ECUADOR: UN PLEBISCITO CONTROVERSIAL
Por Javier Bonilla Saus*
El domingo 28 de septiembre próximo pasado, en el Ecuador, nueve millones setecientos mil electores se pronunciaron mediante referéndum sobre el texto de una nueva Constitución, oportunamente promovido por el gobierno y elaborado por la Asamblea Constituyente de ese país. Escrutados la totalidad de los votos los resultados constituyen un rotundo triunfo del Presidente Rafael Correa: 63.95% de los ciudadanos se pronunciaron por el SI, mientras que 28.08% votaron por NO.
El Presidente Correa le había asignado a esta instancia un verdadero carácter refundacional: “No se trata de votar a favor o en contra de un gobierno, se trata de (votar) por un modelo de sociedad (…) Ecuador ha decidido un nuevo país, las viejas estructuras fueron derrotadas; ésta es la confirmación de esa revolución ciudadana que ofrecimos al pueblo en el año 2006”, fueron algunas de las frases pronunciadas por el Presidente.
La Constitución aprobada es la 20ª desde 1830 y, al mismo tiempo y de manera por demás sintomática es el resultado del tercer intento de reforma constitucional que se lleva a cabo en América del Sur en menos de un año. En Venezuela, el Presidente Chávez la intentó sin éxito a finales del 2007; en Bolivia, el Presidente Evo Morales hizo otro tanto, aunque hubo de aprobarla encerrado en un cuartel y entre gallos y medias noches, todavía deberá ser sometida a referéndum el próximo 25 de enero.
En el Ecuador, un intento parecido parece que finalmente ha cuajado. Efectivamente, la prensa internacional habla, en varios de sus principales voceros, de que el Ecuador aprobó una “Constitución de corte socialista”, expresión que, además de imprecisa, ambigua y, seguramente anacrónica, refleja mal los principales elementos novedosos que la nueva Constitución incorpora a la institucionalidad ecuatoriana. La retórica que la caracteriza está mucho más emparentada con el discurso populista que aqueja desde hace más de un siglo a América Latina, que al pensamiento estrictamente “socialista”.
Los puntos fuertes del proyecto plebiscitado son fáciles de resumir. Desde el punto de vista político el régimen se torna fuertemente presidencialista –(lo cual no es de sorprender ya que el Ecuador tenía una de las instituciones presidenciales más débiles de América Latina)- y, desde luego, autoriza la reelección inmediata del Presidente. En este nuevo escenario, Correa podría quedarse con la Presidencia hasta el 2017.
Desde el punto de vista económico se aprueban declaraciones de principio, y mecanismos institucionales, de claro perfil intervencionista que suprimiendo, por ejemplo, la independencia del Banco Central pretenden reemplazar a la economía de mercado por un “…sistema económico social y solidario…” . Más allá de cualquier intento de descifrar lo que esta expresión pudiese significar, los hechos comenzaron a ilustrarnos inmediatamente.
El lunes 29, al día siguiente del Plebiscito, Correa declaraba que no descartaba no pagar algunos montos de la deuda externa que él considera “ilegítimos". Y, desde el punto de vista social, se aprueba una variopinta mezcla de medidas que parecen responder a lógicas más bien contradictorias. Mientras se oficializan, no sin cierta lógica, las lenguas quechua y ashuar – (habladas por altos porcentajes de la población)-, al mismo tiempo el texto ingresa al difícil terreno de una legalización elíptica del aborto y de las uniones eventualmente homosexuales. En un país fuertemente católico y conservador, estas últimas medidas han sido catalogadas como “…una lista de intenciones irrealizables…” y ello tanto por la derecha que las rechaza ideológicamente como por la izquierda que las considera poco realistas.
Al mismo tiempo, el texto aprobado introduce legislación sobre la ampliación de la cobertura de salud y la obligatoriedad de la educación hasta el grado más alto del nivel secundario que rayan en la fantasía. Quien conozca los indicadores de salud del país y las tremendas limitaciones de su sistema educativo no puede dejar de preguntarse cómo y con qué recursos podrán llevarse a cabo tan loables propósitos, sobre todo si se toma en cuenta que el déficit fiscal es descomunal y el 40% del presupuesto se destina a subsidios.
Para quienes observamos desde América Latina el programa implícito y explícito en el texto Constitucional aprobado, no es posible evitar la sensación de un “déjá vu” que no se sabe si es fatigante o alarmante. Incremento del autoritarismo, dirigismo estatal de los años 30 y algunas buenas y loables intenciones de bienestar social –(ahora enunciado en quechua como “sumak kawsay”) no financiadas, a más de 40 años de que el Welfare State entrase en crisis en los países más ricos, parece una receta poco convincente, para decirlo de la manera más elegante posible.
En cambio, para quienes asisten desde el mismo Ecuador al triunfo de este proyecto, es muy posible que la visión sea menos benévola. En Guayaquil, la ciudad más importante en población y verdadero centro económico del país, los resultados del referéndum son diferentes: 47,01% votó por el NO mientras que un 45.66% lo hizo por el SI. “Refundar” el Ecuador –(o cualquier país, por otra parte)- es siempre una tarea histórica mayor: intentarlo sin un sólido acuerdo político con todos los sectores económicos, sociales y políticos del país, puede transformarse en una tarea peligrosa.
Catedrático de Ciencia Política
Depto. de Estudios Internacionales
FACS - ORT- Uruguay
Depto. de Estudios Internacionales
FACS - ORT- Uruguay