Mercosur suspende a Venezuela
Infolatam
Madrid, 4 diciembre 2016
Por Carlos Malamud
Madrid, 4 diciembre 2016
Por Carlos Malamud
(Infolatam).- La suspensión de Venezuela como
miembro del Mercosur ha servido para enviar a la comunidad internacional
mensajes claros y muy diversos. En primer lugar, que el tiempo político
en América Latina ha comenzado a cambiar con la llegada de gobiernos
menos respetuosos de los “usos y costumbres” propios de la diplomacia
bolivariana, hasta ahora más partidaria del ordeno y mando que del
diálogo y la negociación, inclusive con sus socios importantes. En
segundo lugar, consecuencia de lo anterior, pero también de la muerte de Hugo Chávez
y de la profunda crisis económica venezolana, la decadencia del ALBA y
con ella un creciente aislamiento regional del proyecto bolivariano. Y
por último, el estilo prepotente, casi barriobajero, de quienes deberían
representar a Venezuela en la escena internacional, comenzando por Nicolás Maduro y su ministra de Exteriores Delcy Rodríguez.
Tras el conflicto creado por la pretensión de Argentina, Brasil y
Paraguay de que Venezuela no ejerciera la presidencia pro tempore de
Mercosur, los cuatro países fundadores decidieron darle al gobierno de
Caracas un plazo relativamente breve, hasta el 1 de diciembre, para
adecuar su legislación al acervo comunitario. Pese a que Maduro
afirmó haber cumplido con el 95% de lo requerido, el punto de vista
mayoritario es exactamente el contrario. Incluso el viceministro de
Exteriores de Uruguay José Luis Cancela señaló que
Venezuela aún debe incorporar 228 normas a su legislación, siendo las
dos más relevantes las referidas al protocolo de derechos humanos del
Mercosur y al Acuerdo de Complementación Económica Nº18 (ACE18). Este
último “es el corazón… del propio Mercosur”, al regular “la arquitectura
comercial de la vinculación entre los socios”.
Se da la circunstancia de que Uruguay ha sido hasta ahora el país
menos proclive a sancionar a Venezuela o a apartarlo de Mercosur, pese a
que hace ya más de cinco años que se exige completar la adecuación
normativa. Incluso el propio Cancela ha dicho que el
gobierno de Caracas debía seguir participando en las distintas
estructuras del bloque con voz pero sin voto. Debida a esta
circunstancia Maduro se mostró dispuesto a viajar a Montevideo para entrevistarse con el presidente Tabaré Vázquez para solucionar las cosas, tras pedirle: “No le haga eso a Venezuela”.
Pese a la consideración mostrada con Uruguay, la norma ha sido la
opuesta. Para comenzar habría que recordar el uso indiscriminado y
peyorativo del concepto “Triple Alianza” para descalificar a Argentina,
Brasil y Paraguay. La ministra Rodríguez insistió en un
tuit que “Venezuela no reconoce este acto írrito sustentado en la ley
de la selva de unos funcionarios que están destruyendo el Mercosur” y
acusó a sus “burócratas intolerantes” de secuestrar los mecanismos de la
integración para expulsarlos del bloque.
No sólo eso. En un acto de clara injerencia en los asuntos de los
demás países le pidió a sus ciudadanos que se manifestaran delante de
las instituciones comunitarias para impedir la expulsión de Venezuela.
Si alguno de los gobiernos acusados hubiera tenido una reacción de ese
estilo la respuesta venezolana hubiera sido estentórea y clamorosa,
sumando incluso, como en el pasado, las acostumbradas muestras de
solidaridad de Rafael Correa y Evo Morales.
Este reciente apego bolivariano por las normas y las instituciones
contrasta con el desprecio de 2005, cuando los entonces presidentes de
Mercosur (Néstor Kirchner, Luis Inácio Lula da Silva, Nicanor Duarte y Tabaré Vázquez) accedieron al pedido de Hugo Chávez
de integrarse como miembro de pleno derecho tras su salida de la CAN
(Comunidad Andina). Esto ocurrió sin ningún tipo de discusión, ningún
estudio previo sobre el impacto de dicha medida ni ninguna política de
convergencia con la realidad económica institucional, del bloque. Eran
otros tiempos, los tiempos en que los deseos de Chávez debía satisfacerse sin discusión, pese a estar vigente la cláusula democrática.
Hoy las cosas han cambiado. La actitud beligerante de Paraguay contra
Venezuela, producto de su suspensión de Mercosur en 2012, tras el
juicio político que destituyó a Fernando Lugo,
ha sido acompañada por la postura crítica de Argentina y Brasil. En
aquel entonces se dio la circunstancia de que prácticamente el mismo
acto también permitió el ingreso definitivo del gobierno bolivariano en
Mercosur. Claro está que para que esto pudiera producirse hubo que
doblegar las normas, o como reconoció el entonces presidente uruguayo José Mujica,
los elementos políticos prevalecieron sobre los jurídicos. Pero
entonces nadie protestó, ni se quejó de un “golpe de estado”, como hizo
en esta oportunidad la ministra Rodríguez.
En relación con otros golpes imaginarios, la ex presidente brasileña Dilma Rousseff
se solidarizó con la posición bolivariana al afirmar tajante que la
medida atenta contra la soberanía venezolana y que la acción estuvo
guiada por intereses imperiales: “La suspensión es un recurso extremo e
inadecuado. Sin embargo, no se puede esperar mucho de un Gobierno
ilegítimo que ha usurpado mi mandato por medio de un golpe parlamentario
disfrazado de impeachment. La medida muestra la pequeñez del Gobierno
de Brasil a las demandas de América Latina”. Su incomprensión del nuevo
clima que empieza a vivirse en la región se confirma con su afirmación
de que se trata de un acto peligroso e irresponsable que compromete la
convivencia entre las naciones de América del Sur.
Lo que es indudable, más allá de las declaraciones más o
menos altisonantes de las autoridades bolivarianas, es que su influencia
regional ha mermado considerablemente. Poco antes de la muerte de Fidel Castro, el presidente argentino Mauricio Macri señalaba en relación al triunfo de Donald Trump
que: “La nueva corriente de líderes latinoamericanos no está pendiente
de Cuba”. Esta misma frase se podría perfectamente hacer extensiva a
Venezuela. Sin embargo, por otras razones, especialmente por los efectos
desestabilizadores que su crisis podría tener sobre el conjunto de
América Latina, los presidentes regionales deberían estar mucho más
pendientes de lo que allí ocurre. Pero no para acatar ciegamente las
órdenes o deseos del mandatario de turno, sino para evitar una desgracia
de incalculables consecuencias, tanto para Venezuela como para el
conjunto de la región.