domingo, 19 de noviembre de 2017

La debacle de un gobierno...






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Ustedes Pueden Mejorar.


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Nº1944 - 16 AL 22 DE NOVIEMBRE DE 2017
Por Claudio Paolillo

El contrato que el gobierno de Uruguay suscribió la semana pasada con la empresa papelera y maderera finlandesa UPM es, a la vez, una estupenda noticia y una monstruosa ironía. La gran noticia es que, finalmente, el gobierno se comprometió el 7 de noviembre a llevar adelante reformas tan necesarias como sustanciales en áreas claves para el desarrollo económico y humano del país. La ironía es que tuvo que venir una multinacional capitalista extranjera a decirle al Frente Amplio que debía hacer esas reformas porque si no, no había inversión. Y es muy irónico porque el Frente Amplio nació en 1971 contra las inversiones extranjeras, contra las multinacionales y contra el capitalismo.



Cinco días después de la firma del contrato, la Convención Nacional de los Tupamaros (movimiento que integran el expresidente José Mujica y la vicepresidenta de la República, Lucía Topolansky) reafirmó su “compromiso militante por la liberación nacional y el socialismo”, exigió respeto por “la soberanía de los pueblos frente a los ataques imperialistas”, arremetió contra el “capital depredador que hoy en día pone en cuestión la viabilidad de toda forma de vida en la tierra” y afirmó que “la vieja rosca oligárquica” busca “fortalecer las condiciones de su dominación de clase”. Los tupamaros aclararon que su “lucha es a largo plazo” por lo cual, si bien tienen “una mirada estratégica” (derrumbar de un saque a todo lo que se parezca a UPM), ahora se precisa “flexibilidad táctica”. En otras palabras, aguantar a UPM es parte de la “flexibilidad táctica” de los luchadores por la liberación nacional y el socialismo.



¿Habrán leído los dirigentes y convencionales tupamaros el contrato del gobierno que integran? Si lo leyeron, para que eso entre en la pretendida “flexibilidad táctica”…¡está bravo!



A ver: en el preámbulo del contrato, el gobierno del presidente Tabaré Vázquez dice que Uruguay tiene una “estrategia nacional (…) que promueve un desarrollo económico productivo e innovador, con sustentabilidad, equidad social y equilibrio ambiental y territorial” y, por eso, quiere atraer “inversiones que contribuyan sustantivamente a la creación de empleo de calidad, la incorporación de tecnología de punta y el fortalecimiento de las capacidades domésticas para la expansión de actividades con mayores niveles de valor agregado y conocimiento nacionales, en un contexto de descentralización de las actividades productivas”. Reconoce “la importancia de la cadena forestal maderera en el desarrollo económico nacional, al haberse constituido en uno de los principales complejos agroindustriales impulsores del crecimiento, con un papel sustantivo en la dinamización y diversificación de las exportaciones, la generación de empleo de calidad en el interior del país y la incorporación de conocimiento en las actividades productivas”. Y destaca la “relevancia de UPM en el mercado internacional de la celulosa y sus derivados, y en otras líneas de negocios de punta en el ámbito de la bioeconomía y las energías renovables, con una presencia en el país de más de dos décadas, habiéndose constituido en uno de los principales inversores externos y generado un denso entramado de relaciones comerciales que involucra a más de 500 pequeñas y medianas empresas uruguayas”.



Ya con esto, la liberación nacional y el socialismo retrocede un casillero.



Peor aún para los “luchadores sociales”: si se lee con atención, el contrato entre Uruguay y UPM es un programa de gobierno. UPM se propone instalar, en régimen de “zona franca” (o sea, sin pagar una cantidad de impuestos), una planta gigante en Paso de los Toros, capaz de producir cada año entre 1.900.000 y 2.400.000 toneladas de celulosa, e invertir en eso 2.000 millones de euros. A cambio, el Estado uruguayo ya se comprometió formalmente y por escrito a: 1) dejar en funcionamiento un sistema ferroviario moderno que unirá el centro del país (Paso de los Toros) con el puerto de Montevideo, antes de febrero del año 2022; 2) construir un viaducto sobre la rambla; 3) construir, reconstruir y reforzar cientos de kilómetros de carreteras, caminos vecinales y decenas de puentes; 4) dragar el puerto capitalino; 5) crear allí una terminal portuaria especializada y exclusiva para celulosa, productos químicos y productos forestales; 6) reestructurar la Dirección Nacional de Medio Ambiente; 7) organizar y financiar la mejora de las universidades técnicas (UTU), principalmente de Paso de los Toros, Durazno y Tacuarembó, para mejorar su capacidad de brindar instalaciones y recursos educativos con respecto a las disciplinas mecánicas, de instrumentación y eléctricas; 😎 facilitar la cooperación entre la UTU y las universidades técnicas de Finlandia; 9) organizar y financiar programas para apoyar a las personas de la región de influencia a efectos de mejorar su capacidad de completar los estudios educativos básicos; 10) trabajar con UPM para desarrollar un nuevo título técnico llamado “tecnólogo en Control de Procesos” que se ofrecerá en la Universidad Tecnológica (Utec); 11) incorporar al Derecho Positivo uruguayo, antes de diciembre de 2019, normas nuevas sobre relaciones laborales, particularmente en lo referido a “piquetes” u “ocupaciones” sindicales; 12) conceder u obtener la concesión de derechos de uso del agua para los procesos industriales asociados a la planta de celulosa; 13) obligarse a establecer un flujo mínimo de agua en el río Negro, aguas abajo de la represa de Rincón del Bonete; 14) garantizar agilidad para la aprobación de nuevos proyectos de plantaciones forestales solicitados por UPM; 15) crear un “sistema de localidades” en un área geográfica que comprende a los departamentos de Durazno, Florida, Cerro Largo y Tacuarembó, donde impactarán las operaciones forestales de UPM, para atender “las necesidades de salud, vivienda, educación y transporte de los contratistas de UPM, sus empleados y familias”; 16) “brindar conectividad a Internet con un mínimo de tecnología LTE en el área principal de influencia de las operaciones forestales que puede, en algunos lugares, ampliarse más allá del Sistema de Localidades”; 17) comprarle a UPM la energía excedentaria que produzca la planta de celulosa a US$ 72,5 por megavatio/hora, durante por lo menos 20 años. El gobierno dice en el contrato que ese es un “precio inferior al valor promedio de los generadores privados”, algo que ha sido fuertemente controvertido por algunos expertos y dirigentes de la oposición.



El gobierno cree que la nueva planta de UPM (ya tiene una en Fray Bentos) es “una oportunidad extraordinaria” para aumentar en forma permanente el PBI en dos puntos porcentuales, generar nuevas exportaciones agroindustriales por US$ 1.000 millones y permitir al Estado recaudar unos US$ 120 millones al año. Por eso y mucho más, el gobierno de Uruguay “reconoce que el proyecto UPM es de interés público y relevante para el desarrollo del país”. UPM manifiesta en el contrato que “está continuamente en busca de oportunidades de crecimiento de sus negocios”. O sea, UPM no es una obra social sino una tremenda empresa multinacional capitalista constituida como sociedad anónima, con ventas anuales de 10.000 millones de euros, 19.300 empleados desparramados en 12 países y 85.000 accionistas. UPM-Kymmene (así es el nombre completo de la empresa) cotiza en la Bolsa de Valores de Helsinki y es producto de una fusión en 1996 de Kymmene Corporation y Repola Ltd. y su subsidiaria United Paper Mills Ltd. La planta más antigua de la compañía es Papeteries de Docelles, en el noroeste de Francia, que produce papel desde fines del siglo XV. Hace 11 años, UPM despidió a 3.600 empleados, 3.000 de ellos en Finlandia. Fue el mayor despido de la historia de Finlandia.



Dos casilleros más atrás para la liberación nacional y el socialismo.



El gobierno y UPM ya acordaron que la nueva planta disfrutará de los beneficios fiscales de las zonas francas durante 30 años a contar desde la finalización de la construcción. Serán, entonces, más de tres largas décadas de “flexibilidad táctica” para la revolución.



Tres casilleros atrás para la liberación nacional y el socialismo.



UPM y las empresas que trabajen para este proyecto no pagarán IRPF ni IRNR (Impuesto a la Renta de los No Residentes) y gozarán de exoneraciones en el IRAE, el IVA y el ITP. UPM se asegura, asimismo, trámites rápidos para conseguir las autorizaciones ambientales necesarias para operar. Además, UPM tendrá derecho a nombrar personal propio y asesores independientes para monitorear el proyecto ferroviario, la construcción o reconstrucción de carreteras, caminos y puentes, y el Estado uruguayo “deberá proporcionarle a los observadores ferroviarios de UPM informes de progreso integrales que contengan toda la información relevante y actualizada relacionada con el proyecto ferroviario”. Esos observadores tendrán acceso irrestricto al trabajo que se vaya desarrollando; podrán inspeccionar hasta el último durmiente de las vías. O sea: los tipos no confían en que el Estado uruguayo y sus socios circunstanciales puedan hacerse cargo de semejantes obras por su cuenta. Hacen bien.



Cuatro casilleros atrás para la liberación nacional y el socialismo.



El contrato dice que “el 12 de setiembre de 2017, las partes celebraron un acuerdo marco de mano de obra con respecto a la planta de celulosa junto al PIT-CNT, la Cámara de la Construcción del Uruguay y la Cámara Metalúrgica del Uruguay para asegurar, entre otras cosas, “que las actividades relacionadas con la construcción, el montaje y la puesta en marcha de la planta de celulosa puedan completarse en tiempo y conforme a lo planificado”.



¡Uy! Hasta el PIT-CNT se dio vuelta. La liberación nacional y el socialismo retroceden 10 casilleros más.



Para el montaje de la nueva planta de celulosa, UPM y el gobierno acordaron que por cada 100 trabajadores, 25 podrán ser extranjeros (aunque pueden ser más si no encuentran en Uruguay mano de obra calificada). Más importante todavía en esta materia es que el gobierno asumió un “firme compromiso” en cuanto a convocar un ámbito de negociación conjunta entre el PIT-CNT, UPM, las cámaras empresariales y el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, para acordar procedimientos de prevención y solución de conflictos, así como la regulación de “piquetes” y “ocupaciones”. Según el contrato, UPM dejó “expresa constancia de que si el resultado de las negociaciones en ese ámbito no fuera plenamente satisfactorio a los requisitos del proyecto de UPM, (eso) podrá constituir una causal para que UPM no tome una decisión final de inversión positiva”. Así que, muchachos, no se hagan los locos porque esta vez va en serio.



Cinco casilleros menos para la liberación nacional y el socialismo.



El gobierno ya acordó con UPM crear un “Fondo de Innovación Sectorial” como fideicomiso de administración, integrado por representantes uruguayos y de la empresa, para que funcione 20 años (aunque UPM podrá salir del Directorio a los 10 años). UPM aportará anualmente US$ 1.500.000 a ese Fondo durante 20 años para financiar, total o parcialmente, un Centro Tecnológico Forestal Maderero en Tacuarembó (con gobernanza público-privada), un Centro Tecnológico en Bioeconomía (con gobernanza público-privada), proyectos de I+D+i (que analizarán “eventuales nuevas líneas de negocios”), un programa de becas para maestrías y doctorados y un Centro de Desarrollo Empresarial para habilitar asistencia técnica a las empresas medianas y pequeñas en el territorio que puedan ser incluidas en la red de proveedores uruguayos de UPM.



En todo esto, hay palabras diabólicas como “empresas”, “privados” y “negocios” que no van con la liberación nacional y el socialismo. Dos casilleros para atrás.



El contrato prevé “causas extrañas” que pueden hacer caer todo el negocio. Entre ellas, menciona “guerra u otro conflicto armado, un estado de emergencia nacional, revuelta, insurrección o rebelión en Uruguay”.



Demasiado para la “flexibilidad táctica” con vistas a la apuesta estratégica de la liberación nacional y el socialismo. Otros 10 casilleros hacia atrás.



El gobierno aceptó, por otra parte, que el contrato caerá “automáticamente” y sin consecuencias para UPM si la fecha de la decisión final de su inversión no ocurre antes del 15 de febrero de 2020 o si las partes no suscriben el Contrato Complementario antes de ese día.



Y, en caso de existir desacuerdos entre las partes, el contrato prevé la posibilidad de que la controversia se resuelva “mediante arbitraje en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi) establecido por la Convención sobre Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones entre Estados y Nacionales de otros Estados, abierta a la firma en Washington el 18 de marzo de 1965. Las audiencias arbitrales tendrán lugar en la ciudad de Washington, Estados Unidos, y estarán dirigidas por un tribunal compuesto de 3 (tres) árbitros. Cada parte designará 1 (un) árbitro, y el tercer árbitro, quien presidirá el tribunal, será designado de mutuo acuerdo por las partes. Todas las disputas se resolverán conforme a las reglas de arbitraje del Ciadi y sus reglamentos vigentes a la fecha de presentación de la solicitud de arbitraje”.



De modo que si hay líos, se resolverán en la capital del imperio. Esto deja mucho que desear para los forjadores del hombre nuevo, la liberación nacional y el socialismo. Retroceden veinte casilleros y se cayeron del tablero.



Por supuesto que el gobierno ha hecho muchas concesiones en este contrato. ¿Pero cómo quieren, quienes lo critican, conseguir inversiones y emprendimientos industriales de este porte sin hacerlas? Por si no lo han advertido, Uruguay no es el ombligo del mundo y nadie vendrá acá a colocar cientos de millones de dólares sin asegurarse de que no sufrirá “piquetes”, sin saber si harán un buen entramado ferroviario, sin monitorear que realmente draguen el puerto y construyan una nueva terminal o sin controlar que las carreteras sean efectivamente modernizadas. ¿Qué se creen? Los finlandeses ya saben hace rato que la mano de obra uruguaya es de baja calificación. Y por eso plantean hasta una minireforma educativa.



Parece evidente que, mediante la suscripción de este contrato, el presidente Vázquez quiere eludir la “máquina de impedir” instalada en la dirección del Frente Amplio y en el PIT-CNT. Si lo consigue, será su gran legado. Si no, el Uruguay seguirá pastando en su mediocridad.




http://www.busqueda.com.uy/nota/ustedes-pueden-mejorar/ls-283-e7a8fb6875f95fd7cb76