“BLOQUEO POLÍTICO EN EGIPTO”
El
proceso de transición política que pretende llevarse a cabo en Egipto,
está aproximándose, paulatinamente, a una situación de bloqueo que
está llena de reales peligros al punto que no es imposible que degenere
en una guerra civil.
La
“hoja de ruta” o “plan de transición” que el Presidente interino Adli
Mansur hizo público el 8 de julio, no parece encontrar soporte político
significativo en las mayorías populares (altamente movilizadas como es
sabido en la coyuntura) pero tampoco se perciben señales sustantivas
de que las élites políticas, intelectuales y militares del país estén
dispuestas a darle muchas posibilidades de vida.
Para
empezar el estatuto mismo de la “Declaración Constitucional”
constituye un formato institucional de concepción casi barroca. La
“Declaración Constitucional”, conformada por más de 30 artículos que
abordan temas claves como la organización de los poderes del estado,
reglamentaciones relativas a las elecciones y, al mismo tiempo
orientaciones relativas al proceso de reforma constitucional, si nos
atenemos a las versiones de prensa que conocemos, constituye un
conjunto de incongruencias jurídicas poco entendibles.
Es
evidente que, conjuntamente con el bloqueo político real al que Egipto
se encuentra enfrentado, lo que está sucediendo es que hay un montón
de improvisadores (Morsi el más notorio, pero no el realmente
importante de ellos) que intentan jugar a ser estadistas,
constituyentes y hombres de Estado.
Este
engendro de “Declaración Constitucional” pretende sustituir la
Constitución que fuese votada en diciembre del año 2012, bajo la
presidencia de Mohamed Morsi y que fuese “suspendida” el 3 de julio por
el “golpe de estado” que hoy es tema de primera plana en buena parte
de la prensa internacional. Esta “Declaración Constitucional” debería
de perder toda vigencia una vez que una versión revisada de la antigua
Constitución hubiese sido aprobada por referéndum y que dicho
referéndum diese paso a dos nuevas elecciones: parlamentarias primero y
luego una presidencial.
De
lo que se sabe de los contenidos, institutos y procedimientos que esta
“Declaración Constitucional” pone en juego, cuando se examinan las
partes conocidas, uno no logra salir del asombro. Teóricamente emergida
de un “golpe de estado” que cuestionaba el permanente atropello
presidencial que Morsi estaba llevando a cabo en aras de instalar una
institucionalidad islamista (quizás no extremista, pero siempre
islamista y, en ningún caso, secular) esta famosa ”Declaración
Constitucional” debería apuntar hacia alguna modalidad secular de
organizar constitucionalmente al sacudido país.
Pues no, el artículo
primero de la “Declaración” reitera la referencia a la “sharia”, a la
ley islámica y, en particular a las jurisprudencias chiítas y sunitas
como fuentes básicas del derecho. Para que el lector tenga más detalle
nótese que este artículo primero de la nueva “Declaración” no es sino
una nueva redacción de los artículos 1, 2 y 219 de la Constitución
contra la que se dió “el golpe de estado” hace escasos días.
La
explicación inaudita de esta voluntad de aferrarse a una concepción
jurídica que corresponde, aproximativamente, al siglo VIII (eso sí,
D.C.) es que los grupos salafistas pusieron esa formulación como
condición “sine qua non” para mantener su apoyo al proceso
político desencadenado contra los Hermanos Musulmanes, empujado por las
Fuerzas Armadas y, teóricamente, por sectores seculares y modernos
preocupados por las libertades individuales.
Pero
no vaya a creer el lector que este problema es tan sencillo: al igual
que en la antigua constitución, la nueva formulación de la “Declaración”
sólo tolerará en el Egipto futuro tres religiones. ¿Cuáles ? Las tres “religiones celestes”,
léase Islamismo, Judaísmo y Cristianismo. Toda otra religión (budismo,
taoísmo, shintoismo, etc.) serían estrictamente prohibidas. En otros
términos, a nosotros nos resulta muy difícil comprender hacia donde se
dirige este “golpe de estado” supuestamente “liberalizador”, que no
hace más que reafirmar las más increíbles creencias de los grupos
extremistas islámicos.
No
solamente resulta altamente cuestionable dejar de lado el hecho de que
la detención de Morsi y la puesta en marcha de una nueva transición
constituyen “un golpe de estado” que viola la voluntad popular por más
que, el ejercicio de ese poder democrático “islamista” haya estado,
desde el primer momento, orientado a amordazar un número significativo
de derechos individuales. Históricamente es así que se han constituido
esas peculiares situaciones que suelen acompañar el nacimiento de los
regímenes populistas y totalitarios: un poder democrático, animado y
apoyado por una política autoritaria esencialmente anti-liberal.
Es
que Morsi será recordado como el presidente electo menos democrático
que pudiese nadie imaginar. Un año le llevó “suprimir” a la ciudadanía y
dividirla entre “detractores” y “fieles” al Islam. A pesar de que Morsi
se eligió por votación en las urnas, inmediatamente quedó claro para
todos los egipcios que el verdadero Presidente que decidía era el 8vo.
“Guía” de la Sociedad de los Hermanos Musulmanes, Mohamed Badia y su
oficina personal, acompañados, a su vez, por la llamada “Oficina de
Orientación”, Órgano Ejecutivo Supremo de los Hermanos Musulmanes
integrado por una docena de miembros. Salvo Morsi, ninguna de estas
autoridades fue nunca electa por la ciudadanía y, sin embargo, ellos
gobernaron el país durante un año.
Pero
más allá del debate político y filosófico que merece el establecer una
posición ante las conocidas irregularidades de esta secta, encaramada
en el poder y ejerciéndolo escondida bajo una “sábana democrática”, lo
que no es inteligible es que los desarrollos políticos posteriores no
parecen responder claramente a los supuestos intereses de ninguno de
los principales actores en disputa.
En
realidad, a los efectos prácticos, nuestra perplejidad importa poco.
Pero lo que es evidente es que una perplejidad bastante parecida
comienza a extenderse en el campo de los grupos, movimientos y partidos
políticos revolucionarios que pusieron en marcha y han sostenido el
proceso de transición. Sorprendentemente las críticas que provienen del
campo de los anti-islamistas parecen ser tan intensas como las que
provienen de los grupos pro-religiosos.
El
texto en cuestión tiene, además de las inentendibles contradicciones
mencionadas, vicios de forma inexcusables. La “Declaración
Constitucional” ha sido acusada de ser un texto dictado por un general
(Abdel Fattah Al-Sissi) autor del “golpe de estado”. La acusación
proviene del Vicepresidente del Partido de la Justicia y la Libertad
(es decir la rama política de los Hermanos Musulmanes) que se ha
transformado, en escasas semanas, en un ferviente defensor de “la
democracia” luego de ser uno de los principales integrantes de un
“partido“ que la combate desde 1928.
La
acusación contra la “Declaración Constitucional” es correcta, como es
correcto el hecho que, técnicamente hablando, lo sucedido en Egipto fue
un “golpe de estado”. La duda que queda es si los sectores laicos, e
incluso los militares, debían de esperar que Badia y los órganos
internos de los Hermanos Musulmanes siguiesen persiguiendo coptos y
comenzasen a lapidar mujeres para reaccionar.
Por
ello es que, lo grave no es tanto la eventual fractura de un orden
democrático que Morsi ya estaba quebrantando cotidianamente: lo grave es
que, si no quedó otra alternativa que proceder a esa ruptura, hoy ni
siquiera aquellos sectores laicos, seculares y “progresistas” que se
supone que deberían apoyar la expulsión de Morsi y de los Hermanos
Musulmanes del poder, estén acompañando claramente el proceso.
Nuevamente,
la impresión que queda para aquellos que sólo podemos seguir el
proceso desde las fuentes secundarias de prensa, es que la toma de
decisiones, de extrema gravedad, se está llevando a cabo con grados de
improvisación insospechados. ¿Cómo es posible que los sectores que,
teóricamente fueron los favorecidos por la decisión comunicada el 8 de
julio, estén hoy, 11 de julio, comunicando que se trató de una decisión
“no suficientemente discutida”.
Concretamente,
el Frente de Salvación Nacional (FSN), la coalición de partidos laicos
y liberales, dirigida por Mohamed El Baradei (Premio Nobel de la Paz y
encarnación de lo que debería ser el pensamiento republicano,
democrático y liberal en Egipto, si es que esta especie existe) declara
no haber sido debidamente consultado y no haber concordado con
sinnúmero de puntos de la “Declaración”. Y no es que El Baradei sea un
“original”: también el movimiento auto-bautizado “Tamarrod”, el gran
movilizador de las masas que exigieron la renuncia de Morsi desde fines
de junio, dicen cosas parecidas.
También
son consideradas inadmisibles las facultades otorgadas al presidente
interino, por ser demasiado amplias, la ausencia total de orientaciones,
ni siquiera genéricas, para llevar adelante el proceso de revisión
constitucional al que se convoca y, sobretodo, las críticas se tornan
absolutamente generalizadas en lo relativo a la autonomía que el
artículo 19 otorga a las Fuerzas Armadas que, práctica y concretamente,
no están claramente obligadas por mecanismo alguno a responder ante el
poder civil y que tendrían, incluso, la capacidad de llevar ante la
Justicia Militar a los ciudadanos civiles u obligarlos a trabajos
forzados.
En
otras palabras, Egipto ha ingresado en un verdadero “bloqueo político”
en el que no se ve claramente cual puede ser la fuerza capaz de crear
condiciones para generar un poder político suficiente como para que se
abran paso una nueva Constitución y nuevos actos electorales que
alumbren un verdadero régimen democrático. En esta situación de
“bloqueo político”, acompañada por el evidente “amateurisme”
de muchos de los líderes aparentemente más destacadas, desgraciadamente
son las Fuerzas Armadas las que terminan perfilándose como las únicas
con capacidad para detener el inexorable deslizamiento hacia una guerra
civil.
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