domingo, 7 de diciembre de 2014

LA ETERNIZACIÓN DE LA AUTOCRACIA POPULISTA










DICTADURA VESTIDA DE SEDA


La autocracia se consolida en Ecuador




DIARIO EL COMERCIO DE LIMA
La semana pasada, la Corte Constitucional ecuatoriana autorizó al
Congreso enmendar la Carta Magna para que, en lugar de permitir solo
una reelección inmediata, permita la reelección indefinida. 

De aprobarse esta reforma en el Congreso –en el que el oficialismo tiene
una sólida mayoría–, el presidente Rafael Correa, en el poder desde l
2007, podría extender perpetuamente un mandato que se esperaba
venciera el 2017. Y un mandato que, dicho sea de paso, ya había
logrado prorrogar cuando en el 2009 comenzó un nuevo “primer” período
bajo la nueva Constitución que él mismo promovió, lo que le permitió
postular por “segunda” y supuestamente última vez en el 2013.

Lo que parecen olvidar las autoridades ecuatorianas es que prohibir la
reelección indefinida tiene (al igual que prohibir la reelección
inmediata) un sentido: evitar que aparezca un presidente-caudillo que
use su tiempo en el poder para copar todas las instituciones. Un
caudillo que sienta poco probable que venga alguien después de él para
supervisar que haya actuado según la ley, y que crea que el país es su
reino. Uno que se valga de los recursos del aparato estatal para
competir en condiciones desiguales en las urnas. Un caudillo que, en
pocas palabras, se vista de demócrata para instaurar una dictadura.

Los peligros de perpetuarse en el poder son bien demostrados en el
propio caso ecuatoriano, donde todo parece indicar que –aunque
habiéndolo negado antes– el presidente buscará aferrarse al poder, no
contento con los diez años al mando de Ecuador que tendrá en el 2017 y
que viene usando para someter todas las instituciones de su país.

Así tenemos que en Ecuador la independencia del Poder Judicial está
muy lejos de ser una realidad. Recordemos, por ejemplo, que hace
algunos años se reemplazó el Consejo de la Judicatura (órgano
independiente encargado de seleccionar, ascender y destituir a los
jueces) por un “consejo de transición”, integrado –como denunció Human
Rights Watch– por miembros elegidos en la práctica por el propio
Correa. 

La misma organización denunció en su más reciente reporte
anual que el Poder Judicial ecuatoriano ha sido afectado durante años
por la influencia política y ha recordado cómo en diciembre del 2012
observadores de cinco países de América Latina, invitados por el
gobierno, concluyeron que existían anomalías en el proceso de
designación de los magistrados.

Si hablamos del Congreso, por su parte, tenemos que recordar que una
reforma constitucional estableció que el presidente tuviera derecho no
solo a archivar por un año entero cualquier proyecto de ley, sino que
incluso pudiese disolver el Congreso si este obstruyese “el plan
nacional de desarrollo” (lo que se traduce en poder disolverlo cuando
considere más conveniente).

El presidente Correa, además, ha aprovechado su tiempo para asfixiar
uno de los controles más importantes que debe tener toda democracia:
la prensa libre. Así, se aprobó una ley de comunicación que permite al
Estado controlar los medios independientes y que con sanciones y
multas termina restringiendo la libertad de expresión. Asimismo,
durante el gobierno de Correa se han usado las cortes para perseguir a
periodistas opositores, como cuando la justicia ecuatoriana sentenció
a tres directivos y un periodista del diario “El Universo” a tres años
de cárcel y al pago de US$40 millones de multa por publicar una
columna que ofendió a Correa. 

En época electoral, además, el gobierno
ha prohibido convenientemente la publicación de opiniones
“tendenciosas”, lo que no es otra cosa que una forma de acallar a la
crítica. Esto, por supuesto, por solo mencionar algunos puntos de una
interminable lista de medidas, que fueron bien resumidas por un
secretario de Comunicación ecuatoriano cuando, justificando la actitud
oficialista de persecución a la prensa, aseguró: “Un jardinero debe
podar todos los días la mala hierba”.

Es cierto que lo que sucede en Ecuador no es un fenómeno aislado. En
Bolivia, Evo Morales, presidente desde el 2006, acaba de ser
re-reelegido. En Argentina, Cristina Fernández está en el poder desde
el 2007, y se sospecha que podría buscar un tercer mandato. En
Venezuela el chavismo se ha perpetuado en el poder durante más de 15
años. Pertenecer a este grupo, más que un consuelo por pecar en
mayoría, debería ser una señal de alerta para los ecuatorianos.

Ecuador, en fin, haría bien en entender que una reforma constitucional
que permita la reelección indefinida no sería más que el último golpe
a la famélica democracia ecuatoriana: la institucionalización de la
dictadura.