Intervenir
en Venezuela
De El País/España
Cuando ya van tres semanas, está
claro que la estrategia represiva del gobierno
venezolano es selectiva, quirúrgica dirían
algunos: evitar la matanza indiscriminada, por
ahora al menos, buscando controlar la revuelta
por medio de un efecto disuasivo. Que sean la
fatiga y el miedo los que vacíen las calles.
De ahí que los muertos sean 14 y no 140 ó
1.400. Por ello, “el que se cansa pierde”
retrata cabalmente lo que está en juego para
la oposición.
Venezuela no
es Siria, por cierto, y tampoco Ucrania. Pero
no por eso deja de ser una seria crisis de
derechos humanos, plagada de violaciones
además agravadas por el desabastecimiento de
insumos y alimentos básicos. Así comenzaron a
escucharse voces en la comunidad
internacional. Primero fue la Oficina de
Derechos Humanos de Naciones Unidas,
denunciando las violaciones, la impunidad de
los colectivos armados y llamando a una
investigación de los asesinatos. Le siguió el
Secretario General, Ban Ki-moon, con un
llamado a la protección de los derechos
humanos de todos los venezolanos. El
Parlamento Europeo fue aún más allá. En una
detallada resolución—que inclusive identifica
un patrón de abusos que se remonta al año
2007—concluye recomendando el envío de una
delegación para evaluar la situación.
Ese es el
meollo de la cuestión. La relativa baja
intensidad represiva persigue fundamentalmente
evadir la intervención externa. No es casual
que a medida que dejamos Europa y la ONU, y
nos acercamos a las instancias multilaterales
latinoamericanas—Celac, Unasur, Mercosur y la
propia OEA, todos instrumentos de la
petrodiplomacia venezolana—los argumentos
vayan en esa dirección: impedir la
intervención, o sea, mantener el conflicto
fuera del radar de la comunidad internacional.
En mi columna
de la semana pasada, hice mención a “la
desmemoriada izquierda latinoamericana”, su
hipocresía y su pobreza intelectual. Esto
último describe especialmente las acciones—y
las no-acciones—de la OEA. Primero fue la
reunión del Consejo Permanente, convocada por
Panamá, que fue suspendida “hasta nuevo
aviso”; decisión supuestamente basada en el
incumplimiento de un requisito del
reglamento—la disciplina burocrática invocada
para no hablar de Venezuela. A continuación,
diversas declaraciones a la prensa por parte
de su Secretario General enfatizaron dos temas
recurrentes: que Venezuela es una sociedad
dividida—siendo los venezolanos quienes
tendrían que dialogar para resolver sus
diferencias—y que por ello, la OEA no
intervendrá—porque “los tiempos de la
intervención ya pasaron”.
Esto sugiere
dos reflexiones. Primero, es muy cierto que
Venezuela es una sociedad profundamente
dividida y, aparentemente, empatada en dos
mitades. Lo que no se puede omitir, porque es
grave y urgente, es que una de esas mitades
tiene control del aparato del Estado, es
decir, de los instrumentos de coerción,
incluida la fuerza de choque en motocicleta
que hace el trabajo sucio. La otra mitad, por
su parte, anda de a pie, sólo tiene el
temporario control de la calle y, si es que
está armada, lo está con piedras y molotovs.
Esto sin olvidar que ni la prensa ni los
jueces son independientes. La división en
cuestión es marcadamente asimétrica. Un
diálogo sin veedores externos sólo puede
servir para mantener el statu quo, para
perpetuar la asimetría existente y su
concomitante violación de derechos. Así de
simple.
La segunda
reflexión es acerca del principio de
intervención en sí mismo. La OEA pertenece de
facto al sistema de Naciones Unidas, cuyo
principio organizador fundamental es la
diplomacia preventiva. Es decir, la detección
temprana, seguida de la intervención y
mediación para evitar el escalamiento del
conflicto y prevenir masivas violaciones de
derechos, incluyendo la pérdida de vidas. En
este esquema, las Naciones Unidas
frecuentemente coordinan y delegan estas
operaciones en las organizaciones regionales,
por obvias razones logísticas.
En
consecuencia, la OEA siempre intervino, ese es
exactamente su mandato institucional. Sin
contar las gestas de la CIDH contra las
dictaduras de los setenta, las misiones a
Venezuela en 2002-03, Honduras en 2009 y
Paraguay en 2012, en cumplimiento de su propia
Carta Democrática de 2001, son sólo algunos
ejemplos más recientes. ¿Qué tan pasados,
entonces, están los tiempos de la intervención
a los que se refiere el Secretario General?
¿Por qué no enviar al menos una delegación de
evaluación, como sugiere el Parlamento
Europeo? El gobierno venezolano seguramente
estará de acuerdo con la intervención. Si las
protestas son parte de un golpe de estado, una
misión internacional serviría para preservar
la estabilidad institucional.
Lo que ocurre
es que no hay tal golpe. O en todo caso, si lo
hay, es interno, causado por las visibles
fracturas al interior del chavismo. De este
modo, muchas preguntas quedan sin respuesta.
La OEA le adeuda a la comunidad internacional
una explicación seria acerca de su
no-intervención. ¿Esa lógica también valdría
para que los ucranianos—otra sociedad
dividida—dialoguen con Yanukovich, y ahora con
Putin, sin monitoreo internacional? ¿Y las
comunidades gay y lesbiana ugandesas también
tendrían que dialogar con el gobierno que
acaba de criminalizar su orientación sexual?
Si hasta el Banco Mundial intervino en Uganda,
suspendiéndole créditos a raíz de esta
legislación. Hay veces que resulta difícil
explicar lo inexplicable, aun para el poder.
Una añeja
teoría política dice que cuando dos partes
están en conflicto, la parte débil busca
hacerlo público, para aumentar el número de
participantes del mismo y equilibrar fuerzas.
La parte más fuerte, a su vez, buscará
mantener el conflicto en privado, por la
simple razón que eso le permitirá mantener la
correlación de fuerzas existente. Es como en
la psicología del abusador, para quien el
abuso siempre es un problema privado. En
materia de derechos humanos, cuando uno no
interviene el conflicto permanece en privado,
y eso favorece al más fuerte. Uno se convierte
en cómplice de la violación de esos derechos.
Héctor
Schamis es profesor en Georgetown
University, Washington DC, y consejero
académico de CADAL.
Twitter
@hectorschamis