CRÓNICA DE UN CONTRATO (RE)ANUNCIADO
La firma del
contrato de inversión entre el Poder Ejecutivo y la minera Aratirí para
la explotación del hierro de Valentines viene sufriendo una serie de
postergaciones que revelan la distancia entre una decisión política y el
respeto por normas legales y procedimientos técnicos y de consulta
requeridos para validar social y políticamente una decisión de esa
envergadura.
Revista "No te olvides" - N° 18, abril de 2014.
Por Víctor L. Bacchetta
La Ley de Minería
de Gran Porte (No. 19.126), que comenzó a ser tratada en el Parlamento
en febrero de 2013, terminó aprobada siete meses más tarde solo con los
votos de los senadores oficialistas y uno de ellos, el voto decisivo,
dejó constancia de que lo hacía por fidelidad partidaria. Poco después,
en declaraciones a la prensa, el presidente José Mujica anunció que para
fines de noviembre estaría firmado el contrato de inversión con la
empresa minera Aratirí.
El anuncio no se
cumplió y, el 2 de diciembre, el Movimiento Uruguay Libre de Megaminería
lanzó una campaña de recolección de firmas para promover la realización
de un plebiscito que decida sobre una enmienda al Artículo 47 de la
Constitución. La propuesta dice:
"Prohíbese la
minería metalífera a cielo abierto en todo el territorio nacional" y
agrega que toda autorización o concesión que vulnere esta disposición
quedará sin efecto al entrar en vigencia la reforma.
En los días
siguientes, el presidente exhortó a sus ministros a explicar a la
población "las virtudes" del proyecto de Aratirí aunque la evaluación de
los impactos sociales y ambientales a cargo de la Dirección Nacional de
Medio Ambiente (DINAMA) estaba lejos de ser concluida. De esta manera,
al menos una parte del gobierno pasaba a desempeñarse como socia de la
minera, ya que daba por sentado que el proyecto sería aprobado sin
esperar el dictamen de los técnicos.
En el último
Consejo de Ministros de 2013, el 27 de diciembre, el asunto principal
volvió a ser la inversión extranjera. Mujica reclamó la aceleración en
2014 de los proyectos pendientes y se refirió en especial a la red de
ferrocarril, la regasificadora, el puerto de aguas profundas y Aratirí.
En la conferencia de prensa habitual, el prosecretario de Presidencia,
Diego Cánepa, afirmó que el contrato con la minera se firmaba en enero,
"a más tardar el 20 de enero"(sic).
Paralelamente, el
asesor de Presidencia, Pedro Buonomo, adelantó que el contrato con
Aratirí incluiría un plazo de seis meses para el otorgamiento de la
autorización ambiental requerida para el inicio del proyecto. Este
procedimiento había aparecido por primera vez en el contrato por la
regasificadora firmado en octubre con Gaz de France, que incluyó un
plazo para la autorización ambiental, so pena de renegociar el contrato o
pagar una multa por el retraso.
Para minimizar este
punto, que configuraba otra presión obvia sobre la Dinama, Buonomo
agregó que el cronograma "no obliga al gobierno a cumplir los plazos" y
que podrían darse autorizaciones parciales. No es creíble para nadie que
un contrato entre el gobierno y una empresa pueda incluir disposiciones
no vinculantes. Por otra parte, la subdivisión del proyecto en partes
era un aspecto sobre el cual la Dinama ya se había pronunciado
expresamente en contra.
El contrato con Gaz
de France tampoco podía ser usado como antecedente porque la Ley
19.126, en el Artículo 25 (Exigencia de contrato), estableció que "Las
disposiciones del contrato deberán ajustarse a las condiciones
comprendidas en las autorizaciones ambientales correspondientes". En la
opinión de juristas como Alfredo Caputo, titular del curso de posgrado
de Derecho Minero en la UdelaR, firmar el contrato con la minera sin la
autorización ambiental es ilegal.
Había otras
disposiciones de la Ley 19.126 que debían ser reglamentadas y cumplidas
antes de formalizar un contrato, tales como las mejores prácticas
mineras del Artículo 5 y el plan de cierre del Artículo 13. Asimismo,
por el Artículo 6, la empresa debía contratar una auditoria del estudio
de impacto ambiental y, por el Artículo 27, debe presentar una garantía
por el 5% de la inversión que, según la cifra declarada por Aratirí,
ascendería a 150 millones de dólares.
Opiniones en disputa
A comienzos de
enero, Uruguay Libre cuestionó frontalmente la firma del contrato con la
minera en tales condiciones, indicando además que la constitucionalidad
de la Ley de Minería de Gran Porte estaba en tela de juicio y que se
desconocía la necesidad de una consulta a la población sobre la
conveniencia de ese proyecto. El día 20 el gobierno justificó la
postergación de la firma con el pretexto de que no habían sido
notificados todos los padrones involucrados.
En el primer Consejo de Ministros del año se volvió a tratar Aratirí..
Esta vez, los
ministros Edgardo Ortuño y José Bayardi alegaron que la firma del
contrato, fijada ahora para el 7 de febrero, es una condición para que
Aratirí realice los estudios requeridos del proyecto. El argumento no
tiene base legal y la oposición solicitó que los ministros de Industrias
y de Medio Ambiente concurrieran a la Comisión Permanente del
Parlamento para informar sobre el acuerdo con Aratirí.
La sesión para
escuchar a los ministros fue fijada para el 20 de febrero, con la cual
se esfumaba la intención de firmar antes el contrato. En estas idas y
venidas se supo que la minera no había presentado aún la certificación
de las reservas para su propuesta extractiva. Era inexplicable cómo se
podía consentir el proyecto sin ese dato, pero el gobierno dijo que no
iba a revelar el contenido del contrato y, de hecho, desde ese momento
dejó de dar nuevas fechas.
El mismo día en que
el ministro de Industrias, Roberto Kreimerman, hablaba en el Parlamento
de 15 años de operación minera y un aporte fiscal de 400 millones de
dólares anuales, el presidente Mujica asumía una cifra mucho mayor y
reafirmó que el país no podía renunciar a ese beneficio. En esa semana,
un informe del FMI había sostenido que, en 27 años de operación de
Aratirí, Uruguay recibiría un aporte de 26 mil millones de dólares, unos
mil millones anuales.
En sendos
comunicados, Uruguay Libre mostró que las previsiones del FMI contenían
gruesos errores y que los cálculos de Kreimerman tampoco cerraban. Para
corroborarlo, la organización publicó en "http://uruguaylibre.org" una planilla que permite verificar esos cálculos.
Sin embargo, la
ofensiva oficialista no se detuvo, se promovieron instancias a favor del
proyecto de Aratirí en ámbitos académicos y sindicales. En este
proceso, la determinación política de un sector del gobierno a favor de
la minera hacía que se pretendiera firmar el contrato pasando por encima
inclusive de las normas legales promovidas desde el oficialismo para
estos proyectos y con esto se contribuyó a desorientar aún más a la
opinión pública a este respecto.
Al final, las
arengas radiales de Mujica contra el "terrorismo ambientalista" y las
insinuaciones de que la movilización social opositora podía estar
financiada por intereses ocultos solo lograban aumentar la confusión. Al
término de una sesión del Consejo de Ministros, en plena Semana de
Carnaval, donde se trató nuevamente el tema Aratirí, se dijo a la prensa
que el presidente había solicitado informaciones "de primera mano"(sic)
sobre la propuesta minera.
Una encuesta de
opinión pública de Equipos Mori divulgada a comienzos de marzo dio
cuenta de que 26% de los consultados se manifestaba a favor de Aratirí,
23% en contra, 15% no se decía de acuerdo ni en desacuerdo, 26%
respondía que no había oído hablar de Aratirí y 10% que no sabía o no
contestaba. En el Frente Amplio, 33% estaba a favor y 17% contra la
minera, evidenciando que en el propio oficialismo el gobierno no contaba
con un sólido respaldo.
A fines del primer
trimestre seguía sin haberse firmado el contrato, se reconocí a que la
evaluación social y ambiental del proyecto requeriría varios meses más y
las perspectivas de caída del precio internacional del hierro hacían
dudar de la propia viabilidad económica del proyecto de Aratirí. Al
mismo tiempo, la recolección de firmas para realizar un plebiscito
nacional estaba confirmando la preocupación de la población por los
impactos de este y otros proyectos similares.