“A manhã”
Tavira, Portugal.
Tavira, Portugal.
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Photo Rodrigo Bonilla Hastings
“BRASIL: ESCÁNDALO SOBRE EL ESCÁNDALO”
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El
Supremo Tribunal Federal (STF) del Brasil acaba de decidir, en el día
de ayer, que al menos 12 de los más de 25 políticos corruptos
condenados en el juicio más escandaloso de la historia política
brasileña (llamado “El Mensalão”) podían pasar un proceso de
“revisión” de algunas de las penas a las que ese mismo órgano supremo de
la Magistratura los había condenado en el mencionado juicio.
Con
esta decisión, incluso los personajes claves y responsables
principales del esquema de corrupción que construyó el presidente
durante su primer gobierno (el condenado José Dirceu, ex Ministro Jefe
de la Casa Civil de la Presidencia, el también condenado Delúbio Soares,
ex Tesorero del PT o el Presidente de la Cámara João Paulo
Cunha, también integrante del PT) darán un primer paso hacia la
impunidad. Por lo pronto los delitos por los que han sido condenados se
están tornando “excarcelables” a medida que el STF modifica (y
seguramente continuará modificando) los criterios jurídicos aplicados en
el juicio que culminó el año pasado. Aunque todavía es algo temprano
para entender la compleja trama urdida para cortocircuitar la
sentencia del STF (puesto que la decisión tiene apenas una semana de
tomada) todo hace pensar que el principio de la “cosa juzgada” es algo
que la justicia brasileña no toma en consideración.
Para
comprender este terrible desenlace, que acaba con todas las esperanzas
de aquellos ciudadanos brasileños que creyeron, durante un corto
tiempo, que la justicia de su país había conseguido una insólita
independencia frente a la omnipotencia de los políticos, es necesario
reconstruir al menos las grandes líneas de un intricado y barroco
camino especialmente construido para sortear una de las pocas decisiones
de la Justicia que se ha enfrentado a la clase política brasileña.
El
escándalo comenzó a ser expuesto al público por la prensa ya en el año
2005 y, luego de miles de interrogatorios, investigaciones,
confrontaciones de testigos, etc., con un legajo que supera los 40.00o
folios, el Supremo Tribunal Federal, condenó a más de 30 personas a
distintas penas, muchas de las cuales eran largas penas de prisión.
Además que de que el Mensalão
constituía una novedad y una esperanza, porque sometía, finalmente, a
algún político corrupto a la Justicia (en un país donde siempre se dijo
que sólo van presos los integrantes de “las 3 p” - (pobres,
prostitutas y “pretos”)-, el proceso era importante porque, en gran
medida, el STF que procedió a condenar a los integrantes de este
esquema de corrupción, había sido en parte designado durante el
gobierno del Presidente Lula e incluso Dilma Rousseff. Ello generó la
impresión en el público, y en la ciudadanía, que, efectivamente, el
Poder Judicial del Brasil comenzaba a comportarse como el Poder
Judicial de un país desarrollado, donde reinaba la Ley y el Estado de
Derecho, y no como una oficina jurisdiccional dependiente del Poder
Ejecutivo de una republiqueta. Especialmente importante en la
generación de esa sensación de cambio y transformación del perfil del
Poder Judicial, fue la actitud, particularmente digna y destacable, del
entonces Presidente del Tribunal, y relator del juicio, el Juez Joaquim
Barboza.
Acabado
el proceso y emitidas las sentencias, en cualquier país del mundo el
paso siguiente hubiese sido que, si estaban agotadas todas las
instancias que permitiesen interponer recursos, las sentencias fuesen
ejecutoriadas de acuerdo a lo ordenado por el máximo órgano del Poder
Judicial y que aquellos reos que hubiesen recibido penas de cárcel,
fuesen a la cárcel, y aquellos que hubiesen recibido otro tipo de
sanciones, cumpliesen con ellas. Hasta donde estamos informados,
ninguno de los condenados en el “Mensalão” ha cumplido ningún tipo
de pena hasta la fecha pero, si esto no es cierto, lo que sí es seguro
es que, de ahora en adelante, no habrá pena significativa alguna para
los supuestamente encauzados y que todas las actuaciones anteriores se
están transformando vertiginosamente en una triste puesta en escena.
El
mecanismo por el cual se echó por tierra todo el juicio resulta
difícil de entender para quien no tenga alguna información, por mínima
que sea, sobre el incalificable funcionamiento del sistema político
brasileño. El mecanismo utilizado fue la jubilación de dos integrantes del STF como herramienta para echar por tierra las sentencias ya emitidas.
En
otros términos, fueron sustituidos dos de los magistrados que habían
participado en la mencionada sentencia y dos nuevos jueces, Teori
Zavaski y Roberto Barroso, tomaron el lugar de aquellos que se
acogieron a la jubilación por haber llegado a la edad legal máxima de 75
años.
Esta
vez Dilma y Lula no se equivocaron: nombraron dos jueces
verdaderamente “confiables”. Como si el conjunto del proceso, y las
sentencias que de éste se derivaron, no hubiesen sido decisiones
legítimas del Órgano STF, los dos nuevos jueces recientemente integrados entendieron que las penas aplicadas por el organismo en el pasado a
los encauzados eran demasiado pesadas y que ellos dos entendían,
ahora, que, de haber sido integrantes del STF cuando este se expidió,
su voto hubiese sido diferente al voto que, en su momento, pronunciaron
los jueces actuantes.
Y
han sido estos dos nuevos jueces recientemente designados los que han
defendido con el mayor énfasis –(y, cabría agregar, sin el mayor
escrúpulo)-que se les conceda a esos condenados el “beneficio” de una
revisión del proceso. Para que el lector no se pierda: de lo que estamos
hablando es de que dos nuevos integrantes del STF, que no lo
integraban cuando éste oportunamente se pronunció, oponen “ex-post” lo que no puede ser más que su opinión personal puesto que no eran integrantes del órgano cuando éste se expidió.
Que
tengan una opinión personal divergente de la de sus predecesores ello
no constituye algo sorprendente ni irregular. Lo que escapa a nuestro
entendimiento es que el STF se avenga a reconsiderar las penas aplicadas (y probablemente, como veremos, el conjunto del juicio).
No
somos juristas y no conocemos en profundidad el ordenamiento jurídico
brasileño pero no se nos podrá convencer que la iniciativa de los
nuevos jueces recientemente integrados pueda primar sobre la decisión
previa tomada por el Supremo Tribunal Federal.
El
tecnicismo jurídico utilizado por estos dos “nuevos” jueces, a quienes
se han sumando prestamente tres más de los antiguos integrantes del
STF, reivindican la vigencia de un artículo del antiguo reglamento del
Supremo Tribunal Federal que establecía la validez de un mecanismo
llamado “embargo infringente” por medio del cual se podía
solicitar una revisión del juicio cuando los condenados cuentan con
cuatro de los votos a favor y que los otros 7 integrantes del Tribunal
votaron en contra o se abstuvieran.
Ante
este planteo de los dos nuevos jueces recién nombrados, más los tres
antiguos integrantes (se cuenta con un total de cinco miembros del
Tribunal que están a favor de la revisión del “Mensalão”) se han elevado las voces de cinco de los integrantes del STF que estuvieron en contra de la validez de “embargo infringente”,
alegando que el mencionado reglamento está derogado y que fue
sustituido por la nueva Constitución de 1988 que regula de nueva cuenta
el conjunto de los procedimientos que rigen la jurisprudencia del
Supremo Tribunal Federal. No sorprenderá a nadie que el juez Joaquim
Barboza forme parte de aquellos que no sostienen la revisión del proceso. En otros términos, el STF estaba ante “un empate” y sólo faltaba emitirse un último voto.
El
detalle que no queda claro es porque razón uno de los integrantes del
Tribunal, el juez Celso de Mello, no había hecho explícito su voto
hasta el día de ayer. Es obvio que era el “voto del desempate” pero
generalmente, al menos en las tradiciones jurídicas que conocemos, las
votaciones de esta trascendencia se basan, al menos por principio, en
la igualdad de condiciones de los votantes, pero, evidentemente estos
detalles no son de recibo en la cultura jurídica brasileña.
En
todo caso, sea cual fuese la razón, el juez Celso de Mello, que la
prensa llama “o decano da corte” se expresó, ¡oh sorpresa! a favor de
la revisión del proceso. La votación queda, por lo tanto, 6 a 5 a favor
de la revisión del juicio del “Mensalão”. “Le “Mensalão” est mort, Vive le “Mensalão”.
A
partir de este momento, y aunque el gobierno nunca lo reconocerá ante
la opinión pública, todo el proceso comenzará de nuevo pero ahora para
“limpiar” a los antiguos condenados del PT y sus partidos afines.
Brillantes amaneceres se insinúan no sólo para esos 12 condenados a
prisión más significativos políticamente. En realidad todos los
involucrados en el esquema de corrupción más grande de la historia del
Brasil tienen, ahora, la posibilidad de rehabilitarse.
En
el nuevo contexto creado, quizás, también para los demás, aquellos
“peones” menos conocidos y con penas menores, podrán solicitar la
reconsideración de sus condenas. No es necesario ser jurista para darse
cuenta que sus abogados respectivos podrían también solicitar la
revisión de sus penas. En ese caso, el juicio podría prolongarse
largamente. Eso si, siempre que la izquierda siga en el poder, porque si
no gana el PT, el “decano da corte” va a llegar a la edad legal de
jubilación y toda esta fantochada podría empezar de vuelta ante el
ingreso de un nuevo juez que, seguramente, de haber sido integrante de
STF, hubiese votado diferente que Celso de Mello.
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UN G-20 TENSIONADO
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En
los últimos años se han sucedido un número significativo de reuniones
del G-20 y ninguna de ellas pudo se calificada de particularmente
armoniosa. Nada de sorprendente hay en ello, en última instancia, las
reuniones internacionales de este tipo se justifican por la existencia
de conflictos reales y, muchas veces, altamente significativos. Aunque
hay un público siempre listo para criticar estas convocatorias -(sea
porque las asimilan tontamente a una forma de “inacción“ política, sea
porque entienden, en código populista, que son “gastos“ que los
ciudadanos no deben pagar)-, lo cierto es que las reuniones
internacionales, multi o bilaterales, forman parte de la fisiología
normal de la vida política internacional, en su versión más civilizada,
la diplomacia.
Dicho
esto, no es menos cierto que la reunión del G-20 que acaba de concluir
en San Petersburgo, donde concurrieron las 20 potencias más relevantes
del planeta, más un número muy grande de países “invitados” y de
instituciones altamente relevantes, no solamente fue relativamente
tensa, en los hechos terminó con resultados muy pobres y
fundamentalmente relacionados a temas secundarios de la agenda. Además,
por la vía de los hechos, concluyó con la consolidación de una profunda
división, aparentemente “tripartita”, entre los asistentes en lo que
hace al problema medular que marca a fuego la actual coyuntura
internacional: la crisis en Siria.
Aunque
es cierto que los dos grandes líderes enfrentados, Barack Obama y
Vladimir Putin, hicieron equilibrios laboriosos para sostener un clima
de cordialidad mínima, no es menos cierto que un agudo periodista ruso
dio en el clavo cuando dijo: “Este G-20 tuvo lugar porque lo salvó el Parlamento británico con su voto contra Cameron”:
era obvio que Putin no hubiese podido recibir a Barack Obama y a las
potencias occidentales ya en vías de lanzar el castigo contra Siria.
En
todo caso el documento de clausura de la Conferencia aporta, en primer
lugar, información sobre algunos vagos acuerdos en temas relativos a
la importancia que los asistentes le dan al tema de retomar el
crecimiento económico -(aún no claramente restablecido en las economías
desarrolladas y cada vez más balbuceante en los países emergentes)-,
insistiendo, mediante el recurso a una retórica ya más que desgastada,
en la necesidad de crear empleos bien remunerados, productivos y de
calidad, en especial para la población joven.
En
segundo lugar, la declaración final tiene, sin embargo, un poco más de
concreción en lo que hace a la voluntad de impulsar la coordinación
internacional en el combate al fraude y a la evasión fiscal y una
mención a comenzar a regular el sector bancario “gris”, lo que requerirá el montaje de un sistema internacional “automático” (¿?) de intercambio de datos fiscales que debería estar operativo hacia finales del año 2015.
Que
este punto haya sido tratado y aprobado en San Petersburgo, en Rusia,
no deja de ser tragicómico. Todos sabemos que en todas partes “se
cuecen habas”, y que se pueden encontrar irregularidades en todo tiempo
y lugar, pero si hay un país que no respeta nada parecido a algún tipo
de regulación financiera internacional, si hay una clase empresarial
corrupta y filo mafiosa en el mundo que utiliza sistemáticamente el
crimen organizado para fines empresariales, esa es la clase de los
“nuevos ricos rusos”, criados a la sombra del poder, por ahora
interminable, de la troika Putin, Medveded y Gazprom.
En
consecuencia, de este segundo punto, sólo cabe esperar que la
oligarquía rusa (y, más discretamente, los jerarcas del Partido
“Comunista” chino y de muchos otros países emergentes) continúen sus
conocidas andanzas mientras impulsan declaraciones “anticorrupción”
cuyos efectos se aplican, casi exclusivamente, a los países menos
poderosos.
En
tercer lugar, se hizo referencia a algunos aspectos monetarios que
también agitan la coyuntura. La previsible modificación de la política
expansiva y de tasas de interés bajas de la Reserva Federal de los
EE.UU., que está en buena medida detrás de la balbuceante salida de la
recesión de muchas economías en la actualidad, preocupa a casi todos los
ministros de Hacienda de las economías más significativas. En otros
términos, mientras que, como veremos en el punto siguiente, en materia
política y militar soberbios y principistas presidentes, celosos
defensores de soberanías nacionales a veces muy poco dignas, entienden
que los EE.UU. no deben auto-adjudicarse un papel de relieve en la toma
de decisiones de la Comunidad Internacional, en materia financiera los
ministros de economía de esos mismos países suplican que la previsible
alza de tasas de interés que prepara el Reserva Federal les sea
previamente comunicada y “calibrada con prudencia”, -(como si
la decisión de subir su tasa de interés no fuese una decisión soberana
de los EE.UU.)-, porque saben que, en muchos casos, cuando llegue ese
momento, se acabará la fiesta y las posibilidades de jugar a ser
potencias emergentes, salvo en uno o dos casos, pasarán a mejor vida.
Pero el ya mencionado bloqueo de la reunión se transformó en una verdadera fractura política
en lo que concierne al tema álgido de la agenda: la guerra civil en
Siria, el uso de armas químicas casi seguramente por parte del régimen
de Bachar el-Assad y la voluntad abiertamente exhibida por los EE.UU. y
Francia de proceder a una intervención punitiva en ese país por el uso
de armas químicas y las masacres sistemáticas que el Assad lleva a
cabo sobre su propia población.
Con
el campo occidental, y con la necesidad urgente de castigar al régimen
alauita, se alinearon, además de los dos mencionados, Arabia Saudita,
Australia, Canadá, Corea del Sur, Italia, Japón, el Reino Unido,
Turquía y España. A este grupo vino a agregarse, algo sorpresivamente y
a último momento, Alemania, llevando a 12 el número de países que
entiende que algo debe de hacerse y rápido.
Pero,
aunque estos 12 países son altamente relevantes cada uno de por sí, y
todavía más tomados en conjunto, aún así este resultado para Barack
Obama era un resultado más bien pobre porque, a su vez, Rusia y China,
lograron también un bloque en una postura exactamente contraria.
Es
obvio que Rusia y China, que tienen totalmente paralizado el
funcionamiento del Consejo de Seguridad desde hace mas de dos años -(en
última instancia, bñoquean el funcionamiento del único instrumento que
puede introducir algún elemento de juridicidad en el terreno
internacional)-, se apresuraron a construir inmediatamente una
“coalición” contraria a todo castigo a Siria, con el apoyo de estados
cuyas políticas exteriores, en su mayoría, recurren sistemáticamente al
terrorismo, como Irán, y a los emergentes “segundones” de la firma
“BRICS” (Brasil y Sudáfrica) que, convencidos de que sí importan
internacionalmente, no pierden oportunidad de aliarse con Irán
algunos, con Zimbabwe otros, terminando así enrolados con las peores
compañías y renegando de sus mejores tradiciones.
Es
importante destacar que hubo en San Petersburgo una tercera posición,
integrada por una decena de países que se aferraron a la muy respetable
postura de abstenerse y no tomar partido en un tema cuya complejidad
el lector conoce ampliamente, y ello respondiendo a una profusa
diversidad de razones nacionales que no hacen al tema analizado en esta
nota editorial.
En
reunión posterior, llevada a cabo inmediatamente después de concluida
la conferencia del G-20, el sábado 7, en Vilnius, Lituania, entre John
Kerry y los Ministros de Asuntos Exteriores de los 28 países de la
Unión Europea, algunos nuevos pasos se dieron en el sentido de hacer
avanzar las diferentes propuestas que entienden que es necesario
sancionar de alguna manera al régimen de Bachar el-Assad.
Hacia
la tarde de ese mismo sábado, Catherine Ashton anunciaba un acuerdo
generalizado entre todas las partes pero, expresado en términos tan
meticulosamente medidos que su eficacia quedó parcialmente erosionada.
Los EE.UU. y la UE acordaron que había “fuertes presunciones“ de que el
utilizador de las armas químicas el 21 de agosto había sido el régimen
sirio, que debería esperarse el informe final de los inspectores de
las Naciones Unidas que concurrieron al lugar de los hechos y que,
sobre esta base, recién se decidirían las características de la “fuerte
respuesta” que la actitud del gobierno sirio eventualmente merecía. Es
de hacer notar que en Lituania, además de Francia, Dinamarca reclamó
abiertamente -(y por primera vez)- que se procediese a castigar
militarmente a Siria. Aunque el resultado final de la reunión de
Vilnius fue más bien proclive a la postura estadounidense, su efecto
fue marginal y solamente confortó en algo al Presidente Hollande que
hubo de sentirse algo menos solitario en el seno de la Unión Europea.
En paralelo, mientras la OTAN
toma fuertes y activas medidas de defensa abierta de su principal
socio en la región, Turquía reclama, no solamente la intervención
sino, también, el ataque directo al régimen de el-Assad y su
derrocamiento. La OTAN, según las declaraciones de Rasmussen, sin
alinearse con la posición turca, piensa que los ataques con armas
químicas no pueden quedar impunes.
En
resumen, la diplomacia he llegado a un “impasse” del que no parece
poder desembarazarse fácilmente. Seguramente, Obama deberá emprender
inmediatamente el laborioso camino de obtener la luz verde de su propio
Congreso y quizás, durante ese forzado interludio, algo permita
destrabar el bloqueo que se hereda de San Petersburgo.
En
todo caso, algo de eso parece estar en marcha. En vísperas del cierre
de nuestra edición, los EE.UU. procederán a un voto preparatorio, y
esencialmente procedimental, en el Senado el día miércoles 11. Ante
esta perspectiva, Moscú, en la madrugada del martes 10, propuso
intentar de convencer al régimen de Bachar el-Assad de entregar la
totalidad de su arsenal de armas químicas a la Comunidad internacional.
Todo esto parece particularmente difuso y poco realizable en plazos
razonables. Evidentemente, esta triste historia está lejos de ver el
final.
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