Orban explota la pasividad europea
El primer ministro húngaro, Viktor Orban,
da señales de debilidad tras gobernar más de siete años con una mayoría
parlamentaria tan abrumadora que le permitió modificar la Constitución
para aprobar el marco jurídico más restrictivo de la UE en materia de
derechos fundamentales y libertades públicas.
Su
popularidad ha disminuido del 37% al 31% desde enero. Ese descenso está
directamente relacionado con dos medidas legislativas recientes del
partido oficialista Fidesz. La primera, la aprobación en abril de una
nueva ley educativa que podría conducir al cierre de la Universidad Central Europea, fundada en 1991 por el filántropo norteamericano de origen húngaro George Soros y dirigida en Budapest por el académico canadiense Michael Ignatieff,
presidente y rector. Los dos han lanzado una intensa campaña de
denuncia de las políticas de Orban contra la libertad de cátedra ante
las instituciones de la UE y el Congreso de EEUU. Soros ha llegado a
calificar a Orban, que recibió de joven una beca de su Open Society Foundations, como el “jefe de un Estado mafioso”.
La
segunda y más reciente iniciativa, la nueva ley de ONG que les obliga a
revelar el origen de las donaciones extranjeras que reciben, define a
sus representantes como “agentes extranjeros”, los mismos términos de
una norma similar rusa de 2012. Dado que Orban cree que la elección de
Donald Trump ha mejorado su posición internacional, lo más probable es
que siga adelante con su proyecto de Estado iliberal a la húngara para
erosionar aún más la división de poderes, que en una entrevista definió
como un “invento americano inadecuado para Europa”.
Hasta
ahora su gobierno se había centrado en el control de los medios de
comunicación, públicos y privados, y los organismos claves del Estado.
Ahora dirige su atención a las universidades y ONG para copar
instituciones de la sociedad de civil que habían escapado a su control.
En
el plano de los valores y las ideas, Orban defiende una “revolución
cultural” contra el multiculturalismo, que construya una sociedad
homogénea y basada en los “valores cristianos”, modelo social que
pretende convertir en el fundamento ideológico constituyente del Grupo
de Visegrado (Hungría, Polonia, República Checa y Eslovaquia), cuyos
gobernantes comparten con Orban la misma aversión a la inmigración
musulmana.
Orban
lanzó su carrera política en 1991 demandando la retirada de las tropas
rusas y el fin del régimen de partido único. Hoy Moscú parece más
cercano a Budapest que Bruselas o Berlín. Su cercanía a Vladimir Putin se
ha reflejado en la concesión de un crédito ruso por 10.000 millones de
euros para la modernización de la única central nuclear del país, en la
que la empresa pública rusa Rosatom tiene previsto construir dos
reactores adicionales. El 80% del gas que consume Hungría proviene de
Rusia.
El problema para Orban es que el 75% de los húngaros es favorable a la UE. Momentum,
un partido emergente, nació de una movilización popular contra la
candidatura de Budapest a acoger los juegos olímpicos de 2024. Sus
dirigentes denunciaron que las olimpiadas serían la oportunidad para el
enriquecimiento de constructores y empresarios afines al poder. La
campaña de recogida de firmas de Momentum recabó más de 250.000 apoyos,
lo que hizo desistir de sus intenciones a Orban. No se equivocaron. La
Oficina Europea de Lucha contra el Fraude descubrió sobornos por 300
millones de euros en la construcción de una vía del metro de Budapest.
Pero
la oposición liberal y de izquierdas húngara está dividida en seis
partidos, lo que los mantiene como fuerzas extraparlamentarias, al no
superar el umbral electoral del 5%. La formación de una plataforma
conjunta exigiría el concurso del Partido Socialista, líder de la
oposición con un 15% en intención de voto. El problema esta vez es de la
oposición: los jóvenes responsabilizan a los socialistas de la crisis
fiscal que antecedió al mandato de Orban.
Así
las cosas, los únicos en condiciones de frenar la deriva autoritaria de
Orban son: el Partido Popular Europeo, que podría expulsar a Fidesz de
su grupo; el Parlamento Europeo, que puede privar a Budapest de su
derecho a voto en las discusiones ministeriales; y la Comisión, que
podría condicionar los fondos que recibe el país, más de 6.000 millones
de euros entre fondos estructurales y de cohesión y que le permiten
cofinanciar el 95% de sus inversiones públicas.