Juez Joaquim Barboza
“BRASIL: ESCÁNDALO SOBRE EL ESCÁNDALO”
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El
Supremo Tribunal Federal (STF) del Brasil acaba de decidir, en el día
de ayer, que al menos 12 de los más de 25 políticos corruptos
condenados en el juicio más escandaloso de la historia política
brasileña (llamado “El Mensalão”) podían pasar un proceso de
“revisión” de algunas de las penas a las que ese mismo órgano supremo de
la Magistratura los había condenado en el mencionado juicio.
Con
esta decisión, incluso los personajes claves y responsables
principales del esquema de corrupción que construyó el presidente
durante su primer gobierno (el condenado José Dirceu, ex Ministro Jefe
de la Casa Civil de la Presidencia, el también condenado Delúbio Soares,
ex Tesorero del PT o el Presidente de la Cámara João Paulo
Cunha, también integrante del PT) darán un primer paso hacia la
impunidad. Por lo pronto los delitos por los que han sido condenados se
están tornando “excarcelables” a medida que el STF modifica (y
seguramente continuará modificando) los criterios jurídicos aplicados en
el juicio que culminó el año pasado. Aunque todavía es algo temprano
para entender la compleja trama urdida para cortocircuitar la
sentencia del STF (puesto que la decisión tiene apenas una semana de
tomada) todo hace pensar que el principio de la “cosa juzgada” es algo
que la justicia brasileña no toma en consideración.
Para
comprender este terrible desenlace, que acaba con todas las esperanzas
de aquellos ciudadanos brasileños que creyeron, durante un corto
tiempo, que la justicia de su país había conseguido una insólita
independencia frente a la omnipotencia de los políticos, es necesario
reconstruir al menos las grandes líneas de un intricado y barroco
camino especialmente construido para sortear una de las pocas decisiones
de la Justicia que se ha enfrentado a la clase política brasileña.
El
escándalo comenzó a ser expuesto al público por la prensa ya en el año
2005 y, luego de miles de interrogatorios, investigaciones,
confrontaciones de testigos, etc., con un legajo que supera los 40.00o
folios, el Supremo Tribunal Federal, condenó a más de 30 personas a
distintas penas, muchas de las cuales eran largas penas de prisión.
Además que de que el Mensalão
constituía una novedad y una esperanza, porque sometía, finalmente, a
algún político corrupto a la Justicia (en un país donde siempre se dijo
que sólo van presos los integrantes de “las 3 p” - (pobres,
prostitutas y “pretos”)-, el proceso era importante porque, en gran
medida, el STF que procedió a condenar a los integrantes de este
esquema de corrupción, había sido en parte designado durante el
gobierno del Presidente Lula e incluso Dilma Rousseff. Ello generó la
impresión en el público, y en la ciudadanía, que, efectivamente, el
Poder Judicial del Brasil comenzaba a comportarse como el Poder
Judicial de un país desarrollado, donde reinaba la Ley y el Estado de
Derecho, y no como una oficina jurisdiccional dependiente del Poder
Ejecutivo de una republiqueta. Especialmente importante en la
generación de esa sensación de cambio y transformación del perfil del
Poder Judicial, fue la actitud, particularmente digna y destacable, del
entonces Presidente del Tribunal, y relator del juicio, el Juez Joaquim
Barboza.
Acabado
el proceso y emitidas las sentencias, en cualquier país del mundo el
paso siguiente hubiese sido que, si estaban agotadas todas las
instancias que permitiesen interponer recursos, las sentencias fuesen
ejecutoriadas de acuerdo a lo ordenado por el máximo órgano del Poder
Judicial y que aquellos reos que hubiesen recibido penas de cárcel,
fuesen a la cárcel, y aquellos que hubiesen recibido otro tipo de
sanciones, cumpliesen con ellas. Hasta donde estamos informados,
ninguno de los condenados en el “Mensalão” ha cumplido ningún tipo
de pena hasta la fecha pero, si esto no es cierto, lo que sí es seguro
es que, de ahora en adelante, no habrá pena significativa alguna para
los supuestamente encauzados y que todas las actuaciones anteriores se
están transformando vertiginosamente en una triste puesta en escena.
El
mecanismo por el cual se echó por tierra todo el juicio resulta
difícil de entender para quien no tenga alguna información, por mínima
que sea, sobre el incalificable funcionamiento del sistema político
brasileño. El mecanismo utilizado fue la jubilación de dos integrantes del STF como herramienta para echar por tierra las sentencias ya emitidas.
En
otros términos, fueron sustituidos dos de los magistrados que habían
participado en la mencionada sentencia y dos nuevos jueces, Teori
Zavaski y Roberto Barroso, tomaron el lugar de aquellos que se
acogieron a la jubilación por haber llegado a la edad legal máxima de 75
años.
Esta
vez Dilma y Lula no se equivocaron: nombraron dos jueces
verdaderamente “confiables”. Como si el conjunto del proceso, y las
sentencias que de éste se derivaron, no hubiesen sido decisiones
legítimas del Órgano STF, los dos nuevos jueces recientemente integrados entendieron que las penas aplicadas por el organismo en el pasado a
los encauzados eran demasiado pesadas y que ellos dos entendían,
ahora, que, de haber sido integrantes del STF cuando este se expidió,
su voto hubiese sido diferente al voto que, en su momento, pronunciaron
los jueces actuantes.
Y
han sido estos dos nuevos jueces recientemente designados los que han
defendido con el mayor énfasis –(y, cabría agregar, sin el mayor
escrúpulo)-que se les conceda a esos condenados el “beneficio” de una
revisión del proceso. Para que el lector no se pierda: de lo que estamos
hablando es de que dos nuevos integrantes del STF, que no lo
integraban cuando éste oportunamente se pronunció, oponen “ex-post” lo que no puede ser más que su opinión personal puesto que no eran integrantes del órgano cuando éste se expidió.
Que
tengan una opinión personal divergente de la de sus predecesores ello
no constituye algo sorprendente ni irregular. Lo que escapa a nuestro
entendimiento es que el STF se avenga a reconsiderar las penas aplicadas (y probablemente, como veremos, el conjunto del juicio).
No
somos juristas y no conocemos en profundidad el ordenamiento jurídico
brasileño pero no se nos podrá convencer que la iniciativa de los
nuevos jueces recientemente integrados pueda primar sobre la decisión
previa tomada por el Supremo Tribunal Federal.
El
tecnicismo jurídico utilizado por estos dos “nuevos” jueces, a quienes
se han sumando prestamente tres más de los antiguos integrantes del
STF, reivindican la vigencia de un artículo del antiguo reglamento del
Supremo Tribunal Federal que establecía la validez de un mecanismo
llamado “embargo infringente” por medio del cual se podía
solicitar una revisión del juicio cuando los condenados cuentan con
cuatro de los votos a favor y que los otros 7 integrantes del Tribunal
votaron en contra o se abstuvieran.
Ante
este planteo de los dos nuevos jueces recién nombrados, más los tres
antiguos integrantes (se cuenta con un total de cinco miembros del
Tribunal que están a favor de la revisión del “Mensalão”) se han elevado las voces de cinco de los integrantes del STF que estuvieron en contra de la validez de “embargo infringente”,
alegando que el mencionado reglamento está derogado y que fue
sustituido por la nueva Constitución de 1988 que regula de nueva cuenta
el conjunto de los procedimientos que rigen la jurisprudencia del
Supremo Tribunal Federal. No sorprenderá a nadie que el juez Joaquim
Barboza forme parte de aquellos que no sostienen la revisión del proceso. En otros términos, el STF estaba ante “un empate” y sólo faltaba emitirse un último voto.
El
detalle que no queda claro es porque razón uno de los integrantes del
Tribunal, el juez Celso de Mello, no había hecho explícito su voto
hasta el día de ayer. Es obvio que era el “voto del desempate” pero
generalmente, al menos en las tradiciones jurídicas que conocemos, las
votaciones de esta trascendencia se basan, al menos por principio, en
la igualdad de condiciones de los votantes, pero, evidentemente estos
detalles no son de recibo en la cultura jurídica brasileña.
En
todo caso, sea cual fuese la razón, el juez Celso de Mello, que la
prensa llama “o decano da corte” se expresó, ¡oh sorpresa! a favor de
la revisión del proceso. La votación queda, por lo tanto, 6 a 5 a favor
de la revisión del juicio del “Mensalão”. “Le “Mensalão” est mort, Vive le “Mensalão”.
A
partir de este momento, y aunque el gobierno nunca lo reconocerá ante
la opinión pública, todo el proceso comenzará de nuevo pero ahora para
“limpiar” a los antiguos condenados del PT y sus partidos afines.
Brillantes amaneceres se insinúan no sólo para esos 12 condenados a
prisión más significativos políticamente. En realidad todos los
involucrados en el esquema de corrupción más grande de la historia del
Brasil tienen, ahora, la posibilidad de rehabilitarse.
En
el nuevo contexto creado, quizás, también para los demás, aquellos
“peones” menos conocidos y con penas menores, podrán solicitar la
reconsideración de sus condenas. No es necesario ser jurista para darse
cuenta que sus abogados respectivos podrían también solicitar la
revisión de sus penas. En ese caso, el juicio podría prolongarse
largamente. Eso si, siempre que la izquierda siga en el poder, porque si
no gana el PT, el “decano da corte” va a llegar a la edad legal de
jubilación y toda esta fantochada podría empezar de vuelta ante el
ingreso de un nuevo juez que, seguramente, de haber sido integrante de
STF, hubiese votado diferente que Celso de Mello.
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