De manera paulatina, sistemática, y sin lugar a dudas implacable, el régimen kirchnerista avanza contra la prensa en Argentina desde finales del año 2009. En los últimos días, y en el marco de la ofensiva estructurada por la "ley de medios”, el gobierno está generando nuevos hechos que apuntan, todos, a debilitar financiera, económica y políticamente a la prensa no oficialista.
Antes de ingresar en el análisis del deplorable derrotero que en esta materia, como entre tantas otras, ha tomado el régimen argentino, conviene dejar asentada una consideración que nos parece relevante.
En el marco de la democracia liberal, el papel de la prensa y de los medios de comunicación en general resulta decisivo. La declaración de la importancia que tiene para este tipo de regímenes la llamada “libertad de prensa” es conocida y esta importancia se deriva del hecho de que la existencia de medios de difusión y de una prensa independiente del poder político suelen ser una (aunque no la única) de las garantías de permanencia del pluralismo político y, también, de otras libertades que hacen al carácter democrático y liberal del régimen en cuestión.
Pero, como en todas las dimensiones de nuestras imperfectas sociedades, hay siempre una distancia entre la importancia teórica de la tan convocada ”libertad de prensa” y las evidentes limitaciones que la prensa realmente existente manifiesta en sus prácticas cotidianas. A nadie escapa que, en la mayoría de los países de América Latina (y sólo por limitarnos al vecindario más cercano), el funcionamiento de la prensa no es ideal, es perfectible, y no resulta ser una garantía totalmente satisfactoria para el desarrollo del pluralismo político arriba requerido.
A nadie se le oculta que la existencia de grandes grupos de medios de prensa, altamente concentrados y vinculados a poderosos intereses económicos de nuestras sociedades, no constituye la mejor manera de llevar a la práctica la libertad de prensa que el régimen democrático liberal reclama para su modelo teórico. Ni ”Reforma” o ”La Jornada” en México, ni ”A Folha de Sao Paolo” o ”Jornal do Brasil” en ese país, ni ”La Nación” o ”Clarín” en Argentina constituyen ejemplos cabales de lo que los independentistas norteamericanos de 1777, ni los constituyentes de ese mismo país en 1787 o los votantes, integrantes de la Asamblea Nacional Constituyente francesa, de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano en 1789, tenían en mente cuando emitieron esos textos fundacionales.
Pero no resulta menos cierto que, del siglo XVIII a la fecha, las circunstancias históricas y sociales han determinado que aquellos principios democráticos fundamentales han perdurado como principios básicos de la democracia y, simultáneamente, se han tenido que adecuar a las profundas transformaciones sociopolíticas que han sufrido las sociedades modernas (agudización de la secularización, instauración de una ”democracia de masas”, expansión del mercado en la sociedad, ”igualación” de las condiciones de vida -para utilizar la feliz expresión de Tocqueville- y ampliación de la ciudadanía, corporativización de los actores económicos, etc.). Ello significó que aquella ”prensa” que fuese originariamente concebida como la ejecutora polifónica de la pluralidad de voces de la ciudadanía, en más de un caso, toma hoy formas no previstas por el modelo democrático-liberal.
En consecuencia, y sin olvidar que no TODA la prensa contemporánea está concentrada en grandes conglomerados vinculados a grandes intereses económicos, debemos acostumbrarnos a convivir con la existencia de medios que no siempre se limitan a garantizar el pluralismo y la diversidad de opiniones y muchas veces defienden, también, intereses corporativos, sectoriales, y hasta individuales.
El reconocimiento de esta realidad de la sociedad contemporánea resulta fundamental porque es lo que pone efectivamente a prueba la verdadera voluntad democrática de los gobiernos y la verdadera naturaleza democrática de los regímenes políticos porque, en las sociedades actuales, hay que defender la libertad de prensa, también con estas condicionantes.
La Sra. Kirchner, que reviste de presidente de la República Argentina, puede pensar lo que quiera de la conducta y de los intereses del Grupo ”Clarín”, de su expansión mediante ”Fibertel“ a otro tipo de medios no impresos, o puede discrepar con los grupos que supuestamente representa ”La Nación”. También puede tener profundas divergencias con la manera mediante la cual se gestó la composición actual de la empresa ”Papel Prensa”. Y muchos ciudadanos argentinos pueden pensar como ella. Pero, en la materia, como presidente de la República, Cristina Kirchner tiene UN SOLO DEBER: garantizar la más absoluta libertad para ”Clarín”, ”La Nación”, “Fibertel” o ”Papel Prensa”. Por cuerda separada, si estas empresas y/o grupos de empresas cometen algún ilícito, la Justicia argentina debería intervenir.
Toda otra consideración orientada a que la Presidencia de la República, o sus subordinados y "ad-láteres", interfiera con la libertad de acción de estos medios de comunicación autoriza a la ciudadanía argentina e internacional a pensar que se está atacando abierta y voluntariamente contra la libertad de prensa o, lo que es lo mismo, que la libertad tiene los días contados en la Argentina.