A DIEZ MESES DE INICIADO EL NUEVO GOBIERNO
A finales del año pasado, en diciembre 2009, decidimos esperar un tiempo prudencial para comenzar el análisis de las políticas del entonces recientemente electo gobierno del presidente José Mujica. Su gestión comenzaría en marzo de este año y no correspondía adelantar opinión sobre el gobierno futuro en base a la información entonces disponible que era, fundamentalmente, o bien referida al período anterior de gobierno o bien de tipo electoral, puesto que la campaña y las elecciones acababan de finalizar.
Es necesario reconocer que, en aquel momento, nos imaginábamos que el año político 2010 iba a transcurrir, “grosso modo” dos grandes períodos. Una ”luna de miel” que podía durar algunos meses y, luego, seguiría una segunda etapa que nos mostraría la paulatina afirmación del accionar del nuevo gobierno que, para bien o para mal, estaría desarrollando, en la segunda mitad del año, los primeros pasos en el despliegue de sus políticas con los inevitables costos políticos que ello conlleva.
Nuestra evaluación no fue correcta. Quizás porque no apreciamos adecuadamente la importancia que tiene en nuestro país la instancia de definición presupuestal o, quizás, porque no calibramos acertadamente la personalidad del nuevo presidente, pero lo cierto es que el año 2010 transcurrió de manera diferente a lo imaginado. La popularidad del Presidente Mujica resistió mucho más tiempo que las “lunas de miel” tradicionales que usufructúan los gobiernos inmediatamente después de electos en los países políticamente maduros. Sólo en los últimos dos o tres meses de este año, la imagen presidencial comenzó a erosionarse notoriamente aunque, hasta la fecha, se mantiene en niveles relativamente altos. En grandes líneas, y aunque en franca caída, el presidente Mujica mantiene el apoyo que recibió en la primera vuelta de las elecciones del 2009.
Pero, al mismo tiempo que se mantenía la popularidad de esta suerte de imagen personal ”sanforizada” del presidente Mujica, en la segunda mitad del año no ha habido nada parecido a un despliegue mínimamente coherente de políticas gubernamentales. Es más: siquiera se ha insinuado nada consistente. En el segundo período del año 2010, más que políticas gubernamentales para transformar el país, tuvimos hasta ahora tironeos, contradicciones y malentendidos políticos, particularmente en el seno del Frente Amplio.
De julio en adelante, más bien comenzó a delinearse un doble proceso. Por un lado se reafirmaron algunas líneas que venían del gobierno pasado y, al mismo tiempo comenzaron a perfilarse nuevas prácticas, argumentaciones y tendencias políticas. Ambos procesos revelan continuidades y rupturas, pero considerados en conjunto, auguran potenciales transformaciones trascendentes de nuestro sistema democrático que parecen ofrecer un panorama futuro poco coherente si no es que francamente confuso.
Quizás haya una cierta dosis de injusticia en intentar la elaboración de balances sobre el accionar de un gobierno que está cumpliendo recién su décimo mes de vida. Pero, en la medida en que el discurso frente-amplista definió el inicio del gobierno de 2005 casi como ”un acto de refundación” del país y de la política nacional, y, a inicios de este 2010, el segundo gobierno se presentó como la continuidad y la profundización de aquella vocación ”refundadora”, es pertinente plantearse, simultáneamente, una lectura de estos escasos 10 meses de gobierno y una interpretación de este corto período en el marco de la epopeya refundacional iniciada en su momento por el presidente Vázquez. Y, consideradas en su conjunto, las políticas impulsadas por ambos gobiernos frente-amplistas, no solamente comienzan a esbozar un panorama poco coherente y confuso como decíamos más arriba. A casi seis años de gestión de gobiernos nacionales ”progresistas” (y, no debe olvidarse, a más de 15 años de gobiernos municipales del mismo signo en la capital del país) los resultados son pobres, los ”cambios” cuestionables y, el futuro, aparece por ende bastante más inquietante que promisorio.
1.- La primera tendencia a resaltar es la notoria importancia que tiene el mantenimiento de una situación económica y financiera floreciente que se continúa desde hace un buen tiempo y que ha desplazado prácticamente a la temática económica de la disputa política cotidiana.
Aunque es evidentemente cierto que este gobierno (todavía en mayor medida que el anterior) ha gozado de una coyuntura económica y financiera externa excepcionalmente favorable, ello no debe hacernos caer en la tradicional explicación que, durante décadas, el Frente Amplio utilizase frívolamente cada vez que los partidos tradicionales lograban estabilidad financiera y crecimientos económicos aceptables. Por buena (o mala) que sea la coyuntura internacional, ello no exime a ningún gobierno de un juicio ponderado sobre las bondades o flaquezas de su gestión económica.
En este caso, es importante resaltar que la gestión del equipo económico actual ha sido en buena medida una prolongación de la gestión del gobierno Vázquez. El crecimiento económico, que seguramente estará por encima del 8%, ha sido impulsado por un mercado internacional particularmente ávido de nuestras exportaciones y muy generoso en materia de precios dado el sostenido crecimiento de las grandes economías emergentes. Conviene recordar que las exportaciones del país comenzaron a crecer a partir de finales del 2002, superaron el nivel de 1998 en el 2004, y el gobierno Vázquez se inició con un sector exportador en plena expansión. Con la salvedad de un pequeño retroceso muy poco significativo en 2008, el valor de las exportaciones lleva 7 años de crecimiento sostenido y particularmente dinámico que cerrará el año arriba de los U$S 6.500 millones de dólares. Gran parte de este crecimiento se explica por la exportación cárnica, la de soja, cereales y madera. Nuestro escuálido mercado interno también ha crecido fuertemente, para su pequeña escala, y ha aportado su granito de arena al crecimiento. Por otra parte, conviene dejar establecido que el dinamismo de la inversión ha provenido más del sector privado que de la inversión pública.
Curiosamente, la bonanza que esta coyuntura ha generado ha sido meramente ”administrada”. Orden y prolijidad han acompañado una gestión casi ”contable” de la creciente riqueza que el país usufructúa desde los años 2003 y 2004 en adelante, sin que podamos distinguir, hasta la fecha, una verdadera política económica orientada a utilizar los recursos obtenidos para impulsar algún tipo de proyecto de desarrollo futuro de real envergadura. Ha crecido el empleo, la masa salarial y el ingreso de las familias pero ni siquiera se ha intentado seriamente estimular algún mecanismo de ahorro que permita pensar que, en el futuro, cuando los mercados internacionales comiencen a perder su actual dinamismo, el país esté medianamente a cubierto de la crisis que entonces sobrevendrá cuando el ajuste sea inevitable.
Se ha incrementado en demasía el gasto público (y se incrementará todavía más si se ejecuta efectivamente lo aprobado en el reciente presupuesto), y aunque no se ha llegado aún al punto que éste impacte fuertemente sobre la inflación, el guarismo final del incremento de precios en 2010 no es nada tranquilizador. La respuesta a esta peculiar situación está, en parte, en la difícil coyuntura por la que están pasando las economías más desarrolladas, las monedas fuertes y la divisa norteamericana en particular y en el dinamismo de las grandes economías emergentes. Ello genera un fuerte flujo de capitales hacia estas últimas, de todos conocido, que está modificando las reglas del juego en muchas de estas economías.
Pero todo esto, por positivo que esté resultando en el caso de nuestro país, no está siendo políticamente procesado por el conjunto del sistema político ni responsablemente explicado a la población. En el contexto de un ciclo muy particular (sino es que excepcional) de la economía mundial, es necesario que la población entienda que la bonanza actual tiene un final, más o menos cercano, pero previsible. Nada de ello dice el gobierno, nada elabora como política adecuada para esta peculiar coyuntura y, en todo caso, nadie dice nada porque, mientras todo siga igual en los mercados internacionales, nuestra situación económica aparecerá como muy positiva.
Cuando el entorno internacional se endurezca, entonces veremos realmente qué fue de los cuantiosos recursos generados en este período. Y nos volveremos a encontrar, económicamente hablando, con la misma matriz productiva que teníamos en el 2004. Después de un fuerte incremento del gasto, de un sensible crecimiento de la inversión (particularmente en el sector agrario) y de casi una década de mejoría en la generación de riqueza y en el bienestar, no entrevemos sin embargo emprendimientos de valor estratégico realmente novedosos que marquen una transformación cualitativa de la economía del país y de su inserción internacional. Más allá de algunos amagues de invertir con vigor en el sector comunicaciones, en el tema portuario, de algunos tímidos intentos en repensar el tema energético, y de muchísimas declaraciones y talenteos, el grueso del crecimiento está impulsado por el consumo (cada vez más suntuario), el dinamismo del sector primario y los servicios. El ingreso de capital, por su parte, se orienta fuertemente a agricultura, forestación, construcción, turismo, etc. En pocas palabras, en pleno auge económico, a parte de la novedad del surgimiento de la agricultura como una sector particularmente dinámico, el gobierno está haciendo y ofreciendo sencillamente mucho más de lo mismo de siempre.
2.- En segundo lugar ha aparecido una sorprendente conflictividad social que nadie hubiese podido augurar a inicios del nuevo gobierno en marzo de 2010. Aunque las políticas pro-sindicales del gobierno anterior eran seguramente ya una señal (que muy pocos advirtieron) de lo que podía acontecer en el futuro, lo cierto es que los últimos meses del año que termina fueron testigos de todo tipo de desbordes sindicales. No es este el lugar para abundar sobre los recientes conflictos de ADEOM, de la salud pública, de la educación, de la banca, del clearing, etc. Pero esta tendencia que caracteriza al año 2010, y que se concretiza claramente en este segundo gobierno frentista requiere de algún ensayo de explicación.
Lo que parece posible afirmar es que tanto el gobierno actual como el anterior han empujado la vieja tendencia de la sociedad uruguaya hacia una creciente corporativización y, aunque a veces han declarado oponerse a ella, en los hechos el gobierno actual la impulsa y la fortalece cada vez que tiene oportunidad de hacerlo. El viejo movimiento sindical uruguayo que, más allá de su arcaismo ideológico, tuvo, hasta hace algún tiempo, algunas virtudes como bajos niveles de corrupción, cierta aversión por el uso de métodos abiertamente violentos, un relativo apego a una ética y ciertos principios (de corte autoritario, es cierto, pero principios al fin) en el manejo de la actividad sindical, ya no es el mismo movimiento sindical: el acceso al poder de la ”fuerza” frente-amplista le ha trastocado radicalmente el escenario.
No es justo endilgarle esta evidente involución al gobierno del presidente Mujica que en estos últimos meses es livianamente acusado, dentro y fuera del Frente Amplio, de ”falta de autoridad”. El movimiento sindical uruguayo ya había perdido, desde hace algún tiempo, su pretendido carácter ”clasista” para transformarse en un sindicalismo de funcionarios públicos y bancarios que arriesgaban muy poco en cada conflicto y que recurrían cada vez más rutinariamente a diferentes y desproporcionadas medidas de fuerza. Lo que sí emerge claramente desde mediados de la gestión anterior, y muy claramente en este último gobierno, es el rápido establecimiento de una suerte de implícita ”jurisprudencia” que instala la impunidad: concede abiertamente que los paros ya nunca generarán descuentos. En otras palabras: paros, huelgas y ocupaciones ahora se hacen ”gratis” por más que distintas autoridades del gobierno declaren lo contrario. En todo caso, hoy, no hay un solo uruguayo medianamente informado y políticamente sensato que crea que los días de paro de ADEOM, de los bancarios de BROU o de los anestesistas serán efectivamente descontados. Y hay decenas de ejemplos de esta impunidad que no es del caso detallar aquí.
Pero esto, visto con cierta perspectiva, no es más que ”fenomenológico”. Esta involución política aparece ahora porque, desde el año 2005, y particularmente después de las elecciones del 2009 y durante el año que termina, el sindicalismo se ha ido ”oficializando” paulatinamente. Ello ha generado un nuevo pero previsible malentendido en el movimiento sindical cultivado a conciencia por el discurso frente-amplista: los sindicatos uruguayos creen que tienen el poder político en el país.
Huérfanos de cultura democrático-liberal y acunados, en lo esencial, en la tradición autoritaria y corporativa (cuando no totalitaria) del Partido Comunista Uruguayo, los sindicatos ignoran que, en nuestro sistema democrático, el ejercicio temporal del poder político es otorgado al partido político ganador de las elecciones por los todos ciudadanos que son los únicos tenedores legítimos de la soberanía. Las supuestas ”mayorías trabajadoras y populares”, definidas en asambleas a mano alzada, no pertenecen al sistema político llamado democracia liberal republicana representativa. Sin embargo, henos ahora ante la novedad de que los sindicatos creen que, efectiva y legítimamente, ”representan políticamente al pueblo” lo que, en su universo ideológico es “algo parecido“ a la ciudadanía.
Esta cuidadosamente amamantada confusión está en la base de la reciente “oficialización“ del sindicalismo. Como no podía ser de otra manera, esta creencia de que los sindicatos han obtenido, al menos parte, de la función representativa y del poder político del gobierno tiene efectos prácticos e institucionales graves sobre el mismo gobierno, sobre el partido de gobierno y sobre el propio movimiento sindical. Por lo pronto, el movimiento sindical ”jugando a hacer política”, se ha inventado una previsible y gastada tipología dicotómica de ”relacionarse” con el gobierno. Por un lado aparecen sectores sindicales que apuestan a usufructuar del apoyo gubernamental en la medida en que se muestren dóciles ante sus propuestas políticas y, por el otro, emergen aquellos sectores que juegan a ”subir la apuesta” para que el gobierno se vea obligado a otorgarles más y mejores concesiones. Es una tontería creer que los primeros sean ”moderados” y los segundos ”radicales”. Son sólo dos maneras de intentar participar ”de contrabando” en el gobierno del país, de decidir sobre el destino de los recursos nacionales (que son, hasta nuevo aviso, de todos los ciudadanos) y un camino para poner, al menos parte de esos recursos, al servicio de un aparato sindical de burócratas imaginariamente ataviados de ”trabajadores” o ”proletarios”.
Esta segunda característica del derrotero político de año que acaba de transcurrir merecerá, en su momento, un verdadero análisis detallado de nuestra parte en este Blog, porque, muy posiblemente, estemos asistiendo a una verdadera y muy seria involución de la calidad de la democracia uruguaya. Particularmente en todos estos últimos conflictos del 2010, todos los ciudadanos uruguayos fuimos, más que nunca en la historia contemporánea del país, el verdadero chivo expiatorio de una fuerte alianza, a veces declarativamente negada pero siempre fácticamente reafirmada, entre los sindicatos de las burocracias públicas y privadas, ”la fuerza” política mayoritaria y el gobierno ”progresista”.
3.- En tercer lugar, este año que culmina ha visto consolidarse una nueva característica del sistema político uruguayo que, desarrollada a lo largo de la gestión del gobierno del presidente Vázquez, y en buena medida vinculada al punto anteriormente analizado, resulta ser particularmente sorprendente, aunque nada auspiciosa para la democracia uruguaya. Más allá de las declaraciones aperturistas hacia la oposición de parte del nuevo presidente, que mencionásemos oportunamente en las primeras entregas de ”Politeia en la Comarca”, lo cierto es que, en los diez meses transcurridos, la arena política de nuestro país ha sido prácticamente monopolizada por ”la fuerza” política de gobierno.
Más allá de las debilidades reales de la oposición y de los ocasionales ”ninguneos” y ”mayoriteos” parlamentarios impuestos a ésta en diferentes instancias legislativas o de otro tipo durante el período analizado, es necesario señalar con claridad que los conflictos centrales de la vida política no se han planteado entre la oposición y el gobierno. El conflicto político como tal, que es la esencia misma de la vida democrática y del pluralismo de cualquier país moderno, se ha instalado ”dentro”, ”en el corazón mismo” del Frente Amplio y para nada acontece entre ”la fuerza” que gobierna el país y los partidos de la oposición. En otros términos, lo que está sucediente es que el Frente Amplio no es el actor dominante de la arena política, como corresponde a todo partido mayoritario en una democracia representativa. Lo que realmente sucede es que el Frente Amplio (y sus prolongaciones corporativas) se ha ”fagocitado”, se ha ”apropiado de la arena política“, instalándola en sus entrañas y excluyendo de ella toda representación significativa de aquellos partidos, grupos sociales o ciudadanos que no comulguen con sus convicciones.
De esta peculiar situación hay dos lecturas que deben evitarse si se quiere comprender cabalmente el tránsito emprendido hacia el empobrecimiento del pluralismo del sistema político nacional.
La primera es creer que esta apropiación de la arena política por ”la fuerza” que ejerce el gobierno se deba, esencialmente, a la debilidad de la oposición. En realidad la oposición política tiene, ”grosso modo”, la mitad de los votos ciudadanos del país por lo que no es electoralmente inexistente ni particularmente débil. Si la oposición padece de falta de fuerza ello es el resultado de la implacable y sistemática aplicación de las prácticas hegemónicas y excluyentes de la ”fuerza” de gobierno que “hace la política”, que discute la agenda nacional, ”in foro interno” antes de hacerlo, como lo requiere la tradición republicana, en el foro público y, particularmente, en el parlamentario. Convencida de las virtudes del ”secretismo” opera en la formulación de políticas y en la toma de decisiones, primeramente de espaldas a los partidos de oposición, de espaldas a los medios, de espaldas a todo lo ”no-frentista”, y, luego, sale el presidente a proponer pretendidas ”negociaciones” con la oposición.
La segunda es imaginar que la irrupción de conflictos políticos mayores en el seno del Frente Amplio es el resultado de una tendencia al fraccionamiento o la división de esta ”fuerza” entre diferentes corrientes o proyectos que podrían resultar contradictorios, y eventualmente, hasta incompatibles entre sí. Por el contrario, como lo demuestran innumerables ejemplos históricos (el peronismo o el PRI mexicano, para no nombrar más que algunos casos notorios) de lo que se trata es de la pérdida paulatina del pluralismo del sistema de partidos. La poliarquía, no solamente requiere de ”muchos” partidos en competencia abierta y con posibilidades reales más o menos creíbles de acceder al poder. El pluralismo de un sistema de partidos requiere que no aparezcan ”movimientos”, ”frentes populares”, agrupaciones-bolsa cuyo funcionamiento conjunto no tiene otra articulación interna
Cuando un movimiento político se torna tan fuertemente hegemónico como para ser capaz de gestionar en su seno un número altamente representativo de los conflictos significativos de una sociedad, lo que sucede es que ese movimiento funciona, a la vez, como ”oficialismo” y como ”oposición”. Y, cuando eso sucede, lo que realmente está en duda es la continuidad del formato democrático y poliárquico de un sistema político sometido a semejante situación. Desde luego que a nadie escapa, por ejemplo, que las tonteras anacrónicas de la gerontocracia totalitaria del PCU (sólo discursivamente viable en países políticamente pretéritos como Cuba, Corea del Norte o Venezuela) están ideológicamente casi en las antípodas de la moderna soberbia tecnocrática del equipo económico actual. Pero sería de una ingenuidad patética pensar que esa contradicción, u otras de similar entidad, resultarían disfuncionales al mantenimiento de la hegemonía política que ”la fuerza” frente-amplista ha obtenido sobre la sociedad uruguaya.
Lo que el gobierno pasado y los primeros diez meses de la gestión del presidente Mujica indican es que el Frente Amplio ha puesto en marcha una forma de hacer política que nada tiene que ver con la concepción tradicional de nuestro régimen democrático según la cual los gobiernos (y por ende los partidos políticos) eran el reflejo o ”expresaban” sectores o ”identidades” históricas más o menos amplios de la sociedad. El Frente Amplio no ”expresa” ninguna identidad históricamente constituida ni, menos aún, ningún sector social específico, por amplio que éste sea, de la sociedad uruguaya, es que puede dar cabida en su seno a los más variopintos y contradictorios discursos funcionando, en su fisiología interna, al mismo tiempo como ”oficialismo” y como ”oposición” sin dificultades mayores. En el futuro sus gobiernos (veremos qué nos depara el ahora actuante), posiblemente también podrán acomodarse a las más disímiles y disonantes políticas como se viene insinuando desde 2005 a la fecha.
Es que esta modalidad de hacer política que la ”izquierda” uruguaya siempre vendió como ”izquierdista“, ”revolucionaria”, de cuño ”marxista-leninista” o “guevarista”, se reveló, a la hora de la verdad del poder, como una banal operación populista similar a tantas otras que han asolado y azuelan la historia latinoamericana.
Como bien analizara Ernesto Laclau en su último libro, ”La razón populista”, de lo que se trata para el populismo (y, en buena medida, también para el Frente Amplio) es de ”capturar” con un discurso, a la vez vago y benigno (”Encuentro Progresista”), a todos aquellos sectores sociales que tengan algún tipo de disconformidad con el ”estado de cosas” en un país. Lo que el populismo busca es abandonar el terreno de la política democrática, liberal y republicana ejercitada a través de un sistema plural de partidos que se alternen en el poder gracias al respeto de las reglas del estado de derecho. Se trata de acabar con la política ”burguesa” mediante el ejercicio de construir y llevar al poder un ”movimiento” o una ”fuerza” hegemónica que logre reemplazar, de una vez para siempre, la molesta idea de una ciudadanía integrada por individuos libres, racionales y celosos de sus libertades para comenzar con la auténtica ”construcción del pueblo” (Laclau dixit).
En otros términos: instaurar en el gobierno y en el poder una fuerza política hegemónica, con una amplísima capacidad de ”agregar demandas”, de reconocer como legítimo cualquier reclamo social, de tornar todos los reclamos como ”equivalentes” entre sí y de convencer a la población que ella es la única fuerza política legítima. Laclau es explícito al respecto: ”A fin de concebir ”al pueblo” del populismo necesitamos algo más: necesitamos una plebs que reclame ser el único populus legítimo – es decir una parcialidad que quiera funcionar como la totalidad de la comunidad” (Laclau, 2005).
Dicho más sencillamente: el éxito del populismo necesita una fuerza política que se conciba como equivalente a todo el pueblo (incluidas todas sus enormes diferencias internas) y no como ”un partido” que representa a parte de la ciudadanía, porque si se admite la palabra ”partido”, es necesario admitir, tarde o temprano, que hay ”otras partes” del pueblo que pueden no concordar con la fuerza política hegemónica.
Al contrario de lo que proclamó durante décadas la ”fuerza” que detenta actualmente el gobierno (y a pesar de lo que temieron grandes sectores democráticos del país), el numéricamente marginal proletariado nacional nunca fue el objetivo político del aparato frente-amplista ni el socialismo o el comunismo fueron realmente los objetivos históricos del proyecto ”progresista”. Por un lado ”la clase obrera” uruguaya nunca tuvo el ancho de hombros necesario para alimentar el crecimiento del vanguardismo comunista, ni siquiera antes de transformarse en un contingente más de las vastas clases medias burocratizadas del país. Por el otro, el proyecto ”progresista” hubo de abandonar tempranamente todo anclaje doctrinario de filiación marxista, entre otras cosas, porque el fracaso ostensible del “socialismo real”, en Rusia, en Cuba, “ou ailleurs“ le obturó desde hace veinte años la posibilidad de utilizar exitosamente ese relato.
Por ello, por lo menos desde 1990 en adelante, el populismo fue el único y verdadero proyecto del Frente Amplio. Aunque siempre envuelto en una versión pueblerina de la retórica política del ”Frente Popular” del PCUS de los años 1930, en realidad el discurso sustantivo del Frente Amplio nunca trabajó en el sentido de construir un Uruguay alternativo al que generaron los partidos tradicionales, nunca procuró asumir una estructura claramente partidista y siempre pugnó y tuvo, como único programa político real, ”sumar votos”. Y, en el mejor estilo peronista o priista, sumar votos a costa de cualquier intento de coherencia ideológica, renunciando a cualquier prospecto sustantivo de identidad cultural e histórica y declinando de antemano a cualquier proyecto racional de país futuro.
Es más, la construcción histórica de ”la fuerza” política Frente Amplio se llevó a cabo, precisamente, en base a la cuidadosa recolección de los sectores, provenientes de todos los horizontes ideológicos y políticos de la sociedad uruguaya, que nunca pudieron aceptar los cambios que sufrió el Uruguay en los últimos 60 años. La ”fuerza” Frente Amplio, luego de tres décadas de oposición sistemática al sistema político bipartidista que construyó la democracia uruguaya, hoy está integrada por la agregación de todas las demandas insatisfechas de todos aquellos sectores que nunca entendieron ni las tragedias del desmoronamiento del Uruguay neo-batllista, del fin de las ”vacas gordas”, del fracaso de la sustitución de importaciones, del ataque guerrillero a la democracia, de la irrupción de la dictadura ni tampoco los aciertos de la sólida institucionalidad política democrática heredada, del acendrado igualitarismo de la cultura nacional, de la relativa apertura de la economía al mundo, de la creación de la cuenca arrocera, de la consolidación de la cuenca lechera, de la invención del país forestal o del Uruguay ”país de servicios”.
Porque, en última instancia, el Frente Amplio, la ”fuerza” que ganó el gobierno en 2004 y en 2009, nació del aglutinamiento electoral de todas las formas de ”resistencia al cambio” que se expresaron en el último medio siglo en el país. Más allá de su tan mentado “Programa”, su filosofía y su imaginario políticos se conforman, esencialmente, de una cosecha indiscriminada de nostalgias y reticencias a todo intento de transformación del ”país oficina pública“ que describiese Mario Benedetti, el bardo oficial del ”progresismo” frente-amplista.
Es fundamentalmente por ello que el gobierno que se esboza en este 2010 es incapaz de enunciar nada parecido a un proyecto de país futuro. La retórica, la metodología, la concepción, los valores y el ideario políticos que lo animan provienen del pasado, pretenden reconstruir el Uruguay pasado y aspiran a reinstalar ese pasado en el horizonte futuro. En esas condiciones, efectivamente, el Uruguay no tiene otro futuro que la iteración redundante de ”la memoria”.
Esta situación, que es ”nueva” en el país (puesto que, en sentido estricto, recién se torna políticamente dominante a partir del año 2005), no lo es en absoluto en América Latina. La Argentina, con su patético récord político y económico de ”retroceso histórico sistemático” desde 1945 hasta la fecha, es el caso paradigmático y el ejemplo más cercano de lo que el país debe evitar. Autoritarismo populista, afirmado en contraposición al autoritarismo militar pasado e irresponsabilidad política casi sistemática, son los ingredientes básicos de la receta argentina desde 1945. Un avance cada vez más evidente de la retórica populista, también acompañado de una creciente frivolidad política, y la sistemática utilización oportunista del pasado dictatorial, comienzan a estar también presentes en este gobierno que se instala como continuidad de los esbozos que viésemos durante el gobierno del presidente Vázquez.
Todo indica que mientras el gobierno que se inicia pone al Brasil de las últimas décadas como ejemplo y modelo orientador, caminando hacia atrás en la historia, nuestras autoridades siguen, en realidad, los pasos de la Argentina.
Javier Bonilla Saus
Dic. 2010