//EDITORIAL//
|
MÉXICO, COMO SIEMPRE, "POPULISMO CONTRA PUEBLO" |
“Una gran
parte de la población sigue encerrada en la jaula de la melancolía,
(…). El priísmo es una enfermedad política y muchos mexicanos son
portadores del virus.”(…) “En México (…) creció una cultura política que
definió un carácter nacional sumergido en la desidia, la zozobra, el
relajo, el sentimentalismo, el resentimiento y la evasión. En esta
cultura no había espacio para la dignidad. El pueblo era definido como
una masa de indios agachados y de pelados albureros. En esta cultura
cantinflesca (donde) no cabía la dignidad democrática (se) legitimó al
autoritarismo nacionalista del que surgió esa patología, ese morbo
melancólico que engendró el régimen de la revolución institucionalizada”
ROGER BARTRA “La Jaula Abierta” Noviembre 2011
I.- Situación General
La prensa internacional ha
hecho amplio eco a la desaparición y presumible ejecución de 43
normalistas rurales provenientes del poblado de Ayotzinapan, Guerrero,
cuando manifestaban en la ciudad de Iguala, en el mismo Estado. Quizás
menos conocida para los lectores sea otra matanza que se llevó a cabo
unos días previos en Tlatlaya, Estado de México, de 22 personas, hasta
donde se sabe inocentes de todo crimen, en manos de elementos del
ejército mexicano.
Los casos de Iguala y Tlatlaya "son las peores atrocidades que hemos visto en México en años, pero no se trata de incidentes aislados",
dijo José Miguel Vivanco Director Ejecutivo para las Américas de Human
Rights Watch. El Director Ejecutivo Vivanco es muy joven o está mal
informado.
La historia del PRI y del
régimen populista mexicano es la historia de, cómo mínimo, cuarenta años
de un autoritarismo sangriento, sólo superado en el mundo, eso sí, por
los totalitarismos comunistas stalinistas-maoistas, los nazi-fascistas o
los regímenes dictatoriales militares que pulularon en América Latina.
La memoria popular
cotidiana de la ciudadanía mexicana indica claramente que, arrancando
por la monumental (e incomensurada hasta hoy) masacre de Tlatelolco en
1968 (era necesario “preservar la imagen de México” porque
venían las Olimpíadas para lo cual los soldados ametrallaron a mansalva a
miles de estudiantes), siguiendo por la muerte sistemática, año tras
año, de periodistas que colocan a México en el top más peligroso del
ranking americano de la organización Reporteros Sin Fronteras (“México
es uno de los países más peligrosos del mundo para los periodistas; las
amenazas y los asesinatos a manos del crimen organizado –incluso de las
autoridades corruptas– son cosa de todos los días. Este clima de miedo,
junto con la impunidad que prevalece, genera autocensura, perjudicial
para la libertad de información”. http://es.rsf.org/report-mexico,184.html),
o las más de 5000 mujeres asesinadas en Ciudad Juárez en los últimos
años, o las muchas centenas de asesinatos masivos llevados a cabo en los
Estados del Norte del país, el régimen priísta ha sido históricamente
uno de los más represivos.
Un solo ejemplo más del
año 2010. En agosto de ese año, 72 trabajadores migrantes fueron
acribillados en San Fernando, estado de Tamaulipas, presumiblemente por
los narco-traficantes de la banda de Los Zetas. Cuatro años después sólo
12 cadáveres han sido identificados.
Y podríamos terminar
disgustando al lector con una macabra enumeración de muertos, fosas
comunes, asesinatos masivos, arreglos de cuentas entre facciones
políticas, sindicales, amaneceres en los pueblos con cadáveres colgando
de los puentes, traficantes de vidas humanas, de armas, de drogas y de
todo lo que sea posible imaginar.
Así que, lo que sí es pertinente de lo que denuncia recientemente Human Rights Watch, es que “…no son incidentes aislados…”, aunque estén muy lejos de ser “las peores atrocidades”.
Como sucede casi de
rutina, el gobierno mexicano es sistemáticamente reticente a
investigar. En el caso que nos interesa ahora, por reciente y actual,
las autoridades llevaron a cabo investigaciones tardías y, hasta ahora,
ineficaces sobre las desapariciones forzadas de los 43 estudiantes en
Iguala, Guerrero y sobre el asesinato de 22 personas en Tlatlaya, Estado
de México. Human Rights Watch denuncia que, en el caso de Tlatlaya, los
ministerios públicos estatales procuraron encubrir la actuación de
militares obteniendo testimonios coaccionados de las testigos de los
hechos.
No solamente las procuradurías estatales no colaboran ni intentan aclarar lo acontecido: “Por
el contrario, estos homicidios y desapariciones forzadas reflejan un
patrón más amplio de abusos y son en buena medida consecuencia del
persistente fracaso de las autoridades mexicanas para abordar este
problema” (HRW). La situación no es muy distinta en lo referente a la
Procuraduría a nivel federal. “No obstante, la respuesta inicial de la
Procuraduría General de la República (PGR) a estos casos ha estado
marcada por demoras significativas”. (HRW)
II.- Los dos casos recientes (en base a Informe de Human Rights Watch)
A.- En el caso de Iguala, las autoridades iniciaron la investigación 10 días después de que los estudiantes desaparecieran.
“Estas demoras
inexcusables han dañado fuertemente la credibilidad de la PGR y han
generado una presión creciente para que este organismo muestre
resultados”, sostuvo Vivanco. “Pero sería un grave error que la PGR
pasara de hacer poco o nada sobre estos casos a apurarse a llegar a
conclusiones infundadas para dar respuestas sin sustento a los casos”.
En Iguala, cerca de 30
miembros de la policía municipal abrieron fuego sin previo aviso el 26
de septiembre contra tres autobuses que llevaban aproximadamente 90
normalistas de Ayotzinapa, hiriendo a más de 15 estudiantes, incluido
uno que recibió un disparo en la cabeza y se encuentra en estado
vegetativo. Durante este incidente y uno posterior en el cual personas
no identificadas dispararon en contra de los estudiantes y otros
civiles, seis personas perdieron la vida.
Los estudiantes estaban
regresando luego de haber tomado autobuses en Iguala con el propósito de
viajar al Distrito Federal para participar en las manifestaciones
conmemorativas del 2 de octubre, aniversario de la ya mencionada matanza
de Tlatelolco.
Los policías ordenaron a
los estudiantes del tercer autobús que bajaran y los golpearon y los
obligaron a punta de pistola a acostarse al costado del camino, dijeron
testigos a Human Rights Watch. Luego, los policías obligaron a los
estudiantes a subir a por lo menos tres autos de la policía, en los
cuales se los llevaron. Aún se desconoce el paradero de 43 estudiantes.
Las autoridades federales y
estatales no intervinieron para proteger a los estudiantes, a pesar de
que grupos locales de derechos humanos alertaron al gobierno del estado
sobre los incidentes en el momento que estaba ocurriendo, y los
autobuses fueron parados a 100 metros de una base militar.
Más de 50 personas han
sido detenidas y más de 20 han sido consignadas por su presunta
participación en los hechos en Iguala. En sus sucesivas conferencias de
prensa, el Procurador General de la Nación no ha aportado más que
obviedades o generalidades salvo en lo que concierne a la evidente
connivencia entre las autoridades municipales de Iguala que aparecen
comprometidas y el gobernador de Guerrero (que ya comienza a
“desaparecer” del caso) con el grupo del crimen organizado “Guerreros
Unidos”, con el que hay una notoria complicidad. Es de hacer notar que
en la búsqueda de los 43 normalistas desaparecidos han aparecido varias
fosas comunes de cuya existencia no se tenía conocimiento. Y se han
encontrado cadáveres, calcinados algunos, en bolsas arrojadas a un río,
otros que no coinciden con los desaparecidos. Todo indica que en los
alrededores de Iguala están asentadas muchas fosas comunes o
enterraderos de cadáveres de los que no se tenía el menor conocimiento.
B.- En el episodio de Tlatlaya, la PGR tardó tres meses en intervenir.
Los militares mataron a 22 personas que se encontraban dentro de una bodega vacía el 30 de junio. Según testigos y un informe de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), al menos 12 de ellos fueron ejecutados extrajudicialmente.
Fiscales detuvieron a dos
de las tres testigos, las golpearon, asfixiaron repetidamente con una
bolsa y amenazaron con abusar sexualmente para forzarlas a confesar que
tenían vínculos con las personas asesinadas en los incidentes y a
señalar que los militares no eran responsables de los asesinatos,
determinó la CNDH. Una tercera testigo, quien vio cómo los militares
ejecutaban a su hija, también fue amenazada y maltratada. Además,
policías obligaron a las tres testigos a firmar documentos, cuyo
contenido no pudieron leer.
Durante semanas, la
Secretaría de la Defensa Nacional, el gobernador del Estado de México, y
el Procurador General de Justicia del Estado de México sostuvieron la
versión oficial, según la cual las personas ejecutadas habían muerto en
un enfrentamiento y los militares habían actuado de forma adecuada.
La PGR sólo intervino en la investigación de las presuntas ejecuciones tres meses después, luego de que la revista Esquire publicara el 17 de septiembre una entrevista a una de las testigos con su versión de los hechos.
El 25 de septiembre
detuvieron a 24 soldados y un teniente que presuntamente participaron en
los incidentes, y consignó a ocho de ellos por violaciones a la
disciplina militar. El 30 de septiembre, la PGR consignó a siete
soldados y al teniente de “ejercicio indebido del servicio público”.
Tres de ellos además fueron acusados de “abuso de autoridad, homicidio
calificado en agravio de ocho personas y alteración ilícita del lugar y
vestigios del hecho delictivo”.
C.- En febrero de 2013, Human Rights Watch publicó un informe titulado "Los desaparecidos de México: el persistente costo de una crisis ignorada",
donde se documentan 149 casos de desapariciones forzadas en los cuales
existe evidencia convincente de la participación de agentes de todas las
fuerzas de seguridad en los hechos, cometidos durante el gobierno de
Felipe Calderón. Nadie ha sido condenado en estos casos de desaparición
forzada ni en ningún otro cometido después de 2006, según información
oficial. Estamos a fines de 2014 y la situación es la reseñada.
III.- De la naturaleza del régimen mexicano.
El 11/10/1990, la Revista “Vuelta” organizó, bajo el título “La experiencia de la libertad”,
una serie de eventos televisivos en México donde concurrieron un buen
número de intelectuales y periodistas. En la última entrega del ciclo
(ciclo organizado, conviene precisarlo, en homenaje a la caída del Muro
de Berlín y el desmantelamiento del comunismo del bloque soviético),
Mario Vargas Llosa pronunció su conocida expresión: “El PRI es la dictadura perfecta”. (Ver https://www.youtube.com/watch?v=rvHQIn21HJQ)
Las anécdotas a próposito
de esa caracterización, más bien imprecisa y algo efectista, los
conflictos que ella desató entre Vargas Llosa, Octavio Paz y Enrique
Krauze, entre otros, no son de particular interés aquí. Lo que conviene
retener en esta nota editorial era que Vargas Llosa estaba utilizando un
lenguaje equivocado para designar un estado de cosas brutalmente
autoritario pero que no podía ser llamado “dictadura”. De lo que Vargas
Llosa hablaba era de un régimen populista y, como tal, brutalmente autoritario, como acaban de demostrar los acontecimientos hoy tratados por toda la prensa mundial.
Nada de esto es nuevo. Ni siquiera la denominación que usamos que, quizás, lo único que aporta es una cierta precisión.
El proceso de
enquistamiento del populismo en México se relaciona con la historia
posterior a la Revolución de 1910 en ese país. Si bien durante el siglo
XIX, desde la Independencia hasta la caída de Porfirio Díaz, México
padeció, por períodos, los clásicos procesos de caudillismo y
autoritarismo que caracterizaron a toda América Latina, también es
cierto que la lucha contra la ocupación francesa y el intento imperial
de Maximiliano de Austria le dan a la historia mexicana de ese período
una marcada originalidad.
Entre otras, destaca el
papel de Benito Juárez, en más de un sentido fundador y punto de partida
del poderoso pensamiento liberal del México decimonónico, probablemente
uno de los más significativos de América Latina.
En un ya clásico y descollante texto (“México. A Biography of Power. A History of Modern México, 1810-1996”,
1997, HarperCollins, NY.), Enrique Krauze da cuenta del paulatino
proceso de distorsión y adulteración del liberalismo juarista a lo largo
del extenso período porfiriano que terminará capturado por el
positivismo (como sucedió en el Brasil, por ejemplo). Así y todo, tal
era la fuerza del pensamiento liberal en México que la propia Revolución
estallará como una reivindicación liberal y democrática en la voz de su
primer líder y “Apóstol de la democracia”, Francisco I. Madero.
Al mismo tiempo Krauze
explica cómo, algo más tarde, asesinado Madero, el régimen populista
emergido de la Revolución del 10 reinventará e impondrá por la fuerza
una historia antiliberal y autoritaria destinada a borrar el origen
liberal y democrático de la Revolución y publicitará un relato
caudillesco, autoritario, sanguinario, revanchista y antidemocrático que
será la base de la tragedia populista mexicana hasta la fecha.
El populismo mexicano se
instauró, entonces, como la peor de las salidas políticas posibles a la
Revolución iniciada en 1910. Luego de casi 20 años de guerra civil, la
idea de construir una “solución política” que terminase con la
hobbesiana “guerra de todos contra todos” que reinaba, se abre
camino y se echan las bases del populismo mexicano. En lugar de intentar
continuar en el camino de algunos tibios intentos de construir
instituciones jurídicas civilizadas (como lo intenta Carranza), la
solución para “detener la Revolución” tomará la forma de la construcción
de un enorme aparato-partido corporativo, vertical y prácticamente
único que se erigió en “El conductor” de la siempre castigada sociedad
civil mexicana.
La vigencia de este
Leviatán populista va, al menos, de 1929 a la fecha. El nacimiento del
Partido Nacional Revolucionario (PNR), en 1929 bajo Calles, luego su
mutación, en 1938, en el Partido de la Revolución Mexicana (PRM) de
Cárdenas y, finalmente, a partir de 1946, se verá emerger el increíble
nombre de “Partido Revolucionario Institucional o PRI” que refleja, en su semántica intrínsecamente contradictoria, el carácter particularmente perverso (“la revolución institucionalizada”)
del régimen que describe Roger Bartra en nuestro acápite. Como se sabe,
el PRI perderá las elecciones en el 2000 y, sorprendentemente, cederá
el poder, permitiendo una alternancia política pacífica sorpresiva,
luego del larguísimo período de autoritarismo populista resumido. Sin
embargo, en 2012, el primer “tele-presidente” de México como acaba de
bautizarlo Juan Villoro (redesquintopoder.com/villoro-reinodeoz/) asume el poder con la ya añeja tradición populista del PRI sobre sus esmirriados hombros.
A diferencia de los
recientes neo-populismos de circunstancia que nos aquejan hoy en América
Latina, desde que fracasó el retorno de la democracia (chavismos,
kirchnerismos, “correísmos”, “orteguismos” y otros populismos parvenus),
el populismo mexicano tiene más de 80 años cumplidos y es bastante
“mayor” que el también sobreviviente peronismo. A diferencia de éste, el
populismo mexicano en ocho décadas transformó a México en una sociedad
altamente desigual, a la vez tradicional-campesina por un lado y moderna
y razonablemente avanzada por el otro, al punto que es la socia
comercial principal de los EE.UU. en la actualidad.
Sin embargo, aunque el PRI fue un actor clave
en la construcción de México que se visualiza a sí mismo como
“moderno”, nada de democráticamente muy rescatable hay en este desempeño
histórico político.
Comparte las
características de muchos populismos (corrupción generalizada, carencias
fundamentales en el funcionamiento del Estado de derecho, pervivencia
de modalidades particularmente inciviles de manejo del Estado con la
sociedad civil y una larguísima lista de problemas para gerenciar
democráticamente al país) que están y siguen presentes en México. En la
última década, el crimen organizado, que está destruyendo sectores
enteros de la sociedad, es un proceso que, sin dudas, guarda relación
con la raigambre populista del México post-revolucionario. Esto se ha
transformado en una patología dentro de la patología política
mexicana en la medida en que la élite política del país está en proceso
de imbricación con los sectores sociales del crimen organizado.
El ejemplo mexicano y sus
probables derroteros son relevantes porque es el único caso, en América
Latina, en el que el populismo se ha entronizado en “régimen”. Si, en
otros casos, el populismo puede concebirse como meras “formas de hacer
política”, “procesos de transición”, “coyunturas fundacionales”, o
“intervenciones” populistas, en México el populismo se instaló como un
verdadero régimen político cuya estabilidad/permanencia descansa (no en
las instituciones del Estado de derecho) en las reglas consuetudinarias
no escritas de la clase política “revolucionaria” emergente de la
Revolución mexicana.
La multiplicación de
autoritarismos populistas a lo largo y a lo ancho de América Latina (y
también más allá, pero eso no nos compete aquí) y el evidente retroceso
de las formas democráticas republicanas, liberales y representativas nos
obligan a vigilar al régimen mexicano con particular atención.
N. de Editorialista
En el momento de la
redacción de esta nota, el régimen de Peña Nieto ha optado por detener y
acusar de delincuencia organizada, motín, terrorismo y tentativa de
homicidio a 11 estudiantes manifestantes detenidos en el desalojo del
Zócalo de la Capital. No han tenido acceso a otro abogado que un
defensor de oficio y ya han sido trasladados a cárceles de alta
seguridad, sin juicio alguno, en Veracruz, los hombres, y en Nayarit,
las mujeres.
|