La comisión de expertos acusa al Gobierno de obstruir el caso Ayotzinapa
El GIEI sostiene en su informe final que el Ejecutivo ha dejado sin investigar las conductas de ciertos funcionarios públicos y apunta al Ejército
La noche de Iguala no encuentra amanecer. La desaparición y muerte de los 43 estudiantes de Ayotzinapa
le ha vuelto a estallar en las manos al Gobierno de Enrique Peña Nieto.
El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), tras la
negativa del Ejecutivo a prorrogar sus investigaciones, se ha despedido
con un informe que pone en duda no sólo la versión oficial de la
matanza, sino la credibilidad misma del Estado mexicano. A lo largo de
608 páginas, este equipo, dependiente de la Comisión Interamericana de
Derechos Humanos (CIDH), detalla las dilaciones, obstrucciones y
bloqueos que sufrieron, pero sobre todo denuncia que, más allá del
alcalde de Iguala y sus policías municipales, las “conductas omisivas de
los funcionarios públicos” han quedado sin investigar. Un obús que
tiene como blanco al intocable Ejército mexicano.
En un país acostumbrado a los seísmos, la despedida y cierre del GIEI
responde a una escala de magnitud desconocida. Cuando el Gobierno de
Peña Nieto, en plena crisis de confianza, abrió las puertas a esta
comisión para que brindara su asistencia técnica en el caso Ayotzinapa,
el gesto fue interpretado como el inicio de una nueva era en el
sangrante capítulo de las desapariciones. El equipo, formado por cinco
personalidades iberoamericanas conocidas por su lucha a favor de los
derechos humanos, parecía asegurar la transparencia y las buenas
prácticas en la investigación.
Su trabajo empezó en marzo de 2015 y, al igual que las familias de
las víctimas, no tardó mucho en distanciarse de la línea oficial. La
ruptura se evidenció en septiembre pasado, cuando la comisión presentó
su primer informe. Aunque admitía la colusión entre el cártel de
Guerreros Unidos y la Policía Municipal de Iguala, su prospección iba
mucho más allá. Para escándalo de los sectores más conservadores, ponía en entredicho el papel del Ejército.
Y con el objeto de indagar los motivos de su pasividad en la noche de
Iguala, solicitaba que se practicasen nuevas pruebas y que se
interrogase al 27 regimiento. La petición fue rechazada de plano. Por el
alto mando y por el propio presidente. Nadie dudó del motivo: en una
nación inmersa en una brutal guerra contra el narco, con más de 100.000
muertos a sus espaldas, el GIEI pretendía abrir una puerta a lo
desconocido, a una posible incriminación de la columna vertebral del
Estado. Pero el informe guardaba más sorpresas. Basándose en el trabajo
de un especialista internacional, negaba que los cuerpos de los
estudiantes hubiesen sido eliminados en una hoguera en el basurero de
Cocula. Esta hipótesis, aunque afectaba sólo a una rama colateral del
sumario, suponía un reto mayúsculo para la versión oficial. Si no había
incendio en el vertedero, entonces los testimonios de los sicarios que
lo habían descrito perdían credibilidad. Y la investigación al completo,
como un árbol contaminado, quedaba en entredicho. Nuevamente, estalló
la bomba. Y aunque meses después un grupo de expertos en fuego volvió al planteamiento inicial,
la confianza había quedado irremediablemente dañada. La salida del GIEI
ya sólo fue cuestión de tiempo. Cuando llegó la hora de prorrogar su
permanencia en México, el Ejecutivo, sin perder la sonrisa, optó por
darles el billete de vuelta para el próximo día 30.
La respuesta ha sido el informe presentado esta mañana en la Ciudad
de México. Su lectura conduce al nudo gordiano del caso: Ayotzinapa
refleja el fracaso del Estado mexicano y no sólo la barbarie del narco.
El texto, aunque sin decirlo explícitamente, ronda una y otra vez este
punto. No hay resquicio que se libre de la crítica. A ojos de los
expertos, la investigación misma revela los males que aquejan al país.
Lentitud procesal, burocracia paralizante, excesivo formalismo, falta de
pruebas objetivas, apresuramiento en las detenciones, ausencia de
garantías, carencias periciales, debilidad de los indicios
incriminatorios, filtraciones interesadas…
El rosario de males descrito por el GIEI supone un varapalo al sistema
policial mexicano, pero carecería de pólvora, si no fuera porque da un
paso más y entra en el campo de la acusación. “La investigación tuvo
dificultades que no son imputadas de manera exclusiva a la simple
complejidad del caso. La lentitud en las respuestas a las solicitudes
del GIEI, la demora en la práctica de muchas pruebas, las respuestas
formales y no sustanciales a muchas de las inquietudes, la no
investigación de otras líneas de investigación, no pueden leerse como
simples obstáculos improvisados o parciales. Muestran barreras
estructurales”, señala el informe.
Para los expertos, este obstruccionismo aumentó a medida que
avanzaban las pesquisas hasta el punto de sufrir “un claro bloqueo”. Los
ejemplos citados son numerosos. Entre ellos destaca el blindaje de la
información referida al Ejército. “Independientemente de que el Grupo no
haya podido entrevistar a los militares del 27 Batallón que estuvieron presentes en los hechos
[…] Los reportes de inteligencia, las bitácoras, las fotografías y los
vídeos vinculados a los hechos no han sido incorporados a la
investigación”, indica el texto. En esta línea, el GIEI sostiene que en
el caso Ayotzinapa “las conductas omisivas de los funcionarios públicos
prácticamente no han sido investigadas” y ello pese a que “ciertos
agentes del Estado tienen una posición de garante, como es el caso de
las fuerzas policiales y militares, que tienen el deber de proteger a
los ciudadanos y cuya omisión puede constituir una violación de los
derechos humanos”.
En su despedida, el GIEI
lamenta que su trabajo haya sido utilizado como un elemento de
“polarización” política y atribuye parte de la polémica que le ha
rodeado al miedo de ciertos funcionarios públicos, que vieron
cuestionado su trabajo, y también a una “actitud soberanista” ante un
“grupo de extranjeros”. Como última recomendación, recuerda que la
“comunidad internacional” puede ayudar en la investigación, pero que el
papel central corresponde a “México, a su pueblo y sus instituciones”.
El próximo sábado el GIEI dejará su misión en el país.
Link Original: http://internacional.elpais.com/internacional/2016/04/24/mexico/1461469508_584523.html
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