2013. Hollande, probablemente con algo de optimismo, estima que el crecimiento de la economía francesa sera “...como mucho de un 1%” aunque dejó entrever que preferiría manejarse con la hipótesis de un 0.8% de crecimiento. Su supuesto parte de la base que las cifras del año en curso están apuntando “bajo”. En realidad todos los datos secundarios (evolución del desempleo, expectativas de los empresarios, confianza del consumidor, etc.) parecen indicar que Francia está al borde de la recesión sino es que, técnicamente, ya entró en este trimestre. En otras palabras, lo más probable es que el año que viene, la economía francesa no crezca o, incluso, se contraiga ligeramente si no es que irrumpen acontecimientos extraordinarios.
No es necesario explicar con gran detalle que, en ese contexto, la capacidad de recaudación del fisco disminuye por lo que el objetivo de “ahorrar” para disminuir el déficit, se torna más complejo. En especial, cuando el horizonte que Hollande se fija es finales de 2014, la cuestión de todavía más compleja si no se visualiza en el horizonte una clara reactivación de la economía.
Otros elementos sobre los que intentó pronunciarse con relativa precisión el Presidente fueron las cifras absolutas que conllevaría la reducción propuesta del déficit y cuales podrían ser las fuentes de donde provendrían esos recursos. En términos generales, el Presidente manejó la cifra de unos 33 a 37.000 millones de euros que se destinarían a producir la reducción del déficit y esas cifras provendrían de distintas fuentes.
Entre 15.000 y 20.000 millones de euros provendría de distintos incrementos de impuestos cuya última definición técnica precisa se encuentra en proceso de definición. La reafirmación televisiva por parte del Presidente de que estos 15 a 20.000 millones de euros incrementarían las arcas estatales para combatir el déficit, ya eran un tema de debate politico mayor. Aunque el Presidente ya había advertido que no se recurriría a un alza general e indiferenciada de los impuestos para la totalidad de las familias francesas, dejó en claro que el objetivo fijado de reducción del déficit es el más ambicioso en varias décadas. El monto de entre 15 a 20.000 millones de euros de incremento de recaudación, se repartiría entre los hogares y las empresas, en principio, aproximadamente en partes iguales, y las grandes empresas y las familias de ingresos más altos serían quienes estarían convocadas a aportar más.
Pero como siempre sucede, el tema impositivo es, en última instancia, un tema de debate político por lo que, lo que primero generó gran debate, fue la parte de los impuestos que deberían ser aportados por los particulares.
Durante su campaña presidencial, Hollande había dicho que crearía un franja impositiva de hasta 75% del ingreso para todos aquellos ciudadanos que obtuviesen ingresos superiores al millón de euros durante el año. Quisiéramos ahorrarle al lector el relato del escandalete político que la afirmación hecha en campaña por el Presidente -(y consistentemente reiterada por el mandatario y el Ministro de Economía desde que el gobierno se ha instalado)- ha desatado al insistir con la creación de este “super-impuesto”. Creemos que la mejor forma de que le ahorremos al lector el zainete que se ha desatado, es tratar de explicar que el impuesto en cuestión es mucho más un mensaje ideologico que una fuente de recursos significativa.
Durante su campaña presidencial, Hollande había dicho que crearía un franja impositiva de hasta 75% del ingreso para todos aquellos ciudadanos que obtuviesen ingresos superiores al millón de euros durante el año. Quisiéramos ahorrarle al lector el relato del escandalete político que la afirmación hecha en campaña por el Presidente -(y consistentemente reiterada por el mandatario y el Ministro de Economía desde que el gobierno se ha instalado)- ha desatado al insistir con la creación de este “super-impuesto”. Creemos que la mejor forma de que le ahorremos al lector el zainete que se ha desatado, es tratar de explicar que el impuesto en cuestión es mucho más un mensaje ideologico que una fuente de recursos significativa.
En primer lugar, una interpretación del nuevo impuesto es que el 75% se aplicaría no a la totalidad de los ingresos del contribuyente (que ya están especialmente gravados por el ISF o Impuesto sobre las Fortunas) sino que se aplicaría solamente a todos aquellos ingresos que superasen el millón anual de euros ingresados. O sea que si yo gano en el año 2012, 1.100.000 euros, el estado se quedaría con 75.000 euros de mis 100.000 que superan el millón y no con el 75% de los l.100.000 totalmente ingresados.
No se necesita ser diplomado en impuestos para darse cuenta que la capacidad de recaudación de este ”super-impuesto”, así concebido, es más que opinable. Son, como mucho, algunos miles de hogares que ingresan anualmente cantidades sustantivas por encima del millón de euros. Es un impuesto para jugadores estrellas, campeones de Fórmula Uno y algún cantante de rock. Porque, cualquier empresario “real“ que pudiese llegar a obtener esos ingresos, ya tendría muy bien organizadas las modalidades de ocultamiento de semejante entrada de recursos y, al igual que las sobrepagadas estrellas, demoraría muy pocos meses en domiciliarse en Mónaco. Y, desde luego, el impuesto no sería aplicable a las retribuciones al capital.
Pero una segunda interpretación, que pareció ser la que el Presidente destacó en la intervención televisiva del domingo, es que el ”super-impuesto” podría ser aplicado, sobre la totalidad de los ingresos que superan el millón de euros pero solamente por dos años. Nuevamente habrá discusiones y cálculos pero seguirá siendo cierto que los montos a recaudarse por el impuesto son marginales.
Pero una segunda interpretación, que pareció ser la que el Presidente destacó en la intervención televisiva del domingo, es que el ”super-impuesto” podría ser aplicado, sobre la totalidad de los ingresos que superan el millón de euros pero solamente por dos años. Nuevamente habrá discusiones y cálculos pero seguirá siendo cierto que los montos a recaudarse por el impuesto son marginales.
En realidad, y como siempre sucede, el grueso del esfuerzo impositivo caerá sobre la clase media y las clases trabajadoras de ingresos intermedios. Sin definición aún, estaría la creación de un impuesto del 45% sobre todos los hogares cuyos ingresos sobrepasan los 150.000 euro anuales. Aunque nos pueda sorprender a nosotros, como latinoamericanos acostumbrados a sociedades muy poco equitativas, tampoco este impuesto lograría aplicarse a enormes números de contribuyentes por lo que los recursos así obtenidos tampoco permiten claramente aproximarse demasiado cerca de la meta de los 15 a 20.000 millones de euros.
Por lo que una parte muy importante del incremento de la recaudación deberá venir del incremento de los impuestos pagos por las empresas y en especial por las grandes empresas. Con la excepción de algunas pocas ventajas fiscales que usufructúan las pequeñas y medianas empresas, todas las demás verán probablemente desaparecer una miríada de excepciones, peculiaridades, excepciones y ventajas fiscales.
A esta pesada cuenta que cae sobre las empresas y las familias francesas, hay que agregar un conjunto de “medidas de ahorro en el sector público“ que deberían rondar los 10.000 millones de euros (que descansarán, al menos parcialmente sobre los contribuyentes), mas unos 2.500 millones que provendrían de la Seguridad Social, cuyas modalidades no fueron especificadas. El Presidente dejó claro que ni la educación, la seguridad, la salud o las políticas para la juventud serían recortadas. Pero los demás sectores del estado iban a ver sus recursos realmente disminuidos.
A pesar de lo que pudiese pensar el lector después de este agobiante desfile de nùmeros, el discurso televisivo del domingo pasado no fue un discurso técnico e, incluso, las cifras adelantadas por el Presidente desde ya puede decirse que fueron muy generales, no muy claras y por ello mismo, sufrirán todo tipo de modificaciones.
Lo que sí es seguro, es que el discurso de Hollande constituyó sobretodo un acto político. Y era un acto político arriesgado porque significaba poner a la ciudadanía francesa frente a una situación económica y financiera que, por diversas razones, se negaba a admitir a pesar de las evidencias.
Aunque todavía es un poco temprano para evaluar el impacto sobre la opinión pública, el mismo domingo, antes de su discurso, 48% de los franceses estimaban que el Presidente Hollande estaba manteniendo sus promesas de campaña y que trataría de que el esfuerzo fiscal que se anunciaba iba a ser compartido respetando criterios de justicia. Incluso, mas de 70% de los interrogados antes de la alocución presidencial, decían comprender que ante la gravedad de la situación, Hollande se viese en la obligación de no poder mantener todas sus promesas electorales.
Por lo que una parte muy importante del incremento de la recaudación deberá venir del incremento de los impuestos pagos por las empresas y en especial por las grandes empresas. Con la excepción de algunas pocas ventajas fiscales que usufructúan las pequeñas y medianas empresas, todas las demás verán probablemente desaparecer una miríada de excepciones, peculiaridades, excepciones y ventajas fiscales.
A esta pesada cuenta que cae sobre las empresas y las familias francesas, hay que agregar un conjunto de “medidas de ahorro en el sector público“ que deberían rondar los 10.000 millones de euros (que descansarán, al menos parcialmente sobre los contribuyentes), mas unos 2.500 millones que provendrían de la Seguridad Social, cuyas modalidades no fueron especificadas. El Presidente dejó claro que ni la educación, la seguridad, la salud o las políticas para la juventud serían recortadas. Pero los demás sectores del estado iban a ver sus recursos realmente disminuidos.
A pesar de lo que pudiese pensar el lector después de este agobiante desfile de nùmeros, el discurso televisivo del domingo pasado no fue un discurso técnico e, incluso, las cifras adelantadas por el Presidente desde ya puede decirse que fueron muy generales, no muy claras y por ello mismo, sufrirán todo tipo de modificaciones.
Lo que sí es seguro, es que el discurso de Hollande constituyó sobretodo un acto político. Y era un acto político arriesgado porque significaba poner a la ciudadanía francesa frente a una situación económica y financiera que, por diversas razones, se negaba a admitir a pesar de las evidencias.
Aunque todavía es un poco temprano para evaluar el impacto sobre la opinión pública, el mismo domingo, antes de su discurso, 48% de los franceses estimaban que el Presidente Hollande estaba manteniendo sus promesas de campaña y que trataría de que el esfuerzo fiscal que se anunciaba iba a ser compartido respetando criterios de justicia. Incluso, mas de 70% de los interrogados antes de la alocución presidencial, decían comprender que ante la gravedad de la situación, Hollande se viese en la obligación de no poder mantener todas sus promesas electorales.
Lo que falta saber ahora, es cuanta de esta benignidad de la opinión pública se mantendrá después del discurso y, más decisivamente, cuanta de esa benevolencia sobrevivirá cuando las medidas anunciadas comiencen a hacerse realmente efectivas.