“ARGENTINA CUESTA ABAJO”
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El
martes 10 de diciembre, nuevamente la Argentina le demostró al mundo
su profunda incapacidad de organizarse políticamente de manera
mínimamente democrática, ciudadana, solidaria y pacífica.
Ese
día el Gobierno argentina emperifollaba el centro de Buenos Aires para
festejar 30 años de Gobierno en “democracia” (casi todos bajo
dirección peronista). La presidenta Cristina Fernández, a pesar de que
ha reducido en forma tajante su exposición pública, tenía ya planeado
pronunciar un discurso en Casa Rosada. Formaba parte de los festejos un
concierto al aire libre con la actuación de grandes artistas locales
(de corte “nacional y popular”, faltaba más) para que la población
notara el profundo apego del gobierno peronista para con la democracia.
En
un acto insólito, el gobierno había previsto la invitación de los
cuatro expresidentes –(Carlos Menem, Fernando De la Rúa, Adolfo
Rodríguez Saá, Eduardo Duhalde y a la familia de Raúl Alfonsín)- que
estuvieron al mando del país durante el período “democrático”. Con la
excepción de De la Rúa y Alfonsín, los otros fueron todos conspiradores
conspicuos contra sus más diversos correligionarios peronistas por lo
que, programar una serie de ceremonias en la que se pretendía poner en
evidencia los supuestos valores de continuidad institucional, civilismo
y solidaridad nacional lindaba entre el mal gusto o la tomadura de
pelo.
Pero
hay veces que la historia, siempre partera de imprevistos, se encarga
de poner las cosas en su sitio. Los años de corrupción oficial y
societal, los ataques sistemáticos a distintos sectores de la sociedad,
el mandoneo rutinario sobre la población y la profunda vocación
anti-democrática que, en realidad, reinó durante todo el período
“festejado” (quedan obviamente excluidos De la Rúa y Alfonsín de este
diagnóstico) repentinamente mostraron sus frutos.
El
acto se transformó radicalmente. Desde algunos días antes, los saqueos
estaban en vías de generalizarse en varias de las provincias del país,
mientras que la “nomenklatura” kirchnerista se aprestaba a jugar a la
fiesta de “la democracia”. En un municipio cercano a la ciudad de
Buenos Aires, el supermercado de un integrante de la comunidad china
fue asaltado por las turbas de “piqueteros”, incendiado el local y
muerto el propietario que pretendía defender algo llamado “derecho de
propiedad”.
Mientras
tanto, en la ciudad de Córdoba, ante el retiro y acuartelamiento
durante 35 horas de la policía de la provincia por sus reclamaciones
salariales no satisfechas, centenares y centenares de locales de todo
tipo fueron vaciados y destruidos. Casi simultáneamente en la provincia
de Entre Ríos se repetían las escenas de Córdoba en Concordia. Lo de
Córdoba en particular fue el doble disparador para dos fenómenos que se
dieron en paralelo. Por un lado, ante el aumento de urgencia otorgado a
la policía de la Provincia, el reclamo policial se generalizó. En más
de una docena de provincias del país los reclamos policiales se
dispararon. El gobierno nacional y los provinciales cedieron, más o
menos rápidamente, a aumentos demenciales e impagables. En el interim,
mientras se buscaban arreglos con las policías, el caos, el saqueo de
locales y el ejercicio de la violencia más disparatada se extendió por
buena parte de la Argentina causando, en el momento que se escribe esta
nota editorial, ya once muertos, un número indeterminados de heridos y
daños de montos difíciles de calcular ya que se calculan en unos 1900
los comercios atacados, saqueados y destruidos.
Alcanza
con ver las tomas televisivas para advertir que los saqueos tienen una
relación muy lejana con una hipotética situación de pobreza de
aquellos sectores de la población transformados en “saqueadores”. Son
muy variados los orígenes sociales de los argentinos que participan en
los saqueos que se han ido extendiendo, finalmente, a lo largo de 20
provincias del territorio y que nadie sabe si han realmente concluido.
En los últimos días, el despliegue de la Gendarmería para proteger todo
tipo de comercios ha enlentecido en algo el contagio de los saqueos.
A
pesar de los análisis edificantes de los distintos sociólogos que han
salido a “explicar” situaciones de pobreza, niveles de ingreso e
índices Gini diversos como supuestas “causas” del la instalación del
caos, es evidente que se trata de un problema de (falta absoluta de)
dirección política de la sociedad y no de un problema “social”.
Argentina está ante una crisis de gobernabilidad en toda la línea.
El
Gobernador de la Provincia de Córdoba, José Manuel de la Sota,
connotado anti-kirchnerista, y ejemplo mismo de peronista irredimible,
declaraba sin rubor alguno: “(Era)
impensable para cualquier gobernante que esta reclamación salarial (de
la policía) derivara en esta situación que se vive en las provincias.
(…) Se rompió el contrato social”.
La
declaración es inaudita porque presupone, o bien que la Policía,
sistemáticamente mal paga, hubiese roto un contrato social del que el
peronismo fuese un sabio guardián. O, peor aún, permite leer la
posibilidad de que los saqueadores hubiese “roto el contrato social”
cuando toda la Argentina sabe dos cosas fundamentales. La primera, que
los saqueos, como bien dijo al presidenta (que conoce bien el mecanismo
porque es experta en la materia), fueron como siempre organizados por
las organizaciones de base y los “punteros” peronistas de nivel
barrial. Y la segunda es que de la Sota finge ignorar que, de 1945
hasta la fecha, el peronismo y las Fuerzas Armadas han atacado
sistemáticamente todo intento de mantener nada parecido a un contrato
social estable.
El
gran violador del contrato social en la República Argentina es, hoy,
un gobierno peronista que, en la mejor tradición de Juan Domingo Perón,
ignora lo que debería ser el Estado de Derecho. El gobierno
kirchnerista persigue a los periodistas, pretende manipular medios de
prensa, intenta expropiar a los sectores de productores rurales, saquea
empresas nacionales y extranjeras, pretende “inventar” los precios de
la economía mintiendo abiertamente en las cifras macro-económicas, etc.
por lo que hace muchas décadas que la sociedad argentina y los simples
ciudadanos saben que viven más en una situación casi hobbesiana que en
una sociedad regida por algo parecido a un contrato social. Y decimos
“casi” porque, en Hobbes, la hipótesis que abona al “estado de
naturaleza”, supone una “guerra de todos contra todos” donde los
contendientes son hombres “iguales por naturaleza” los que se
enfrentan. En la Argentina, en cambio, los grandes agresores y
transgresores de la paz cívica y social han sido históricamente los
gobiernos peronistas y los gobiernos militares que se ensañan, desde
siempre, sobre la población.
Por
ello es que no deben de sorprender a nadie, en el mundo lejano que no
conoce a la “Argentina profunda”, las declaraciones de una saqueadora
de iniciales E.G. publicadas por “El País” de Madrid:
“La
mayoría roba, pero uno va a saquear para dar de comer a los chiquitos.
Cuando vas a decir al intendente (alcalde) que no tenés para comer, te
dice que no tiene nada más que una bolsa con un paquete de fideos, uno
de arroz, uno de azúcar, uno de puré de tomate y una botella de aceite
por mes, pero te dura dos días”, se queja. E. G. se entera de la
organización de saqueos por el boca a boca y Facebook, aunque hace una
semana se le descompuso el ordenador. En 2012 fue a saquear porque su
marido solo tenía trabajo un día por semana, ganaba 90 euros al mes y
con otros 155 de subvención estatal su familia comía una vez por día.
“No tenía miedo porque fui con mi papá”, cuenta. Ahora su marido
consiguió empleo formal, cobra 790 euros, sus hijos han vuelto a comer
dos veces por día, pero ella planeaba saquear porque la carne vacuna y
el pan “aumentan mucho” de precio. Aclara que otros vecinos roban
electrodomésticos o ropa para después revenderlos y
comprar después bienes básicos. También están los que no participan de
saqueos por razones morales o por el riesgo de resultar heridos.
Esta vez la presencia de gendarmes la disuadió de ir. “Ni loca voy a
que me maten”, cuenta y reconoce que delincuentes y policías de civil
participan también de saqueos mientras que punteros (dirigentes políticos barriales) los promueven.” (Edición Internacional del 11/12/2013).
Poco
queda que agregar a las declaraciones de esta “ciudadana”. La
espontaneidad de su amoralidad la exime de cualquier comentario. ¿Qué
de censurable hay en el saqueo y el robo si ella ha visto multiplicarse
de manera exponencial en pocos años el patrimonio de la pareja
Nestor/Cristina, si toda la población comenta cotidianamente los
negociados del vice-presidente Amado Boudou, si la clase política
peronista es el centro de corrupción de la sociedad argentina y si la
policía también es parte del esquema general de corrupción, para no
nombrar mas que los casos más notorios ?
Mientras
que el debilitamiento de la gobernabilidad se hace cada vez más
notorio en el país, los personajes de la política peronista intentar
encontrar la forma de sacar réditos del desastre. “Las influencias de
la dictadura” o “las corporaciones” son ahora el nuevo “tema” que han
desenterrado los auto-llamados “intelectuales peronistas” integrantes
de un movimiento llamado “Carta Abierta”. Y mientras estos personajes
juegan a ser políticos, la República de China eleva un tanto el tono
exigiendo que el gobierno garantice la seguridad de los inmigrantes
chinos afincados en Argentina. El gesto es meramente protocolar porque
la China sabe, perfectamente, que el gobierno de la Argentina es
absolutamente incapaz de ofrecer garantías, o seguridad, en tema
alguno.
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