Una condena que acelera el deterioro de Venezuela
Infolatam
Madrid, 13 septiembre 2015
Por Carlos Malamud
(Infolatam).- Durante la celebración en Washington DC de la XIX Asamblea CAF, organizada por el Banco Latinoamericano de Desarrollo y el Interamerican Dialogue, Moisés Naím le preguntó a Enrique Iglesias
si no había llegado la hora de construir en América Latina una
coalición de los “decentes”. Una coalición en la que primaran la ética y
los valores sobre los objetivos políticos más inmediatos. Su propuesta
se vinculaba directamente a la falta de crítica de los presidentes
latinoamericanos a los constantes desbordes represivos y autoritarios de
los gobiernos bolivarianos, primero con Hugo Chávez y ahora con Nicolás Maduro.
La pregunta también remite al conflicto fronterizo con Colombia y
cobra aún más entidad tras la durísima condena penal, por motivos
estrictamente políticos, del líder de oposición Leopoldo López. Pese a las afirmaciones de Maduro de que en Venezuela no hay presos políticos sino políticos presos, la
subordinación del poder judicial venezolano a las directivas
gubernamentales, potenciadas en aquellos casos en los cuales el gobierno
es parte, agrava aún más el problema.
En su búsqueda ansiosa por cambiar el clima preelectoral e invertir
las tendencias del voto popular que detectan las encuestas, el gobierno
está dispuesto a invertir mucho de su capital político en la aventura. Maduro y Diosdado Cabello
saben que están frente a una de sus últimas oportunidades para
apaciguar el conflicto social, político y económico más grave de los
últimos años con alguna garantía de éxito. Si pierden este tren cada vez
será más difícil recomponer el orden bolivariano. El deterioro cada vez
más rápido e intenso de la coyuntura hace temer lo peor, vinculado a
temibles desbordes populares contestados con una represión paralela,
como demostraron las decenas de víctimas mortales que acompañaron las
manifestaciones que culminaron con la detención del propio López.
Si el desafío del gobierno es mayúsculo, el reto que enfrenta la
oposición es todavía mayor, dado el carácter desigual de la pugna
electoral. De ahí la importancia de la última misiva de López a sus compatriotas, donde tras recordar que “el que se cansa pierde”, los convocó de forma masiva a votar el 6 de diciembre. Todas
las encuestas dan como ganadora a la oposición, pero todavía quedan
casi tres meses y puede pasar cualquier cosa. Con las encuestas actuales
y las expectativas generadas un triunfo opositor sería visto como una
hazaña y una derrota como un desastre. Pero ése es sólo el
comienzo, ya que será decisiva la traducción del voto popular en escaños
(recordemos todo lo vinculado al trazado de las circunscripciones) y,
posteriormente, la composición de la Asamblea parlamentaria.
Los expertos barajan tres opciones, dada la ventaja en las encuestas
de más de 20 puntos que separa a la oposición del gobierno y las
opciones de las candidaturas independientes. El primer objetivo sería
conseguir la mayoría simple del Parlamento con 84 diputados. A
partir de ahí el siguiente listón son las tres quintas partes, o 101
diputados, y el máximo logro conquistar la mayoría calificada de dos
tercios, o 112 diputados. Cada uno de estos umbrales implica
mayor posibilidades de incidir y controlar las políticas del gobierno y
es, precisamente, lo que está en disputa.
Para garantizar la mayor normalidad posible de los comicios
desde muchas instancias se presiona al gobierno, sin éxito, para abrir
las puertas a una amplia presencia de observadores electorales
internacionales. De momento, sólo se ha admitido a Unasur,
algo que todos estiman claramente insuficiente, dada su parcialidad, a
lo que se suma la incapacidad de los gobiernos latinoamericanos y de las
instituciones regionales de mirar a medio y largo plazo en la crisis
venezolana. Es una tendencia cada vez más preocupante.
En lo relativo a la condena contra López una vez más Unasur
se puso a la cabeza de la manifestación, publicando un comunicado que
entre otras cosas reconocía sin la menor crítica el fallo de la justicia
venezolana. Su Secretaría General, encabezada por Ernesto Samper,
reiteraba “su respeto a las decisiones que adopten las autoridades
jurisdiccionales de sus Estados miembros y confía que en el curso de las
siguientes instancias judiciales, el señor Leopoldo López pueda ejercer los recursos procesales que considere pertinentes su defensa”.
Esta postura o el silencio administrativo fue la respuesta más
corriente entre los presidentes latinoamericanos. Volviendo a la
propuesta de Naím sobre la coalición de los decentes
habría que preguntarse si no ha llegado el momento en que al menos uno
de los mandatarios remede a Cicerón y su primera Catilinaria y se pregunte: “Quousque tandem abutere, Nicolas Maduro, patientia nostra?” (¿Hasta cuándo abusarás, Nicolás Maduro, de nuestra paciencia?).
Dicho de otra manera, hasta dónde están dispuestos a tolerar o a
callar los presidentes latinoamericanos las constantes violaciones de
las más elementales reglas democráticas en aras de mantener en el poder a
un gobierno que más allá de su retórica es incapaz de respetar su
propia legalidad y su propio mandato constitucional.
Los presidentes saben que en el caso venezolano están jugando con
fuego, pero que por falsos prejuicios y justificativos ideológicos
deciden callar. Cada vez está más lejana la posibilidad de una salida
pacífica a la crisis venezolana. ¿Qué harán los mismos que siguen
jaleando los enormes logros de la autoproclamada revolución bolivariana
cuando las víctimas se agolpen en las calles de Venezuela? ¿Qué harán
cuando el conflicto interno en el que nadie quiere intervenir devenga en
un conflicto regional de incalculables proporciones? ¿Qué harán
entonces con su tan preciada “no injerencia”?
Llegado el momento, la muralla sanitaria de silencio que han intentado construir al mejor estilo Trump
mostrará su absoluta inutilidad, justo cuando la realidad se les caiga
encima. A este paso la pregunta que muchos se formularon el 5 de marzo
de 2013 de si habría chavismo sin Chávez comienza a perder sentido.