COLOMBIA ENTRE LA VIOLENCIA RUTINARIA Y LA ESPERANZA
Por Javier Bonilla Saus*
Obligaciones académicas laborales me llevaron a pasar la totalidad de la semana pasada en la Ciudad de Bogotá. Luego de más de tres años de no haber estado en la capital colombiana, e independientemente de una notable cantidad de mejoras urbanísticas que le están cambiando la cara a ciertos sectores de la ciudad, volví a tener la vivencia de la omnipresencia de la violencia en la vida cotidiana de los bogotanos.
La vivencia de la violencia es, simultáneamente, directa e indirecta. Ante todo, aquel que arriba a Bogotá es puesto abiertamente ante el problema de la violencia que puede sufrir directamente. Desde las advertencias escritas en prolijos volantes que las autoridades le entregan al viajero que arriba al aeropuerto, pasando por el comentario del chofer que lo dirige hacia la ciudad, hasta las innumerables recomendaciones que el personal del hotel le hace a sus clientes, todo parece organizado para poner en alerta al recién llegado.
Pero más allá de esta violencia directa y cotidiana que no tiene porqué ser siempre forzosamente dramática, lo que llama la atención del recién llegado es que el tema de la violencia constituye una suerte de telón de fondo de toda la agenda pública del país.
Dos problemas están omnipresentes en los medios: la actividad de las FARC y el narcotráfico. En un segundo plano, apenas mas discreto, aparece la cuestión de los paramilitares y la de la "parapolítica" -(es decir la existencia de líderes políticos directamente vinculados a los paramilitares)-.
Aunque durante el semana en cuestión, Amnistía Internacional emitió un comunicado no demasiado feliz en el que criticaba la posición del gobierno colombiano, lo cierto es que éste, y particularmente el Presidente Uribe, gozan de un altísimo grado de popularidad porque parecen haber encontrado un camino cierto para avanzar hacia un debilitamiento sustantivo de la actividad del grupo "narco-guerrillero" y, eso, la población lo reconoce abiertamente. La reiteración de aprehensiones de "guerrilleros", liberaciones de rehenes y entregas voluntarios de combatientes parecen avalar fehacientemente esta opinión de la población
Menos palpable es la sensación de que el gobierno esté efectivamente ganándole, de una buena vez, la partida al narcotráfico. La superposición de noticias sobre detenciones de bandas dedicadas al lavado de dinero, la problemática generada por los procedimientos de devolución de activos decomisados a los narcotraficantes, la extradicción de narcotraficantes y una multiplicidad de pequeñas noticias de todo tipo y color pueden hacer creer que también en este frente el gobierno está comenzando a tomar la delantera. Sin embargo, la complejidad del tema y la entendible opacidad de la información no permiten formarse una opinión clara de cual es la situación en la materia y, también eso, la población lo percibe. Por lo menos con los interlocutores que abordamos el tema, subsiste la convicción de que la sociedad colombiana se halla atravesada desde hace décadas por una malla de intereses directa o indirectamente ligada al narcotráfico y que el desmontaje de esta trama es algo bastante mas complejo que enfrentar a la "narco-guerrilla" de las FARC.
En este contexto, el Presidente Uribe procedió a una operación de "limpieza" en el seno de las Fuerzas Armadas de cierta envergadura. En base los datos recibidos sobre una injustificable matanza llevada a cabo por destacamentos militares, el Presidente procedió a una "purga" mediante la cual destituyó a 27 militares entre los que se encuentran 3 generales, 17 oficiales y 7 suboficiales. Y, es más, 48 horas después, desde El Salvador donde participaba en la Cumbre Iberoamericana, dirigió advertencias directas a algunos altos mandos por no haber logrado la detención o eliminación de conocidos narcos.
Más que el hecho en sí mismo, fueron las palabras y el tono del Presidente Uribe los que parecen anunciar una nueva actitud ante los tradicionales apartamientos de las FFAA colombianas. Según "El Tiempo" del 31 de octubre "Uribe aseguró que tanto guerrilla como paras y narcotráfico lograron infiltrar al ejército y que el ministro Juan Manuel Santos es quien ha liderado la tarea de depurar esos nexos ilegales". "Aquí no puede haber protección de bandidos….aquí no puede haber violaciones de derechos humanos so pretexto de eficacia". "….y voy a preguntar especialmente a la División del Ejército en Villavicencio si es capaz de capturar al "Loco Barrera", o si lo está protegiendo".
La prensa del día siguiente señalaba, en el mismo medio en una columna de opiniòn: "Es la primera vez que de una manera clara y contundente se rompe la solidaridad de cuerpo entre las Fuerzas Armadas en materia de violación flagrante de los derechos humanos. Había una tradición de hierro: inmediatamente se producía un crimen…..salían los altos mandos y el propio gobierno a desvirtuar las acusaciones y a defender a capa y espada a sus subalternos".
Strictu sensu, no es la primera vez que el gobierno sanciona excesos de las Fuerzas Armadas. Y, rápidamente, luego de un golpe político efectista, las cosas volvían a su triste realidad. Sin embargo, lo que parece dejar entrever una luz de esperanza es que, este gobierno, fuertemente apoyado por la opinión pública, tiene un margen de maniobra frente a las Fuerzas Armadas que, efectivamente, es inédito. De la misma manera que ese apoyo político le está permitiendo a Uribe debilitar a las FARC, el mismo apoyo debería ayudarlo a procesar una fuerte toma de control político sobre unas FFAA tradicionalmente díscolas y al menos comenzar una ofensiva frontal contra narcos y paramilitares.
Los medios políticos parecerían estar disponibles. Nadie, mínimamente serio, puede decir que esto sea una tarea sencilla.
Catedrático de Ciencia Política
Facs - ORT- Uruguay
Facs - ORT- Uruguay