DECLARACION DEL GRUPO ÁVILA
Por el rescate de la institucionalidad democrática y el estado de derecho en Venezuela
El 14 de marzo pasado, el Secretario General de
la OEA (SG), Luis Almagro envió al presidente del Consejo Permanente (CP) una
actualización de su informe sobre el deterioro de la democracia en Venezuela,
sometido a la consideración del CP en mayo de 2016, en ejercicio de la potestad que le confiere la Carta
Democrática Interamericana (CDI) y con el fin de que los Estados Miembros
realizasen una apreciación colectiva de la situación y emprendiesen las
acciones que considerasen necesarias, en la cual hace un exhaustivo examen del
agravamiento de la situación política, económica y social venezolana, llamando
de nuevo a examinarla
y a adoptar las medidas necesarias, en vista
de la ausencia de resultados positivos tras las gestiones y acciones
emprendidas por representantes del gobierno venezolano, la oposición y la
comunidad internacional.
La precisión de los hechos expuestos en el nuevo informe
permite determinar con total claridad las características del régimen que
gobierna a nuestro país de manera inconstitucional, contrario al Estado de
Derecho –al extremo de señalar su inexistencia-, con total desconocimiento de
la independencia de los poderes públicos y una gestión administrativa
calificada como corrupta y altamente ineficiente, que da como resultado un país
abandonado, empobrecido, con lamentables carencias en salud, alimentación y
seguridad.
El nuevo informe expresa que ninguna de las
recomendaciones anteriores ha sido tomada en cuenta y pone de manifiesto la
profundización del deterioro del estado de la democracia y los derechos
humanos, además del agravamiento de la ya crítica situación de abastecimiento
de alimentos y medicinas, presagio de una crisis humanitaria sin precedentes en
la región, a pesar de los esfuerzos realizados mediante un infructuoso diálogo.
En vista de ello, el SG estima que los mecanismos
previstos en la CDI para el restablecimiento del orden democrático han sido
agotados y que de no hacer el gobierno venezolano un llamado a elecciones
generales en un plazo perentorio, los países miembros deberían tomar la
decisión de suspender a Venezuela de la Organización, como medida de presión
adicional para lograr su retorno a la normalidad democrática.
Como quiera que el gobierno nacional no ha
rebatido las afirmaciones contenidas en el nuevo informe y se ha limitado a
descalificar al SG, y que las diferentes declaraciones oficiales se orientan
más bien a desdeñar la importancia de nuestra participación en la OEA, antes
que a reconocer la existencia misma de una grave crisis que exige acciones
concretas e inmediatas, la urgencia planteada por el SG en su informe de
convocar a elecciones, como el mejor y más democrático camino para recuperar la
vigencia del estado de derecho y la democracia, reviste la mayor importancia.
En el lapso entre ambos informes, los venezolanos
hemos sido testigos de la arbitraria obstaculización de la solicitud de un
referendo presidencial y de la posposición sine
die de las elecciones regionales de gobernadores, ambas previstas en la
Constitución, lo que constituye una conculcación del derecho constitucional de
los ciudadanos a revocar y elegir sus mandatarios y significa además un grave
retroceso en el ejercicio efectivo del derecho a vivir en democracia.
La compleja situación nacional se complica aún
más con la persistencia de numerosos presos políticos, la inflación
irrefrenable y la escasez y el desabastecimiento de bienes de todo orden, a lo
cual se añaden el deterioro institucional generalizado del sistema judicial y
el continuado irrespeto a las decisiones de la Asamblea Nacional, asiento de la
más genuina voluntad popular.
Aunque consideramos que aún existen espacios para agotar las gestiones
diplomáticas y los buenos oficios contemplados en la CDI, como podría ser la
implementación de un Grupo de Amigos,
coincidimos con el planteamiento de que solo mediante la celebración de
elecciones que permitan entre otras cosas renovar los poderes del Estado
venezolano a la brevedad posible, se podrá avanzar en la recuperación de la
democracia.
Hacemos por ello un nuevo y urgente llamado a los
gobiernos del hemisferio para que actúen como catalizadores del proceso de
recuperación de la democracia en Venezuela, en concordancia con los inmanentes
principios y valores universalmente compartidos del respeto a la libertad, la
democracia y los derechos humanos, convencidos de que solo mediante su plena
vigencia y observancia podrán nuestros pueblos convivir y progresar en paz.
Los integrantes
del Grupo Ávila, al extender su agradecimiento a Luis Almagro por su
preocupación y constante atención sobre la gravísima problemática que sufre el
pueblo venezolano, exhorta a los Estados miembros de la OEA, 14 de los cuales
ya se han pronunciado al respecto, para que en sesión del CP, examinen los
informes presentados, efectúen una apreciación colectiva de la situación
planteada y adopten las decisiones que consideren pertinentes para
encontrar una solución pacífica y electoral a esa crítica situación.
Finalmente, exhortamos a la sociedad civil
organizada, a la academia, a los gremios profesionales, a los estudiantes, a
los trabajadores y a la ciudadanía en general a respaldar las acciones de la
comunidad internacional dirigidas al rescate de la democracia en el país, solo
posible mediante la recuperación de su elemento más esencial, el derecho a
votar.
Caracas, 24 de marzo de 2017