Carlos Malamud: Brasil Crisis
Cambio de gobierno en Brasil
Infolatam.
Madrid, 4 septiembre 2016
Por Carlos Malamud
(Infolatam).- La contundente votación del Senado brasileño, 61 votos contra 20, completó el juicio político contra Dilma Rousseff
y puso punto final a su gobierno. Al inicio del proceso comenzaron a
debatirse algunas cuestiones de peso, como la del golpe de estado, la
falta de legitimidad del Parlamento o la escasa la autoridad moral de
unos políticos corruptos para destituir a una presidente elegida por el
voto popular. Este punto se vuelve más relevante cuando Rousseff no ha sido acusada, hasta ahora, de corrupción.
Finalizado el impeachment surgieron nuevas polémicas
asociadas a la evolución de la coyuntura política. De estas últimas
mencionaré sólo dos, comenzando por la pregunta de si la asunción de Temer
acaba con la crisis política brasileña. La otra se relaciona con las
posibilidades del actual presidente de acabar su mandato el 31 de
diciembre de 2018 o si éste finalizará abruptamente en algún momento
previo.
En primer lugar volveré a la idea del golpe de estado, nuevamente agitada por Rousseff. Como se ha insistido repetidamente, el juicio político, impechment,
es una figura recogida en la Constitución brasileña, los procedimientos
se han respetado escrupulosamente y la figura del “delito de
responsabilidad” está claramente definida. A esto se agrega la
implicación de dos de los tres poderes del Estado, la Justicia y el
Parlamento, con un pleno respeto de la legalidad.
En su intervención en el Senado, Rousseff insistió en la falta de
legitimidad de quienes querían echarla del cargo después de ser electa
por 54 millones de personas. Otra vez estamos frente a la lógica
nefasta de muchos regímenes presidencialistas latinoamericanos: el voto
popular sólo legitima a los presidentes y no a los parlamentarios. En
Brasil se dio la circunstancia de que tanto los diputados que iniciaron
el proceso como los senadores que lo concluyeron también fueron elegidos
por el voto popular.
Igualmente se abundó en la idea de que un Parlamento mayoritariamente
integrado por corruptos carecía de suficiente base moral para impulsar
semejante iniciativa. El punto sería admisible si los defensores de
Rousseff estuvieran limpios de toda sospecha. Pero los miembros de la
antigua coalición gubernamental, diseñada a partir del PT y del PMDB,
son los principales implicados en el caso Lava Jato. Hoy
unos y otros están a ambos lados de la trinchera y el argumento de la
corrupción no exonera a ninguna de las partes implicadas, ya que es el
sistema político brasileño en su totalidad quien requiere una profunda
regeneración.
Tampoco debe servir como eximente o atenuante que las pedaladas
fiscales, el maquillaje presupuestario, fuesen una práctica corriente
no sólo de éste sino también de los gobiernos anteriores. La extensión
del mecanismo no invalida su carácter delictivo y fueron la rigidez y la
torpeza política de Rousseff las que precipitaron su caída. Hoy se
relaciona su destitución con un compló de la derecha más reaccionaria,
cuando una parte esencial de las fuerzas políticas que la provocaron
integraban hasta hace pocos meses la coalición “de izquierdas” que
respaldaba al gobierno del PT. De haberse mantenido la alianza hoy no
estaríamos donde estamos.
¿El cese de Rousseff acabará con la crisis política brasileña? Indudablemente no.
La crisis es de tal calado que requiere reformas profundas del sistema
político. Con este Congreso es imposible alcanzar los consensos
necesarios para llevarlas a cabo. El cambio de gobierno sólo sirve de
momento para superar algunas incertidumbres, pero poco más. Habrá que
ver si la legitimidad de ejercicio le permite a Temer superar las limitaciones de su menor legitimidad de origen.
Al igual que Rousseff, Temer es un político con una pésima aprobación pública.
El 49% de los brasileños tiene una mala imagen de su gestión, el 31%
regular y sólo un exiguo 8% cree que es buena. La misma encuesta de
Ipsos recoge que un 87% piensa que Brasil va por el camino equivocado y
un 59% desaprueba lo que se hace en la lucha contra la corrupción. En
este escenario, al gobierno le espera una dura batalla por conquistar la
opinión pública si quiere acabar su mandato en condiciones.
El desempeño económico será la clave que podría, o no, garantizarle
su futuro. Un modesto crecimiento inicial permitiría neutralizar las
amenazas provenientes de las causas abiertas ante la justicia electoral
por financiación fraudulenta de la campaña que permitió el triunfo de la
fórmula Rousseff – Temer. De momento, la caída de la economía
brasileña parece haber tocado fondo y ya comienzan a verse algunas
tímidas señales de recuperación.
La inflación ha comenzado a moderarse, el índice de producción
industrial ha crecido por quinto mes consecutivo y el precio del mineral
de hierro, uno de los principales productos de exportación, ha vuelto a
subir. Tras la recesión de 2015 y 2016 las expectativas para 2017 son
algo más halagüeñas. Si en julio pasado el FMI hablaba de un crecimiento
del PIB del 0,5%, en las últimas semanas diferentes estudios lo sitúan
entre el 1 y el 1,5, mientras el gobierno apuesta por un 1,6%.
A diferencia de crisis económicas anteriores, en esta oportunidad
tanto el sistema financiero como el aparato productivo brasileños están
intactos, lo que favorecerá la recuperación si se despejan las trabas
políticas e institucionales existentes. El camino del gobierno Temer
será muy complicado. La suma de un entorno difícil, y a ratos hostil,
con las limitaciones y errores propios provocados por la gestión,
dificultan el análisis.
El calendario electoral, cómo no, también incidirá en la ecuación.
Las municipales del próximo octubre servirán para poner a cada uno en su
sitio y para ver cómo la opinión pública ha valorado la actuación de
unos y otros. Pero será el horizonte de las presidenciales de 2018 el
referente que permanentemente valorarán los principales actores
políticos, que reaccionarán de acuerdo con sus opciones futuras. Sin
embargo, Temer ha dicho que no será candidato y esa libertad
debería servirle para completar una gestión al servicio del pueblo
brasileño.