Ante la matanza de Ayotzinapa, Guerrero.

 GUERRERO: LA VIOLENCIA CIRCULAR

Por Carlos Illades
Revista NEXOS
México, D.F. 1-11-2014

A la luz del episodio violento que se ha vivido en Iguala, vale la pena revisar la cadena histórica de Guerrero tejida durante el último siglo, cuyos eslabones se unen en ciclos de movilización-represión-autodefensa. Ha sido, según el recuento que hace Carlos Illades en este ensayo, un territorio marcado con cicatrices de los enfrentamientos con caciques, del surgimiento de levantamientos armados, de la conformación de guerrillas y de las represiones y masacres solapadas por el gobierno. ¿Por qué? Porque en este estado el fuego es atizado por el rezago social y la estabilidad política casi nula.

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Charles Tilly destaca que en el siglo XX los movimientos sociales retrocedieron en los lugares donde no existían regímenes democráticos y que, por lo general, prosperaron en los países que sí lo eran o en Estados comprometidos con la democratización. De acuerdo con esta tendencia, en México habrían perdido terreno antes de la alternancia política. Sin embargo, no fue así, o al menos no exactamente. En la segunda mitad del siglo pasado encontramos múltiples movimientos que reivindicaron libertades civiles básicas (expresión, asociación, reunión) y, simultáneamente, derechos sociales elementales (salarios dignos, empleo, propiedad de la tierra, educación, salud). Frente a esto la respuesta ordinaria del Estado fue la represión, forzando a algunos movimientos a inclinarse hacia la violencia armada, una de las formas de la “destrucción coordinada” —dirigida contra objetos y personas— considerada también por el sociólogo estadunidense.¹ No obstante, resurgieron y presentaron demandas democráticas para encontrar de nueva cuenta las puertas cerradas por el autoritarismo estatal.

Adelanto como hipótesis que en los puntos críticos de la geografía nacional el ciclo de la violencia iniciaba en los periodos de ascenso de los movimientos sociales (rurales y urbanos), ante los cuales el Estado autoritario —con su base local en los cacicazgos, y nacional, en los “sectores”— respondía con la cooptación de los líderes o la represión (amplia o selectiva, según el caso). A continuación, el movimiento adoptaba una organización permanente y, bajo ciertas circunstancias, desarrollaba formas de autodefensa que, eventualmente, derivaban en guerrilla. De ser así, la respuesta gubernamental crecía en fuerza e intensidad, fijándose como objetivo acabar con los grupos armados y desarticular el movimiento social. Quienes podían sortear la embestida se reagrupaban e iniciaban un nuevo ciclo que culminaba también en violencia.

Precisamente, esto es lo que sucedió en el estado de Guerrero, objeto de estudio de este texto, con el ayuntamiento socialista de Acapulco (1920-1923), el asesinato de Juan Ranulfo Escudero y el levantamiento armado de los hermanos Vidales; con el movimiento de 1960 (Chilpancingo) la represión y la guerrilla (Partido de los Pobres, PDLP); y con el relanzamiento del movimiento popular, la masacre de Aguas Blancas (1995) y la reaparición de los movimientos armados (Ejército Popular Revolucionario, EPR). La novedad con la alternancia no es la interrupción de este ciclo sino que se diversificaron de actores que participan, padecen y perpetran la violencia, interrelacionando sus distintos tipos (social, política, criminal) y haciendo difícil diferenciarlos con propósitos heurísticos. Asimismo, la respuesta armada de las comunidades adoptó la forma de autodefensa ciudadana, esto es, un ente social que no se plantea tomar el poder (como la guerrilla), sino hacerse cargo de algunas de las funciones del Estado (seguridad, justicia), dada la evidente incapacidad de éste para realizarlas.



Desde su conformación en 1849, el estado de Guerrero ha sido pobre, incomunicado, bastante desigual socialmente, caciquil y con una estabilidad política precaria. También, rico en recursos naturales y biodiversidad, multicultural, bronco y con una fuerte tradición de organización popular.

De los tres millones 338 mil 778 habitantes registrados en el censo nacional de población de 2010, casi 15% son indígenas, distribuidos en las regiones de la Montaña y Costa Chica. Guerrero aporta al PIB nacional apenas 1.5%, comparte con Oaxaca y Chiapas los más bajos índices sociales del país; pero, a diferencia de ellos, su posición estratégica en el trasiego de drogas, además de ser uno de los principales productores mundiales de goma de amapola, lo ha colocado en una situación cualitativamente peor que aquellas entidades, particularmente en cuanto a violencia criminal se refiere.

Históricamente, la movilización popular en la entidad suriana ha ocurrido en las costas y la Montaña. Fue precisamente en la Costa Grande donde se formó el Partido Obrero de Acapulco (POA), fundado en 1919 por Juan R. Escudero y un pequeño grupo de artesanos y estibadores del puerto. Candidato de éste, Escudero ganó las elecciones municipales del año siguiente con un programa mínimo que demandaba: 1) pago justo por la jornada del trabajo; 2) protección de las garantías individuales; 3) limpiar el gobierno de elementos nocivos; 4) participar en las elecciones; 5) jornada laboral de ocho horas; 6) obtención de tierras para los campesinos; 7) extender la educación; 8) gestionar la construcción de la carretera México-Acapulco; y 9) campaña contra las enfermedades. El POA apoyó la candidatura presidencial de Álvaro Obregón y la de Rodolfo Neri a la gubernatura. La intervención en la política estatal y nacional le permitió difundir su programa por toda la costa y llamar a la formación de comités agrarios.²

Reelecto en las elecciones municipales de diciembre de 1921, el ataque de los potentados locales (varios de ellos comerciantes de ascendencia española) en contra de Escudero fue cada vez más virulento. En marzo del año siguiente fuerzas militares asaltaron el ayuntamiento porteño. En la asonada Escudero resultó herido quedando semiparalizado y con dificultades para hablar, pero no renunció a la actividad política. Medianamente recuperado, lo eligieron diputado federal por el primer distrito de Acapulco y el POA ganó también las elecciones locales. Mientras tanto, en el vecino Tecpan de Galeana, Valente de la Cruz —un profesor de educación básica— presidía el comité agrario habiendo fundado el Partido Obrero de Tecpan, por instrucciones de Escudero. La rebelión delahuertista, liderada en Guerrero por Rómulo Figueroa, puso fin al ayuntamiento socialista de Acapulco, cuando los militares insurrectos apresaron a Escudero y sus hermanos en el fuerte de San Diego, disparándoles a mansalva en un paraje cercano. La misma suerte corrieron los demás ayuntamientos ganados por el POA a lo largo de la Costa Grande: uno a uno fueron depuestos sus ediles.³

Amadeo S. Vidales, presidente municipal de Tecpan, Baldomero Vidales y Feliciano Radilla Ruiz, miembro de la Liga de Campesinos de Atoyac, acompañaron a los Escudero durante la rebelión delahuertista para después encabezar una guerrilla en Atoyac, el Movimiento Libertario de Regeneración Económica Mexicana, cuyo programa social era el Plan del Veladero, promulgado el 6 de mayo de 1926. El documento responsabiliza a los españoles de los lastres de la nación mexicana, destaca la lucha agraria zapatista y la orientación socialista dada por el movimiento armado de 1910; llama a desconocer el capítulo del Plan de Iguala que garantizaba la vida y propiedades de los ciudadanos de “la monarquía” y afianzar los principios de la Constitución de 1917, para lo cual considera indispensable expulsar a los españoles, nacionalizar sus bienes y hacer que éstos fueran manejados por los ayuntamientos. Pide también fomentar la educación, tecnificar la agricultura y modernizar sus procedimientos; exige restituir las tierras usurpadas a los pueblos y repartir los grandes latifundios; conmina a respetar la vida, pagar daños y proteger las propiedades de los extranjeros —a excepción de los españoles— durante las acciones revolucionarias; previene indemnizar a inválidos, huérfanos y viudas a causa de la lucha armada; convoca a expropiar las empresas mineras y controlar las industrias; exhorta a administrar las embarcaciones y apoderarse de los medios de transporte, y a nacionalizar la ganadería y los bancos. En 1929, después de una cruenta campaña militar en contra de los vidalistas —que incluyó asesinatos, incendios y exacciones forzosas a los acaudalados de la costa—, Amadeo Vidales y sus principales seguidores se rindieron, por lo que el presidente Emilio Portes Gil los amnistió y les entregó tierras en Cacalutla, cerca de Atoyac. Al comenzar el año siguiente, los guerrilleros indultados establecieron la colonia agrícola Juan R. Escudero.⁴

La organización y movilización campesinas en la Costa Grande permitieron que la reforma agraria cardenista fuera generosa en la región e incluso en otras partes del estado (Costa Chica y el norte) donde se localizaban los mayores latifundios: de 1935 a 1940, se entregaron 534 mil 897 hectáreas en Guerrero a 51 mil 207 campesinos. Aunque los predios no eran muy fértiles, y tampoco la política de dotación ejidal incluyó recursos y tecnología para hacerlos más productivos, sirvieron para introducir palmeras de coco, cafetos y mantener los cultivos tradicionales. De todos modos esto no bastó para erradicar la violencia agraria que, para el año de 1938, arrojó un saldo de 26 dirigentes campesinos ultimados.⁵

El reparto agrario aminoró las presiones y atemperó el conflicto en el campo guerrerense por dos generaciones, además de que el desarrollo del turismo durante el alemanismo provocó un importante éxodo rural hacia Acapulco, estimándose que entre 1950 y 1960 llegaron anualmente al puerto un promedio de tres mil inmigrantes. Sin embargo, la presión sobre la tierra⁶ y un nuevo ascenso de la movilización popular al finalizar la década de los cincuenta pondría en jaque el control de los caciques sobre la población, condición que está en el origen de Guerrero como entidad federativa.⁷

En octubre de 1960 la disputa entre el general Raúl Caballero Aburto y el alcalde de Acapulco, Jorge Joseph Piedra, ambos de cepa priista, catalizó el sordo malestar que había en la entidad suriana con el autoritario Ejecutivo estatal. El gobernador ordenó cerrar las cajas fuertes de la tesorería del ayuntamiento porteño debido a que el Congreso local acusaba al edil de malversar los fondos públicos. Por su parte, el alcalde responsabilizaba al gobernador numerosos crímenes, despojos y de la abultada deuda del erario costeño, además de amenazarlo de muerte y de sobornar e intimidar a los síndicos con la intención de forzar su renuncia. En respaldo del general, un contingente de aproximadamente tres mil colonos asentados irregularmente en el ejido de la Laja, cinturón de miseria que rodea Acapulco, comandado por Alfredo López Cisneros (el rey Lopitos), atacó la residencia particular del alcalde; mientras que en apoyo al edil destituido, una manifestación de alrededor de dos mil personas recorrió las calles del puerto. Entre tanto, el Comité Cívico Guerrerense (CCG), formado apenas el año anterior, exigió la desaparición de poderes en la entidad y la aplicación de la Ley de Responsabilidades al gobernador.⁸ 



A los pocos días estalló en Chilpancingo una huelga estudiantil en demanda de la autonomía
universitaria, la destitución del rector, reformas a la ley orgánica del Colegio del Estado de Guerrero y aumento de subsidio a la educación superior. Diversos sectores de la capital estatal apoyaron a los jóvenes y una nutrida manifestación en la ciudad culminó con la conformación de la Coalición de Organizaciones Populares. En noviembre, 10 mil personas llevaron el reclamo a las principales calles de la capital guerrerense. La madrugada del día 25 las fuerzas del orden desalojaron a estudiantes y ciudadanos que ocupaban la alameda Francisco Granados Maldonado, costando varios heridos y detenidos. Sonaron las campanas de las iglesias y las sirenas de las fábricas para congregar a la población armada con lo que recogió a su paso. Prácticamente estaba sitiada la ciudad por elementos de seguridad estatales y federales, en tanto que los contribuyentes declararon la suspensión de pagos, la burocracia local inició una huelga, los pequeños comerciantes pararon sus actividades cotidianas y en las calles próximas a la universidad ondeaban banderas mexicanas y estandartes de la virgen de Guadalupe.

El presidente municipal de Tierra Colorada encabezó el 27 de diciembre una manifestación que reclamaba deponer al gobernador. En Taxco los estudiantes tomaron el palacio municipal, al parecer con el consentimiento de las autoridades edilicias. Y los ayuntamientos de Chilpancingo, Tixtla, Chilapa, Zumpango del Río, Taxco, Apango, Huitzuco y Tenango del Río desconocieron a la administración general Caballero Aburto. Por orden de éste, el día 30 la fuerza pública arremetió contra la población chilpancingueña. En media hora quedaron tendidos 13 o más cadáveres y 37 heridos graves, prácticamente todos civiles, salvo dos soldados que perecieron en el desalojo. No había pasado ni una semana del año nuevo cuando la Cámara alta resolvió declarar inexistentes los poderes en Guerrero y separar al gobernador del cargo, en tanto que en diversos puntos de la entidad la población tomaba los ayuntamientos expulsando a las huestes del general.⁹

El CCG se incorporó a la Asociación Cívica Guerrerense (ACG) en 1962 y participó en las elecciones estatales que culminaron con la victoria de dudosa legalidad del priista Raymundo Abarca Alarcón. Los “cívicos”, como se les conocía, respondieron con manifestaciones en las principales ciudades surianas, a las que el gobierno reaccionó con una represión brutal, costando la vida a ocho personas en Iguala. Con esto la ACG corroboró que la ruta electoral estaba bloqueada, por lo que dio un giro estratégico transformándose en una organización nacional (Asociación Cívica Nacional Revolucionaria, ACNR) y esbozando un programa político que planteaba formar un gobierno de coalición con trabajadores urbanos, campesinos, estudiantes y elementos “progresistas” de la sociedad. Para hacerse del poder, tan pronto la organización lograra la preparación adecuada y la inserción suficiente en el movimiento popular, recurriría a las armas. De acuerdo con su ideario político, la nueva administración emplearía la planeación económica, repartiría los latifundios, rescataría la minería y permitiría la libertad sindical.

La policía detuvo a Genaro Vázquez Rojas en 1966, uno de los líderes del movimiento de 1960. Dos años más adelante un comando armado lo liberó de la cárcel de Chilpancingo y el dirigente de la ACNR pasó a la clandestinidad. Para aquel momento había ya núcleo guerrillero en la sierra guerrerense. Mediante los Comandos Armados de Liberación (Vicente Guerrero, Juan Álvarez y Emiliano Zapata) la organización se hacía de recursos secuestrando a los acaudalados locales. Mientras tanto, las agencias de seguridad respondieron con la desaparición forzada de militantes y bases guerrilleras.¹⁰

En mayo de 1967 la policía motorizada (judicial) atacó a maestros y padres de familia que protestaban frente a la escuela Juan N. Álvarez a causa de los abusos, malos manejos de los recursos económicos y la prepotencia de la directora del plantel.¹¹ Dejándole manos libres a la motorizada, la policía municipal permaneció acuartelada por órdenes del procurador del estado, quien ordenó que aquélla se hiciera cargo de la “seguridad” en Atoyac de Álvarez, por entonces un municipio de poco más de 30 mil habitantes: 11 víctimas civiles fue el costo inmediato y cuantificable en vidas humanas, apenas un modesto adelanto del tremendo saldo que dejaría la estrategia militar empleada para acabar con la guerrilla. Entre el pánico, los disparos y los cadáveres, narra la novela testimonial Guerra en el Paraíso, el líder de los maestros, Lucio Cabañas Barrientos, quien para entonces tenía una activa participación en la organización de profesores y ejidatarios,

echó a correr, en medio de las mujeres y de los hombres que lo cubrían. Cuando rodearon la iglesia, Lucio sintió que las calles estaban vacías, que parecía no había ocurrido nada en ellas, que ninguna sombra parecía comprender el sudor y sangre con que venía manchado, el calor con que corría, la furia y la prisa con que veía las piedras de las calles como recibiéndolo, como advirtiéndole que ése era el suelo seguro, libre.¹²

A los pocos días, dos mil soldados ocuparon Atoyac —punto de entrada de la sierra desde la Costa Grande dotado de importantes recursos hídricos y forestales— para prevenir más hechos de sangre dado que “han estado descendiendo campesinos de los cafetales, a los que siempre se ha considerado como sumamente peligrosos”. Y, en agosto, la policía judicial del estado disolvió a punta de balazos la asamblea de la Asociación de Copreros en Acapulco que pretendía designar democráticamente a su dirigencia. En la acción, las fuerzas de orden victimaron a 27 campesinos inermes.¹³

Tras los sucesos de Atoyac, Cabañas Barrientos dejó la vida civil y pasó a la clandestinidad, ocupándose a armar una guerrilla campesina en la sierra de Atoyac. El profesor rural formó en 1970 el Partido de los Pobres (PDLP) cuyo brazo armado sería la Brigada Campesina de Ajusticiamiento. Éste no planteaba la revolución proletaria en el sentido leninista sino, en un lenguaje llano, articuló un conjunto de reivindicaciones capitales para los subalternos: el derrocamiento de la “clase rica” a manos de la “clase pobre” de la sociedad; la expropiación de las grandes propiedades industriales y agrícolas en manos del capital privado; el acceso universal a la educación en todos los niveles, a la salud, la cultura y el descanso por igual; salarios dignos y derechos efectivos para los trabajadores industriales y jornaleros agrícolas; el trato sin distingos para todos los nacionales dejando de lado origen o raza, además de acabar con el colonialismo estadunidense en tierra mexicana.¹⁴

De acuerdo con el FBI, el PDLP financiaba sus actividades mediante secuestros y con exitosas emboscadas sus 150 efectivos recuperaban armas del ejército.¹⁵ Después de varios golpes a las fuerzas armadas, la Secretaría de la Defensa Nacional multiplicó la presencia militar en Guerrero, arrasó poblaciones enteras violando reiteradamente los derechos humanos de sus habitantes, además de controlar el flujo de información en torno al conflicto, labor que facilitaron considerablemente una prensa y televisión subordinadas al régimen autoritario. El 2 de diciembre de 1974, en El Otatal, municipio de Tecpan de Galeana, la columna de Cabañas fue localizada por el ejército. De acuerdo con el parte de guerra, el líder guerrillero y sus hombres murieron en combate. Un documento de inteligencia estadunidense evaluó las consecuencias políticas de este éxito militar:

Army will of course receive merited accolades for having finally eliminated the only terrorist known by name to the Mexican public. It should be recalled however, that Cabanas’s activity was geographically restricted, to extent that terrorist activity in Mexico represents threat to political stability (and we believe it minimal) the anonymous violence of urban terrorist groups is cause for greater concern than Cabanas ever was.¹⁶

Conjurado el brote armado, el gobierno federal implementó una estrategia en varias pistas para acabar con las guerrillas. A través del Plan de Desarrollo Integral del Estado de Guerrero dirigió apreciables recursos económicos para la salud, la educación, la electrificación, el agua potable, los caminos y el desarrollo económico en los poblados de la sierra, destinándose 446 millones de pesos a los ejidatarios de Atoyac en el ejercicio de 1975.¹⁷ Realizó también una guerra sucia contra los cuadros de los grupos armados y sus bases rurales —tan sólo en Atoyac están documentadas 400 desapariciones forzadas¹⁸—, y una ley de amnistía a la que se acogieron algunos guerrilleros. Por último, promulgó una reforma política que abrió las Cámaras a la oposición política, dando oportunidad a las formaciones de izquierda de incorporarse a la lucha electoral. Y Guerrero quedó ocupado militarmente por el resto de la década. Sin embargo, como veremos a continuación, esto no fue suficiente para erradicar los movimientos armados —ni en Guerrero ni en otras regiones del país— pues, como sabemos, el núcleo de sus demandas no se concentra en la democracia, menos aún en la democracia liberal, sino en la justicia social, razón fundamental de su recurrencia.

La reforma política volvió a acercar a las urnas a la oposición de izquierda suriana después de dos décadas en que el gobierno había incentivado más bien lo contrario. En 1980 el Partido Comunista Mexicano (PCM) ganó la alcaldía de Alcozauca en la Montaña y a partir de ahí consolidó posiciones dentro de la entidad. Pero no fue sino con la insurrección cívica cardenista cuando se modificó dramáticamente el mapa electoral guerrerense. Aunque el conteo oficial no lo consignó así, se estima que en la jornada comicial del 6 de julio de 1988 el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas logró la victoria en Guerrero. Y, a pesar del escandaloso fraude, en las elecciones municipales de diciembre del siguiente año la población participó masivamente bajo las siglas del Partido de la Revolución Democrática (PRD) escamoteándosele victorias que parecían incontrovertibles. La inconformidad derivó en la toma de alcaldías en buena parte de la geografía guerrerense, la implantación de cabildos populares en algunas de ellas y en un movimiento de resistencia a lo largo de las costas que se prolongó por tres meses sin que el Estado accediera a limpiar la elección; en lugar de esto, como de costumbre en el sur, recurrió al expediente de la represión. De los aproximadamente 300 perredistas asesinados durante la presidencia de Carlos Salinas de Gortari no pocos fueron guerrerenses; tan sólo entre julio de 1988 y enero de 1990 fueron ultimados 56 miembros del Sol Azteca en la entidad sureña gobernada entonces por José Francisco Ruiz Massieu:

Con motivo del informe de gobierno, el 8 de febrero recorren Chilpancingo 2,500 efectivos del ejército a bordo de 20 tanquetas, así como 40 convoyes de la policía militar. La lectura del documento la realiza Ruiz Massieu detrás de una espesa muralla de soldados, pues la madrugada de ese día dos diputados locales del PRD son secuestrados y 3,000 airados simpatizantes del partido salen a las calles dispuestos a increpar al gobernador.¹⁹

La sociedad civil guerrerense realizó luchas puntuales para proteger los recursos naturales situados en los territorios de las comunidades o contra la frenética enajenación de los terrenos públicos para favorecer los desarrollos inmobiliarios de alto costo (Punta Diamante) y la cesión de espacios públicos a las cadenas comerciales. En esta línea se inscribe la movilización del Consejo de los Pueblos Nahuas del Alto Balsas (CNPNAB) para impedir la construcción de una hidroeléctrica en San Juan Tetelcingo, así como la defensa de la reserva ecológica y de esparcimiento del Parque Ignacio Manuel Altamirano (Papagayo), del cual el gobernador Ruiz Massieu tuvo a bien ceder una porción a un empresario que pretendía instalar un centro comercial.²⁰





La elección de 1993 trajo al clan de los Figueroa al poder por tercera vez en el siglo (Francisco Figueroa, Rubén Figueroa Figueroa y Rubén Figueroa Alcocer). Con una abstención altísima (66%) y escasos 200 mil votos Figueroa Alcocer alcanzó la gubernatura, mientras la oposición de izquierda obtuvo 27.4% del sufragio ciudadano de acuerdo con las escasamente confiables cifras oficiales. A falta de consenso, coacción; por segunda ocasión en 20 años se verían las caras dos enemigos históricos: los caciques de Huitzuco y la guerrilla campesina con base en Atoyac.

En enero de 1994 se constituyó la Organización Campesina de la Sierra del Sur (OCSS) en Tepetixtla, pequeño poblado perteneciente al municipio de Coyuca de Benítez, contiguo a Atoyac y rico en recursos forestales. La organización aglutinó a hombres y mujeres dedicados fundamentalmente a la agricultura; desde su fundación se caracterizó por emplear métodos radicales (bloqueo de carreteras, toma de palacios municipales) para conseguir servicios y recursos (escuelas, materiales de construcción, fertilizantes, hospitales, etcétera) en favor de la población en pobreza extrema que habita la región; también se propuso proteger los bosques y recursos naturales de la región y exigió al Estado la presentación con vida de los desaparecidos de la guerra sucia de la década de los setenta. Entre sus primeras acciones, la OCSS expulsó de Tepetixtla a la policía motorizada, responsable de varios de los asesinatos y desapariciones forzadas de líderes sociales de la sierra durante la administración de Rubén Figueroa Alcocer, hijo de Rubén Figueroa Figueroa, secuestrado por el Partido de los Pobres en 1974 cuando era candidato a la gubernatura por el PRI.

La mañana del 28 de junio de 1995, aproximadamente 400 elementos de la policía judicial de Guerrero interceptaron en el vado del río Las Hamacas, próximo a Aguas Blancas, a un contingente de aproximadamente 60 personas (algunas portando machetes) pertenecientes a la OCSS que en un camión de redilas se dirigía a un mitin en Atoyac para reclamar la presentación de uno de sus compañeros, y materiales de construcción y fertilizantes prometidos por el Ejecutivo estatal. Luego de un incidente confuso, la policía disparó a quemarropa, asesinando a 17 e hiriendo a 21, colocándole armas a los cadáveres para simular que había sido un enfrentamiento entre ellos. Desde un helicóptero el secretario de Gobierno y el director de la policía judicial estatales supervisaron la escena del crimen.

Enterada del caso por la resonancia que tuvo en los medios y la indignación que provocó en la sociedad civil, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) encontró elementos suficientes para fincar responsabilidades, en tanto que la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó inculpar al gobernador. Obligado por las circunstancias, el 12 de marzo de 1996 Figueroa Alcocer pidió licencia para abandonar el cargo. En julio de 1997 el juzgado tercero penal, con sede en Acapulco, dictó sentencia definitiva contra los policías implicados en la masacre y contra algunos funcionarios menores vinculados con los hechos de sangre: 39 personas fueron juzgadas y sentenciadas, aunque en 1999 saldrían de prisión.²¹

Tras ser prácticamente aniquilada en 1974, la guerrilla rural necesitó una generación para poder reestructurarse. Dos corrientes fundamentales fluyeron en dirección del EPR: de un lado, los remanentes del PDLP cabañista; del otro, la Unión del Pueblo fundada en Oaxaca en 1971 por el ex guerrillero guatemalteco José María Ignacio Ortiz Vides. La confluencia de ambas daría lugar al PROCUP-PDLP, aglutinadoras de las 14 organizaciones que en 1994 dieron lugar al EPR.²²

La conmemoración del primer aniversario de la masacre de Aguas Blancas enmarcó la presentación pública del eperrismo. De acuerdo con la crónica periodística “unos 100 hombres y mujeres, con fusiles AK-47 y AR-15, uniformados de verde olivo, con botas y encapuchados, y las siglas del EPR en distintivos rojos colocados en el brazo bajaron de las montañas…”. Uno de ellos leyó el Manifiesto de Aguas Blancas, varias veces interrumpido por el coro de “¡Justicia, justicia, justicia!”, que una joven resumió en náhuatl. A continuación, una escolta armada depositó una ofrenda floral —significando el carácter campesino de las víctimas—, hicieron honores a la bandera mexicana (colocada al lado de la del EPR), disparando 17 salvas en memoria de los caídos el 28 de junio de 1995. “Los jóvenes uniformados, algunos con acento indígena, estuvieron en el vado por 20 minutos”; uno de ellos confió que el EPR contaba con 500 combatientes desplegados en todo el estado.²³

Cinco fueron los pronunciamientos guerrilleros: 1) el derrocamiento del gobierno antipopular y antidemocrático; 2) restitución de la soberanía popular y de los derechos del hombre; 3) solución de las demandas y necesidades inmediatas del pueblo; 4) establecimiento de relaciones justas con la comunidad internacional; 5) castigo a los responsables de la opresión política. Agregaba también que ya no esperarían “indefensos a que la represión y la muerte arrebaten impunemente nuestras vidas”. Para el grupo armado,

la represión, la persecución, el encarcelamiento, los asesinatos, las masacres, las torturas y las desapariciones continúan como política del gobierno, situación similar a la que en 1967 y 1968 llevó a los comandantes Lucio Cabañas Barrientos y Genaro Vázquez Rojas a tomar las armas en contra de la explotación y de la opresión; esa experiencia, la injusta situación actual y el espíritu revolucionario que los anima inspiran nuevamente la lucha del pueblo mexicano.²⁴

La presencia de la nueva (o vieja) guerrilla no se redujo al epicentro atoyaquense, sino que desarrolló pequeños núcleos en Oaxaca, Puebla, Veracruz, Chiapas, Hidalgo, San Luis Potosí, Chihuahua, Morelos, el Estado de México y el Distrito Federal. Pero, a diferencia del PDLP, el EPR mostró una menor cohesión interna debido a la dificultad de sintetizar a tantos grupos, cada uno con sus respectivos liderazgos, reglas y expectativas políticas. En enero de 1998 ocurrió el primer desprendimiento importante al escindirse la facción que daría lugar al Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente (ERPI), aduciendo el “verticalismo” y el “dogmatismo” con que funcionaba el EPR, además de la “pérdida de objetividad”, de “espíritu autocrítico”, de “relación con el pueblo” y “de espíritu revolucionario” por parte de la cúpula dirigente. En razón de esto, el segmento inconforme, “prácticamente toda la estructura de Guerrero” donde estaban situadas “el 60% de las columnas existentes en todo el país”, “tomó la decisión de separarse del resto de la estructura debido a las diferencias políticas que durante más de un año no encontraron punto de solución”. El ERPI preparaba una insurrección nacional para el año 2000, dado que “hoy es posible incorporar al combate a miles de mexicanos y en corto tiempo será posible incorporar a millones, pero eso no puede hacerse sin el establecimiento de una estrategia y una táctica militares, fundamentadas en la profundización de nuestra reflexión y de nuestros estudios militares”.²⁵

Consumada la ruptura eperrista, el ejército ejecutó extrajudicialmente a 10 indígenas mixtecos y un estudiante de la UNAM, e hirió a otros más en la comunidad de El Charco, municipio de Ayutla de los Libres (Costa Chica), el 7 de junio de 1998, bajo la presunción de que pertenecían al ERPI. Narran los sobrevivientes:

el ejército federal rodeó el lugar e irrumpió, disparando y lanzando dos granadas de fragmentación, lo que provocó 11 muertos y 5 heridos que quedaron detenidos junto con otras 22 personas, quienes fueron trasladadas (contrariamente a lo que establece el derecho) a las instalaciones de la Novena Región Militar, en Cumbres de Llano Largo, lugar donde fueron retenidas y sometidas a tortura por dos días. Entre las personas se encontraban 5 menores de edad, quienes el 9 de junio fueron trasladados al Albergue Tutelar para Menores Infractores en Chilpancingo, exceptuando un menor que se encontraba herido y permaneció en el hospital naval durante un mes.²⁶

Se presume que algunas de las víctimas presentaban el tiro de gracia.²⁷

La ofensiva contra las guerrillas neozapatista y eperrista durante la administración de Ernesto Zedillo provocó el despliegue del ejército en distintas zonas del territorio nacional, entre ellas la Montaña guerrerense. Como ocurrió en los setenta, la ocupación militar derivó en abusos hacia los civiles, atropello de los derechos humanos, el reforzamiento de los caciques locales y el pillaje. Para encarar la situación, y con el antecedente significativo del Consejo Guerrerense 500 Años de Resistencia (1992), se integró en 1995 la policía comunitaria entre los na’savi (mixtecos) y me’phaa (tlapanecos), esto es, en dos grupos indígenas de los más pobres y aislados asentados en uno de los estados peor comunicado y de mayor marginalidad del país.²⁸

Pronto esta forma de organización de la seguridad y gestión de la justicia local, basada en los usos y costumbres comunitarios reconocidos por el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), se extendió hacia otros lugares del norte y la Costa Chica guerrerenses dando lugar en 1998 a la constitución de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Policía Comunitaria (CRAC-PC), lo que permitió “echar atrás a los delincuentes que llenaban de pena nuestras casas, nuestros caminos y nuestras comunidades”. A estos policías con el rostro descubierto y desarmados, o equipados con armas de bajo calibre registradas ante la autoridad competente, los nombraban las propias comunidades, siendo honorario el cargo y ofreciéndoseles una instrucción policial elemental.²⁹

La alternancia política llegó a la entidad en la elección constitucional de 2005, consolidando la tendencia ascendente de la oposición de izquierda iniciada en 1980 y que fue avanzando no obstante los deficientes y sesgados comicios locales, además de la represión de su militancia. Dentro de un virtual bipartidismo, el partido hegemónico fue cediendo posiciones en una entidad donde el color azul no pinta. Por tan sólo 14 mil votos de diferencia, el priísta René Juárez Cisneros ganó la contienda de 1999 al candidato del PRD. No obstante, para 2003, esta formación política superó por primera vez al PRI en la elección de diputados federales, marcando la pauta de lo que serían los comicios para gobernador (2005) y presidenciales (2006). Con la participación electoral más alta de la que se tenga registro (60.3%), Carlos Zeferino Torreblanca Galindo recibió 589 mil 74 votos, 48% del cómputo total.³⁰



De todos modos la violencia social no cesó, mientras la fragmentación de la guerrilla siguió su curso. En julio de 2005 el hasta entonces desconocido Comando Popular Revolucionario “La Patria es Primero” (CPR-LPEP) liquidó en Acapulco a Jesús Robles Catalán, uno de los responsables intelectuales de la matanza de Aguas Blancas cuando era secretario de Gobierno en la administración de Figueroa Alcocer. De acuerdo con el comunicado de la guerrilla, “a las 8:38 de la mañana del día 6 de julio del año en curso fue ejecutada la condena y pasado por las armas el señor José Rubén Robles Catalán y aniquilada la resistencia de su escolta. Como también es conocido, queda pendiente la ejecución de las condenas restantes”, es decir, de Figueroa y otros miembros de su círculo político. Otra formación guerrillera responsabilizó a Torreblanca Galindo de pactar con el figueroísmo e incluir en el gabinete a sus personeros: “el perredista Zeferino se comprometió con el ex gobernador priista, actualmente desplazado del poder estatal a ayudarlo a mantener determinados cotos de poder regional para que siga ejerciendo ahí la represión y saqueo de los recursos naturales”.³¹

La procedencia del CPR-LPEP sembró dudas dado el “ajusticiamiento” llevado a cabo en septiembre de aquel año: Miguel Ángel Mesino, hijo de Hilario Mesino, fundador de la OCSS y hermano de Rocío Mesino, regidora perredista de Atoyac. El preso político vinculado con el EPR fue asesinado por la espalda a plena luz del día a escasos 100 metros de la comandancia de la policía preventiva. Tres sujetos no identificados fueron quienes consumaron el homicidio empleando armas de grueso calibre (AK-47), características del crimen organizado.³²

De acuerdo con el CPR-LPEP, organización que reivindicó el crimen, Mesino se había aliado “con grupos de narcotraficantes, inteligencia militar y paramilitares”, cometido todo tipo de desmanes y delitos, al grado de enfocar “sus acciones hacia el asesinato de luchadores sociales”:

Todo lo anterior —reconociendo que la práctica criminal que venían ejerciendo este personaje y su grupo, además de que las amenazas constantes en contra de diversos luchadores sociales ponían en riesgo al propio movimiento democrático en el estado de Guerrero (envueltas estas actividades en la impostura de luchador social)— nos obligó a detener la carrera criminal de dicho sujeto.³³

La autoridad nunca ofreció una explicación convincente del asesinato. Durante la conmemoración del segundo aniversario del fallecimiento de Miguel Ángel Mesino, su hermana Rocío aseguró a los grupos paramilitares que operaban en Guerrero que “nunca van a desactivar nuestro movimiento, ya que hay de por medio la combatividad y valentía de nuestros compañeros”.³⁴

A la violencia estructural sufrida en la entidad suriana, que enfrenta a las comunidades y organizaciones sociales con los caciques (vinculados con los aparatos estatales y las organizaciones delictivas), se agregó la violencia criminal desbordada durante el gobierno de Felipe Calderón Hinojosa, aunque sembrada en la guerra sucia contra la guerrilla. Los caciques regionales y estructuras estatales fuertemente penetradas por la delincuencia son ahora los mejores vehículos a disposición del crimen organizado. Dentro del enorme tráfico de bienes nacionales, ejidales y comunitarios propiciados por la globalización neoliberal, ambas instancias de intermediación han sido la punta de lanza del capital privado (lícito o criminal) para hacerse de las riquezas forestales, por lo que un grupo guerrillero advertía: “en San Luis de la Loma, municipio de Tecpan, pueden localizar, si algún día quieren, a Bernardino Bautista, antes de que con sus paramilitares o los de Rogaciano [Alba Álvarez] asesinen más ecologistas y luchadores sociales de la Sierra de Petatlán, de Tecpan y de José Azueta”.³⁵

Asimismo, la ubicación estratégica de Guerrero en el tráfico de drogas, y la producción de amapola en la sierra (ocupada por el ejército después del aniquilamiento de la guerrilla cabañista), aumentó el peso específico de caciques y funcionarios corruptos. Por tanto, no sorprende que Rogaciano Alba Álvarez, edil priísta y presidente de la Unión Ganadera de Petatlán, ligado a la vez con Rubén Figueroa y El Chapo Guzmán Loera, realizara una feroz cacería de los ecologistas Rodolfo Montiel y Teodoro Cabrera —activistas destacados de la Organización Ecologista de la Sierra— por proteger el bosque de la tala inmoderada realizada por la empresa estadunidense Boise Cascade, a la cual Figueroa Alcocer otorgó una desproporcionada concesión en 1995.³⁶

Durante la administración de Torreblanca Galindo, coincidente con la guerra al crimen organizado emprendida por Calderón Hinojosa, la violencia creció exponencialmente en la entidad, al grado que la tasa de homicidios se disparó considerablemente en Guerrero a partir de 2007. Además, hubo sonados crímenes políticos como el de Armando Chavarría Becerra en agosto de 2009, su primer secretario de Gobierno, presidente del Congreso local y el mejor prospecto del perredismo para la gubernatura. Muchas voces inculparon a Torreblanca, quien apostaba por otro candidato. La situación incluso empeoró en la segunda administración de Ángel Aguirre Rivero —quien había concluido el sexenio del depuesto Figueroa Alcocer— porque la descomposición del cártel de los Beltrán Leyva, tras la ejecución de Arturo Beltrán Leyva en Cuernavaca en 2009, fragmentó al grupo delincuencial en núcleos más pequeños que se quedaron con las plazas o las disputaron dentro de una guerra permanente a lo largo de la entidad. Con un acoso permanente sobre Chilpancingo, Iguala y Acapulco, la joya de la corrupción alemanista se convirtió en la ciudad más peligrosa del país (ver gráfica).

El estallido de la violencia criminal entorpeció la actividad de los movimientos sociales, aumentando el hostigamiento hacia sus líderes. Si de suyo la impunidad ha sido moneda corriente del trato entre los tres órdenes de gobierno y la ciudadanía guerrerense, con la ingente violencia de los últimos años la demanda de justicia de una población agraviada y la exigencia de un Estado de derecho efectivo que funcione para todos —no nada más para la promoción de los intereses del gran capital— parece tan urgente como irrealizable en el corto y mediano plazos. Por sólo ofrecer algunos indicios ominosos de los muchos que podrían presentarse: en julio de 2011 fueron asesinadas a la salida de una iglesia de Xaltianguis, Isabel Ayala Nava, viuda de Lucio Cabañas, y su hermana Reyna Ayala. De acuerdo con la nota de prensa, “los sujetos armados desde un vehículo en movimiento color azul dispararon contra las dos mujeres y después uno de ellos bajó y se llevó los celulares de las víctimas”. En mayo de 2013 tres agraristas de la Unión Popular Emiliano Zapata (UPEZ) fueron liquidados cerca de Iguala. De acuerdo con un testimonio, el alcalde de esa ciudad, José Luis Abarca, ejecutó personalmente a Arturo Hernández Carmona, también de extracción perredista, quien encabeza un bloqueo en la entrada de la ciudad en demanda de fertilizantes. Al alcalde ahora prófugo se atribuye la frase “dejen de estar chingando porque yo tengo gente que haga el trabajito”. Y en octubre un gatillero victimó en Mexcaltepec a Rocío Mesino, dirigente de la OCSS de quien ya hablamos, disparándole a corta distancia con una arma de grueso calibre en “la nuca” y “la espalda”.³⁷
Por cuarta vez desde el final de la lucha armada de 1910, la violencia contra ciudadanos, pueblos, comunidades y agrupaciones sociales —perpetrada ahora por las organizaciones criminales, además de violencia histórica de los caciques y los aparatos del Estado— derivó en una respuesta también violenta de la sociedad con las autodefensas armadas que comenzaron a formarse en 2012, cuando los poblados de Olinalá, Huamuxtitlán, Culac y Xochihuehuetlán, limítrofes con Puebla, integraron policías comunitarias equipadas con armamento de alto poder, colocaron retenes, suspendieron clases y aplicaron un toque de queda parcial para protegerse de las bandas criminales. Posteriormente, las autodefensas se extendieron a San Marcos (Costa Chica), a varios pueblos en Tixtla (próximo a Chilpancingo), Florencio Villarreal (Costa Chica), así como en Cuautepec, Coyuca de Benítez, Tierra Colorada, Xaltianguis y Tecpan de Galeana (Costa Grande). Las autodefensas ocuparon ocho comunidades situadas entre Chilpancingo y Acapulco.³⁸ En Ayutla de los Libres tomaron incluso prisioneros:

Integrantes del movimiento ciudadano de autodefensa armada de la región de la Costa Chica acordaron —bajo protesta de algunos ciudadanos— entregar sólo a unos cuantos de los 54 retenidos desde hace más de un mes por sus presuntos nexos con la delincuencia organizada.
Aunque no precisaron el número de personas que serán entregadas a las autoridades estatales, los integrantes del movimiento señalaron que son los considerados presos de alta peligrosidad.³⁹

Para comienzos de 2014 se tenían detectadas autodefensas en 47 de los 81 ayuntamientos de la entidad. En la costa, éstas iban desde Tecpan de Galeana hasta Cuajinicuilapa; cruzaban también Acapulco, Chilpancingo, Iguala y Taxco, extendiéndose a Tlapa de Comonfort, Metlatónoc, Zapotitlán Tablas y otros lugares de la Montaña.⁴⁰

La desaparición forzada en Iguala de 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos (Ayotzinapa) el 26 de septiembre de 2014 y el asesinato de seis personas más, presumiblemente a manos de la policía municipal, marcan una situación límite no sólo en materia de seguridad sino de derechos humanos, lo que ha provocado una indignación social creciente, la atención de los medios masivos de comunicación y una presión internacional también a la alza ante un Estado omiso, cuando no cómplice de la delincuencia organizada. Estos acontecimientos van más allá de evidenciar “la debilidad institucional en algunas partes del país”, ya que muestran cómo se está configurando el poder local en no pocas regiones donde la delincuencia y la política están fuertemente imbricadas, y la representación democrática ha sido confiscada por las organizaciones criminales.

Pero no sólo eso, en Guerrero la conflictividad social es muy elevada (recordemos las movilizaciones magisteriales de 2013), desde hace 50 años existen núcleos guerrilleros y las autodefensas han brotado como hongos en todo el territorio. Las agrupadas en la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG) ya enviaron un contingente a buscar en el monte a los estudiantes desaparecidos, el EPR calificó los sucesos de Iguala como “un crimen de Estado” y el ERPI anunció la formación de la “Brigada Popular de Ajusticiamiento 26 de Septiembre” para enfrentar a los Guerreros Unidos,⁴¹ a quienes se les atribuye la desaparición de los jóvenes, con lo que una vez más se activará el ciclo de la violencia social. Si a esto agregamos los desastres naturales del año pasado y la pésima actuación del gobierno estatal antes, durante y después de los siniestros, la administración de Ángel Aguirre Rivero está virtualmente liquidada. Como ironía, o parodia (para citar al clásico), quien concluyó el mandato constitucional de Figueroa Alcocer podría no terminar el propio.

Con o sin alternancia política Guerrero ha padecido una violencia secular resultando insuficiente la democracia electoral, precaria de suyo en el sur, para contenerla. La desigualdad social extrema y la injusticia rampante, más agudas que en el resto del país (salvo Oaxaca o Chiapas), son el abono cotidiano de aquélla, mientras que la migración (aproximadamente un millón de guerrerenses viven en Estados Unidos y Canadá, y la entidad ocupa el primer lugar nacional en migración interna), la resistencia y la rebelión fueron conductas recurrentes. Esto no quiere decir que la sociedad civil no levantara banderas democráticas para promover el objetivo de la justicia social; significa ante todo que, al ver insatisfechas sus demandas y perseguidos o encarcelados a sus activistas, optara por formas radicales de movilización social y acción política. Circulando en este carril, ninguna apertura democrática bastó para canalizar el descontento a través de las urnas.

El continuum movilización-represión-autodefensa cumplió varios ciclos en Guerrero desde la Revolución hasta hoy, si bien actualmente presenta la particularidad de que la autodefensa social no adopta exclusivamente la forma de guerrilla, sino de policías comunitarias (en la Montaña y Costa Chica) y autodefensas ciudadanas en el resto del estado, con importantes diferencias entre unas y otras que por ahora no viene al caso discutir. De todos modos, es oportuno señalar que la violencia criminal traspasó las fronteras sociales y los subalternos no son las únicas víctimas; al mismo tiempo, éstos siguen padeciendo la violencia estructural (pobreza, desigualdad social, injusticia, discriminación, represión, desaparición forzosa) generada día a día por la sociedad mexicana.

Tampoco los mecanismos democráticos de legitimación resultaron suficientes para acotar la función de los cacicazgos en tanto que intermediarios entre la sociedad y el Estado. Antes bien, éstos no sólo han obstaculizado el vínculo directo ente la ciudadanía y el poder público (el ideal liberal), sino que se vieron reforzados por el despliegue de las redes criminales en toda la entidad. Al día de hoy, los caciques disponen de más instrumentos para someter a la población y de mayores recursos para traficar con el voto ciudadano. En lugar de modernizarse, la política guerrerense remozó sus resortes arcaicos, por lo que la violencia (social, política y criminal) campea a sus anchas independientemente de los buenos deseos del discurso oficial.
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Llamadas

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¹ Tilly, Charles y Lesley J. Wood, Los movimientos sociales, 1768-2008. Desde los orígenes hasta Facebook, Crítica, Barcelona, 2010, p. 245; Tilly, Charles, The Politics of Collective Violence, Cambridge University Press, Nueva York, 2003, pp. 104, 109-110; Tarrow, Sidney G., El poder en movimiento. Los movimientos sociales, la acción colectiva y la política, 3a ed., Alianza, Madrid, 2012,190 y ss.
² Gill, Mario, “Los Escudero de Acapulco”, Historia Mexicana, núm. 10, 1953, p. 297; Taibo II, Paco Ignacio y Rogelio Vizcaíno, Las dos muertes de Juan R. Escudero. La comuna de Acapulco 1918-1923, Joaquín Mortiz, México, 1990, p. 28.
³ Illades, Carlos, Guerrero. Historia breve, México, FCE/El Colegio de México, Fideicomiso para Historia de las Américas, 2010, p. 119; Taibo II y Vizacaíno, op. cit., pp. 82-83; Bartra, Armando, Guerrero bronco. Campesinos, ciudadanos y guerrilleros en la Costa Grande, Era, México, 2000, p. 48.
⁴ Gomezjara, Francisco A., María de la O y Benita Galeana, precursoras del feminismo socialista en Guerrero, UAG, Chilpancingo, 1982, pp. 35 y ss.; Bartra, op. cit., p. 58.
⁵ Bustamante Álvarez, Tomás, “Periodo 1934-1940”, en Salazar Adame, Jaime y otros, Historia de la cuestión agraria mexicana. Estado de Guerrero, CEHAM/UAG/Gobierno del Estado de Guerrero, México, 1987, p. 397; Ávila Coronel, Francisco, “Problemas para el estudio del Partido de los Pobres (PDLP), Atoyac, Guerrero (1972-2012)”, UNAM, Facultad de Filosofía y Letras, tesis para obtener la maestría en historia, 2005, p. 13; Bartra, op. cit., p. 73.
⁶ En Atoyac, por ejemplo, de acuerdo con el Censo Agrícola, Ganadero y Ejidal de 1950, los ejidatarios representaban 25% de la población económicamente activa del municipio, conformando el 75% restante los jornaleros agrícolas (35%) y los familiares de los ejidatarios (40%). Ávila Coronel, op. cit., p. 15.
⁷ Bellingeri, Marco, Del agrarismo armado a la guerra de los pobres 1940- 1974, Juan Pablos/Secretaría de Cultura de la Ciudad de México, México, 2003, pp. 116-117; Bartra, op. cit., pp. 22 y ss.
⁸ Illades, op. cit., pp. 132-133.
⁹ Ibíd., pp. 133 y ss.
¹⁰ Castellanos, Laura, México armado 1943-1981, Era, México, 2007, pp. 114, 123; Rangel Lozano, Claudia E. G. y Evangelina Sánchez Hernández, “La guerra sucia en los setenta y las guerrillas de Genaro Vázquez y Lucio Cabañas en Guerrero”, en Oikión Solano, Verónica y Marta Eugenia García Ugarte (eds.), Movimientos armados en México, siglo XX, 3 vols., El Colegio de Michoacán/CIESAS, México, 2008, II, pp. 508 y ss.; Macías Cervantes, César Federico, Genaro Vázquez, Lucio Cabañas y las guerrillas en México entre 1960 y 1974, BUAP/Universidad de Guanajuato, Puebla, 2008, p. 58.
¹¹ Montemayor, Carlos, La violencia de Estado en México. Antes y después de 1968, Random House, México, 2010, pp. 190-191; Ávila Coronel, op. cit., p. 29; Bartra, op. cit., p. 108.
¹² Montemayor, Carlos, Guerra en el Paraíso, Obras reunidas 1, FCE, México, 2006, p. 23.
¹³ “Aparente calma en Atoyac, donde patrulla la tropa”, Excélsior, 20 de mayo de 1967; Montemayor, La violencia de Estado en México, op. cit., p. 191. Se cita el primero. Para la década del sesenta, Guerrero era ya el principal productor de copra del país y la Costa Grande aportaba 90% de la producción estatal. Bartra, op. cit., p. 77.
¹⁴ Macías Cervantes, op. cit., pp. 84, 78-80.
¹⁵ Archivo Gregorio y Marta Selser, Universidad Autónoma de la Ciudad de México (AGMS-UACM), Fondo General Francisco Gallardo, “Characterization of Mexican Revolutionary, Terrorist and Guerrilla Groups”, Poor People Party (Partido de los Pobres-PLP), Re Legat, Mexico City letter to Bureau, 3/6/1974.
¹⁶ AGMS-UACM, Fondo General Francisco Gallardo, “Death of Lucio Cabanas Barrientos”, from Embassy Mexico to Department of State, 4/12/1974.
¹⁷ Rangel Lozano y Sánchez Serrano, op. cit., pp. 521-522.
¹⁸ La mejor documentada es la del militante de la ACNR Rosendo Radilla Pacheco, detenido ilegalmente en un retén militar en agosto de 1974. Prisionero en el cuartel militar del poblado, no se le volvió a ver con vida. En 2009 la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó al Estado mexicano “por graves violaciones a los derechos humanos”.
¹⁹ Bartra, op. cit., p. 152.
²⁰ Quintero Romero, Dulce María y América Libertad Rodríguez Herrera, “Organizaciones sociales: nuevos actores políticos en Guerrero”, Política y Cultura, núm. 30, 2008, pp. 40. Esta irresponsabilidad oficial, la cortedad de miras y el afán de lucro de las autoridades mucho tendrían que ver con los ingentes costos para Acapulco y otras ciudades a consecuencia del huracán Paulina (1999) y la tormenta tropical Manuel (2013).
²¹ Illades, op. cit., pp. 154-155.
²² Lofredo, Jorge, “La otra guerrilla mexicana. Aproximaciones al estudio del Ejército Popular Revolucionario”, Desacatos, núm. 24, 2007, p. 233.
²³ Cit. “Irrumpe grupo armado en Aguas Blancas”, La Jornada, 29 de junio de 1996.
²⁴ Ídem.
²⁵ Cit. Carlos Marín, “Diferencias de carácter político, de estrategia, táctica y visión terminaron en la escisión del EPR”, Proceso, 29 de junio de 1998; Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente (ERPI), “Poder popular, partido y ejército de masas”, 1999. A la escisión del ERPI siguieron las de las Fuerzas Armadas Revolucionarias
del Pueblo (FARP), en 1998; el Ejército Villista Revolucionario del Pueblo (EVRP), en 1999; y la Tendencia Democrática Revolucionaria (TDR), también en 1999. Dos años más adelante, las FARP, el EVRP y el Comité Clandestino Revolucionario de los Pobres-Comando Justiciero 28 de Junio (CJ-28) —un grupo que se desprendió del ERPI— formaron la Coordinadora Guerrillera Nacional José María Morelos. Lofredo, op.cit., p. 233.
²⁶ Liga Mexicana de Defensa de los Derechos Humanos (LIMEDDH), “Informe sobre la matanza de El Charco”, 1999.
²⁷ Ídem.
²⁸ Gasparello, Giovanna, “Policía Comunitaria de Guerrero, investigación y autonomía”, Política y Cultura, núm. 32, 2009, pp. 66-67; International Crisis Group, “Justice at the Barrel of a Gun: Vigilante Militias in Mexico”, 28 de mayo de 2013, p. 9.
²⁹ Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Policía Comunitaria (CRAC-PC), “Comunicado de las comunidades fundadoras de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Policía Comunitaria”, Territorio comunitario, 2 de junio de 2013.
³⁰ Illades, op. cit., p. 158.
³¹ Comando Popular Revolucionario “La Patria es Primero” (CPR- LPEP), “Comunicado guerrillero núm. 3”, 2 de octubre de 2005; Movimiento Revolucionario Lucio Cabañas Barrientos (MRLCB), “Comunicado núm. 5”, 28 de junio de 2005.
³² “Asesinan a Miguel Ángel Mesino, hijo del líder fundador de la OCSS”, La Jornada, 20 de septiembre de 2005.
³³ CPR-LPEP, op. cit.
³⁴ Cit. “A dos años del asesinato de Miguel Ángel Mesino, exige la OCSS castigar a los responsables”, La Jornada Guerrero, 19 de septiembre de 2007.
³⁵ MRLCB, op. cit.
³⁶ Por sus vínculos con el crimen organizado, Alba Álvarez fue aprehendido en Guadalajara en 2010.
³⁷ “Matan a la viuda de Lucio Cabañas en Guerrero”, El Universal en línea, 3 de julio de 2011; “Desde 2013 se denunció que el alcalde era un asesino pero lo dejaron suelto”, La Jornada, 7 de octubre de 2014; “Asesinan a dirigente de la OCSS Rocío Mesino”, Milenio en línea, 19 de octubre de 2013.
³⁸ Illades, Carlos y Teresa Santiago, Estado de guerra. De la guerra sucia a la narcoguerra, Era, México, (en prensa), cap. 5.
³⁹ Ezequiel Flores Contreras, “Grupos de autodefensa de Ayutla inicia entrega de reos”, Proceso en línea, 8 de febrero de 2013.
⁴⁰ El Universal, 5 de febrero de 2014.
⁴¹ “43 Missing Students, a Mass Grave and a Suspect: Mexico’s Police”, The New York Times, 6 de octubre de 2014; “Policías comunitarios buscan normalistas ‘cerro por cerro’”, La Jornada, 9 de octubre de 2014; “EPR: ‘fue un crimen de Estado’”, La Jornada, 6 de octubre de 2014; “Llama el ERPI a crear una brigada de ajusticiamiento contra Guerreros Unidos”, La Jornada, 10 de octubre de 2014.
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Carlos Illades
Historiador. Profesor titular del Departamento de Filosofía de la UAM-Iztapalapa. Entre otros libros ha publicado Guerrero. Historia breve.
Link Original: http://www.nexos.com.mx/?p=23092