Posverdad y banalización de los desaparecidos en Argentina
En tiempos de post-verdad y noticias falsas
la democracia padece la manipulación mediática amplificada por las redes
sociales. Personajes como Julian Assange o Edward Snowden refuerzan
estas campañas, como se vio en Cataluña. Y si bien la corrupción y el
descrédito de los políticos y los partidos ha ahondado un problema que
trasciende a América Latina, no es menos cierto que el populismo en su
afán polarizador busca arrasarlo todo, llegando incluso a banalizar el
significado de los desaparecidos en Argentina.
Esta herida, herencia de la última dictadura (1976 – 1983), aún no
cicatrizó. Tras los juicios de Raúl Alfonsín contra las Juntas militares
que impulsaron el terrorismo de estado más atroz conocido en Argentina
hubo que esperar a Néstor Kirchner para que los procesos contra
represores y torturadores recobraran impulso. Su objetivo era dotarse de
mayor legitimidad después de llegar al poder con el 22 % de los votos y
la renuncia de Carlos Menem a la segunda vuelta.
Por eso primó el carácter fundacional de su política de derechos
humanos. Un año después de su llegada al poder, el 24 de marzo de 2004,
en un nuevo aniversario del golpe militar, ordenó descolgar los cuadros
de los generales Videla y Mignone exhibidos en el Colegio Militar. El
mismo día, en un discurso en la ESMA (Escuela Superior de Mecánica de la
Armada), el mayor centro militar de tortura y desapariciones, acab
Casualmente hizo “desaparecer” a Alfonsín, olvidando todo lo que ésta
había hecho y lo mucho que habían cambiado las cosas desde su llegada
al poder en 2003. Los principales protagonistas del terrorismo de estado
habían abandonado la milicia, cuya fuerza se había visto reducida por
los recortes presupuestarios, mientras la condena a los militares era
asumida con naturalidad por la sociedad argentina.
El sesgo pro derechos humanos se agudizó con Cristina Fernández,
ansiosa de presentarse como una política de izquierdas, aliada de
progresistas y bolivarianos latinoamericanos. Hebe Bonafini y sus Madres
de Plaza de Mayo, junto a otros organismos de derechos humanos,
respaldaron al Gobierno. Con su integrismo político y su virulencia
verbal Bonafini reivindicó los atentados del 11-S, a los terroristas
españoles de ETA y la lucha armada de las guerrillas argentinas en las
décadas de 1970 y 1980.
Así, algunos organismos de derechos humanos rechazan discutir el
mítico e intocable número 30.000. Una ley de la provincia de Buenos
Aires obligaba a hablar de 30.000 desaparecidos, presentando lo ocurrido
como un genocidio. Esto contradice las evidencias empíricas más
solventes, como el Informe “Nunca Más” de la CONADEP (Comisión Nacional
sobre la Desaparición de Personas), que menciona una cantidad inferior a
9.000 desaparecidos. Luis Alberto Romero es uno de los intelectuales
más destacados en cuestionar la sacralización numérica. Muy crítico con
la politización de los derechos humanos, ha señalado que el kirchnerismo
potenció su “instrumentación política”, usándolos “como un ariete”
contra el Gobierno de Macri, al que había definido como “negacionista y
genocida”.
Esto se relaciona con las denuncias contra Macri por la desaparición
de Santiago Maldonado, un joven anarquista que participaba en una
movilización con los mapuches en la Patagonia. La falta de noticias
sobre su paradero disparó las denuncias sobre la responsabilidad
gubernamental. Se habló de una salvaje represión, de un posible
asesinato o de graves torturas que habrían provocado su muerte.
Días después de su desaparición, las Madres de Plaza de Mayo
mostraron su ira, insistiendo en que Maldonado desapareció “luego de un
desalojo brutal y una feroz represión de Gendarmería en territorio
mapuche. Es repugnante la construcción que quieren hacer tildando a los
mapuches de ‘terroristas’; es casi similar a lo que quisieron hacer
durante la dictadura”. Horacio Verbitsky, un pilar del kirchnerismo en
la materia, también comparó a Macri con la dictadura: “el Gobierno
nacional pasó del negacionismo a la represión. Macri ya tiene su
desaparecido”.
La cercanía de unas elecciones parlamentarias decisivas tanto para el
futuro del presidente como para Cristina Fernández reforzó las
denuncias y especulaciones. La mala gestión inicial del Gobierno
facilitó las cosas, aunque el excesivo énfasis de las denuncias les
restó credibilidad y buena parte de la opinión pública terminó
olvidándose del tema. En octubre, tras 77 días, apareció el cuerpo en el
lecho del río Chubut. Pese a ello, tanto los mapuches como algunos
grupos opositores insistieron en su mensaje: “No hay ninguna duda, fue
el Gobierno que primero desapareció a Maldonado y después plantó el
cuerpo en el rio”. Aún hoy se dice que fue “víctima del nefasto cambio
de época que padece el país; que ha avasallado muchos de los derechos
conquistados, y que persiste en su intención de aniquilar cualquier tipo
de disidencia”.
Pero la autopsia ha sido concluyente. A pocos días de encontrado el
cadáver fue evidente que ni fue golpeado ni tenía impactos de bala. Y si
bien existía un margen de duda para ver si los restos habían sido
trasladados post mortem para encubrir la represión oficial, nuevas
pruebas confirmaron que el cuerpo no fue arrastrado ni manipulado y que
Maldonado murió asfixiado “por sumersión”. En su intento de fuga tropezó
y al no saber nadar se ahogó en las aguas heladas.
Pese al drama que en Argentina rodea todo lo relacionado con los
desaparecidos, no se dudó en utilizar políticamente el caso Maldonado,
manipulándolo hasta su banalización. En vez de buscar la verdad se
intentó aprovechar una situación que de confirmarse hubiera afectado la
imagen de Macri y su Gobierno. Algo similar le ocurrió a Enrique Peña
Nieto con los “43 de Ayotzinapa”. Una situación menos complicada y una
mejor gestión tras el traspié inicial permitieron minimizar el golpe.
Finalmente, las conclusiones definitivas de la autopsia, conocidas el 24
de noviembre, han supuesto un duro revés para quienes propalaron
falsedades y posverdades, aunque algunos siguen insistiendo en que fue
una “desaparición forzosa”.