Chile y la corrupción política
Infolatam
Madrid, 19 abril 2015
Por Carlos Malamud
Madrid, 19 abril 2015
Por Carlos Malamud
No es mucho pedir
Según el Latinobarómetro 2013, la última edición disponible,
la corrupción ocupaba el tercer lugar junto a la economía (6% de los
encuestados) entre los problemas más importantes de la región,
detrás de la seguridad pública (24%) y el desempleo (16%). Entonces, las
repercusiones de la corrupción todavía no habían alcanzado su magnitud
actual, a tal punto que sólo en Costa Rica (con un 20% de las opiniones)
era considerado el principal problema nacional.
Las variaciones de un país a otro son enormes. Detrás de Costa Rica
está Honduras con un 11%, acompañado por Brasil y Colombia, donde un 10%
de los encuestados creía que era el principal problema. Chile, con un
honroso 1%, cerraba la lista. Será interesante conocer los datos de
2014, medidos en el último trimestre, para ver cómo han evolucionado
tras el agravamiento de la situación.
El Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) de Transparencia Internacional
muestra no sólo el lugar de cada país, sobre 175, sino también la
ubicación relativa de América Latina, bastante rezagada en la
clasificación, especialmente si se la compara con los países más
desarrollados. Sólo tres países latinoamericanos superan los 50
puntos, mientras la gran mayoría tiene menos de 40, un claro suspenso
(100 equivale a ausencia de corrupción y 0 a corrupción absoluta).
Los países con menor percepción de corrupción son Chile y Uruguay que
ocupan el lugar 21º con 73 puntos. Siguen Costa Rica, 47º, 54; Cuba,
63º, 46; y Brasil, 69º, 43. Por debajo de 40 puntos están El Salvador,
80º, 39; Perú, 85º, 38; Colombia y Panamá, 94º, 37; Bolivia y México,
103º, 35; Argentina, 107º, 34; Ecuador, 110, 33º; Guatemala y República
Dominicana, 115º, 32; Honduras, 126º, 29; Nicaragua, 133º, 28; Paraguay,
150º, 24; y cierra la lista Venezuela, 161º, 19.
En el caso concreto de Chile, tanto el Latinobarómetro como el IPC de
Transparencia Internacional muestran claramente el estado de la opinión
pública al respecto. Hasta entonces, para una amplia mayoría de
chilenos la corrupción no había sido un problema preocupante. En líneas
generales, con las debidas excepciones y a diferencia de la mayor parte
de sus vecinos, creían en la solvencia y la palabra de sus políticos y
empresarios.
Sin embargo, el estallido del llamado “caso Penta” los sumió en lo que terminaría siendo una verdadera pesadilla.
Fue tal su gravedad que enseguida los medios comenzaron a hablar del
mayor escándalo de corrupción de la historia chilena. Lo que se inició
como un caso claro de evasión de impuestos por parte de un holding
empresarial se convirtió en octubre de 2014 en un escándalo político de
dimensiones incalculables que afectó a la derechista UDI (Unión
Demócrata Independiente), acusada de haber financiado sus campañas con
dinero de Penta.
Desde las filas oficialistas se cargaron las tintas en la denuncia de
algo que pensaban no podía afectarlos. El presidente del Partido
Socialista (PS), Osvaldo Andrade, señaló: “Me causa
extrañeza que se produzca tanta sorpresa por estas cosas. Hace muchos
años que el grupo Penta y la UDI son fácilmente confundibles”.
Esto
era así hasta que otro escándalo, conocido como Caval, golpeó de lleno a
la presidente Bachelet, al afectar directamente a su hijo y su nuera,
acusados de enriquecerse en operaciones inmobiliarias gracias al manejo
de información privilegiada y tráfico de influencias.
Pero esto no fue todo. Por si faltaban sorpresas, finalmente
detonó un nuevo escándalo de financiación política, el SQM o Soquimich,
donde se veían involucrados el yerno de Augusto Pinochet y políticos del
oficialismo, otrora enfrentados en la lucha antidictatorial.
Estaban, pues, todos los ingredientes servidos para que el prestigio de
los políticos se desplomara, comenzando por la presidente, que cayó al
31% de aprobación a fines de marzo pasado.
Pese a no estar implicada directamente en ningún caso, la escasa aprobación de Bachelet es una de las más bajas de la reciente etapa democrática chilena, sólo superada por Sebastián Piñera. Según una encuesta de Plaza Pública, el 60% de los chilenos desaprueba la forma como Bachelet
conduce su gobierno, el 70% cree que en Chile hay mucha corrupción,
especialmente en los partidos políticos (76%), en el Congreso (67%), en
las grandes empresas privadas (60%) y en el Gobierno (57%).
Prácticamente toda la clase política chilena se ha visto sumida en el
desconcierto. De este modo no logra articular las respuestas adecuadas
para enfrentar la corrupción, un fenómeno que va más allá de la
financiación de los partidos y las campañas electorales. La presidente
ha creado una comisión de notables para afrontar el problema e impulsa
una reforma constitucional para endurecer las penas contra los delitos
vinculados a la corrupción, aunque de momento sin resultados apreciables
que convenzan a una opinión pública totalmente descreída.
Pero, como apunta Carlos Huneeus, el problema es
mucho más complejo y tiene que ver con la forma en que los partidos de
la Concertación se plantearon la reconstrucción de la democracia tras el
fin de la dictadura de Pinochet y cómo trataron a los grandes empresarios. A esto se añade un hecho decisivo y es que un
país como Chile, con sus aspiraciones modernizadoras, no puede seguir
funcionando con una Constitución heredada de la dictadura , pese a
las reformas introducidas. Para ello hace falta un amplio consenso
político y parlamentario, huyendo de falsas salidas como la de convocar
una Asamblea Constituyente. Esto último requiere asumir claramente los
problemas sociales del momento. Como bien señala Huneeus: “La clase dirigente tiene que entender que el problema son ellos y no la sociedad”.
