ESPAÑA: ELECCIONES E “INDIGNACIÓN”
Los “indignados“ españoles mantienen, desde el mes de mayo y con relativa regularidad, sus ”Foros” en la Plaza del Sol de Madrid. Ya pronto serán seis meses de esta movilización “soft” que es seguida con cierta atención por la opinión pública. Los temas de debate son diversos: ecología, boom inmobiliario, desalojos de deudores, desempleo, etc., etc. pero todos apuntan, más o menos explícitamente, a lo mismo: las “condiciones de vida” a las que dicen estar sometidos son presentadas como altamente insatisfactorias y dicen sentirse expropiados de toda capacidad de influir (menos aún decidir) sobre las políticas que les resultan de interés.
Su ejemplo ha tenido variadas repercusiones en distintos puntos del planeta aunque, como era previsible, las ”indignaciones” no son siempre comparables y, en la mayoría de los otros casos, parecen estar más directamente vinculadas a temas concretos de la agenda política inmediata del país en cuestión o a temáticas más acotadas. Los de Wall Street dirigen sus diatribas contra la estafa perpetrada por el mundo financiero a la sociedad americana, los indignados mexicanos reclaman sobretodo contra la violencia del crimen organizado mientras que los chilenos tienen relación con las reivindicaciones estudiantiles.
Lo que tienen de particular los “indignados” españoles es que, además de ser los primeros en manifestarse (si no tomamos en consideración los movimientos de la “llamada primavera árabe”), serán los primeros en “encontrarse” con un proceso electoral en su camino.
Y esa cuestión parece ser, por lo menos a escasos días de los comicios, una cuestión significativa que merece reflexión.
Las elecciones generales que se llevarán a cabo el domingo que viene tienen importancia por diversas razones. Primero porque toda elección tiene importancia, tanto más cuanto es de escala nacional y renueva la integración del Poder Legislativo en un régimen parlamentario. Pero, al mismo tiempo, estas elecciones españolas se llevan a cabo en el marco de lo que podríamos llamar una situación triplemente crítica.
Por un lado, y esto no es novedad para nadie, la crisis económica en Europa, como en todo el mundo desarrollado, ha adquirido visos de profundidad insospechados y su “control” es una hipótesis de difícil pronóstico.
Pero al mismo tiempo, en parte por el deterioro de las condiciones económicas y en parte por razones genuinamente políticas, todo el funcionamiento de la construcción institucional europea está en dificultades de diversa índole. El euro, la zona euro y la UE aparecen cuestionadas. Aunque las maneras de expresar estas dificultades pueden ser diversas, hay quienes pretenden explicarlas señalando (en nuestra opinión de manera totalmente desacertada) determinados países como “ejemplos problemáticos” vinculados a las raíces de dicha crisis de la UE. Grecia, Irlanda, Portugal, Italia son los países señalados. Y, en esta perspectiva, España en particular, se encuentra en el límite de ser considerado un “país problema”. O sea que las elecciones planteadas, lo están en un país que, para algunos, es un país c0n responsabilidad en la crisis del euro y de la UE.
En tercer término, las elecciones que nos ocupan se presentan en una coyuntura política nacional muy especial. El gobierno saliente del PSOE viene, desde 2008, llevando adelante una segunda gestión en la cual resulta difícil de separar la ausencia de ideas, la incapacidad de traducirlas en proyectos sustantivos y el golpe que la crisis global hubo de pegarle a la economía española.
Pero, en cualquier caso, la segunda gestión de Rodríguez Zapatero fue muy deficitaria y el electorado ya se pronunció adelantadamente al respecto en las elecciones del 22 de mayo pasado, donde el PP le sacó más de 10% de ventaja.
Hoy, esa situación se ha profundizado a niveles sorprendentes. Mientras que el PSOE estaría obteniendo algo menos de un 31.% de la intención de voto, el PP recoge 45.5% de la misma. De esos guarismos se infiere que el Legislativo que surgiría de esta distribución de votos estaría encabezado por una mayoría del PP (en torno a 195 escaños), el PSOE quedaría reducido a algo más de 110 y los pequeños partidos como CiU, IU y el PNV tendrían, respectivamente, 14, 11 y 6 escaños.
En otros términos, la mayoría absoluta del PP es prácticamente un hecho y la evolución del voto socialista que, de 2008 a la fecha pasa de 44% a 31% (-13%), mientras que la del voto PP sólo se incrementa de 5%, indican que este previsible gobierno “popular” con mayoría absoluta (que sería el 4o. de la democracia española contemporánea) es, en buena medida, el resultado de un descalabro socialista.
En efecto, aunque esto resulta hoy muy difícil de sostener, desde nuestro país, con información empíricamente fundada, todo indica que el componente de “indignación” con el que comenzáramos este artículo sobre todo “resta” hacia el lado izquierdo del espectro político. Quizás sea arbitrario hacer la hipótesis que los “indignados” son ex socialistas desencantados; pero sí es posible decir que su discurso impacta directamente en la gestión del gobierno PSOE y en el relato ideológico del campo que se autodenomina “progresista”, más allá del enigmático contenido de esa palabra.
Si, en el partido socialista, el horno no está para bollos porque la derrota es segura, porque el candidato Rubalcaba no logra “enganchar” adecuadamente un discurso que lo despegue de Rodríguez Zapatero y porque, en toda Europa, el discurso social-demócrata está prácticamente en caída libre (e incluso comienza a ser seriamente erosionado por la aparición de nuevos y pequeños partidos que le compiten en el terreno de la “utopía”), en la derecha la situación no debería considerarse mucho mejor si se la analiza serenamente.
En efecto, aunque Mariano Rajoy es seguro ganador y aunque el gobierno saliente ha pagado ya una buena parte del precio del ajuste económico que la crisis y los mercados requerían de España, resulta prácticamente inimaginable responder a la pregunta con qué ideas y qué programa habrá de gobernar Rajoy.
Si el gobierno Rodríguez Zapatero sale dejando la sensación de que estuvo en el poder, del 2004 al 2011, primero para “administrar” lo existente (aparte de algunos logros de políticas sociales marginales y de mejoras salariales para la población cuyos costos comienzas a sentirse pesadamente ahora) y, luego, para gerenciar la crisis económica y del euro (y, conviene dejar establecido, esto último no es poco), el futuro gobierno Rajoy no parece, a priori, mucho más imaginativo.
Desde luego que tendrá que lidiar con la crisis del euro y con la descomunal ineficiencia del aparato productivo español pero, sobretodo, tendrá que lidiar con la impresión de que, en buena medida, gana “por default”. Gana porque el PSOE pierde: gana aunque resulta realmente difícil identificar alguna idea novedosa en el discurso del PP.
En este escenario es que retoma, nuevamente, sentido el fenómeno de los “indignados”. Electoralmente su impacto se limitará a erosionar muy marginalmente el capital electoral del PSOE pero el relato de “la indignación” es una retórica que apunta indiscriminadamente al sistema de partidos y al “establishment” político en general. Sin llegar a la patológica situación argentina del “Que se vayan todos” de finales del año 2001, la retórica de “la indignación” se orienta, genéricamente, en esa dirección.
En otros términos: bienvenidas las elecciones porque así lo requiere la coyuntura política española. Pero que no crean el PP y Mariano Rajoy que, porque van a disponer de un gobierno con mayoría absoluta, habrán de poder llevar a cabo una gestión fácil. Por el contrario, a un gobierno con esas mayorías, una población que está asistiendo al espectáculo de “la indignación” le habrá de exigir bastante más de lo que los gobiernos acostumbran esperar de sus tradicionales compromisos electorales.