Colombia y el nuevo acuerdo de paz
Infolatam
Madrid, 20 noviembre 2016
Por Carlos Malamud
Madrid, 20 noviembre 2016
Por Carlos Malamud
Tras el fracaso del plebiscito del 2 de octubre, el gobierno del presidente Juan Manuel Santos
inició febriles negociaciones a tres bandas con el ánimo de revivir el
proceso de paz. Mientras en Bogotá se reunían los líderes de la campaña
del NO con el presidente y sus asesores, de forma casi simultánea el
equipo gubernamental encabezado por Humberto de la Calle mantenía en La Habana conversaciones con los máximos dirigentes de las FARC.
De este modo se alcanzó un nuevo acuerdo que está pendiente de dos
cuestiones fundamentales, por un lado la aprobación de quienes se habían
opuesto al tratado anterior y, por el otro, la refrendación bien sea
legislativa o bien popular de lo nuevamente acordado.
Según la revista Semana ,
los cambios producidos en los acuerdos son profundos y no meramente
cosméticos, como se había podido pensar inicialmente. Las FARC cedieron
en todos los puntos salvo en lo relativo a la elegibilidad política de
sus integrantes, incluso aquellos condenados por la justicia. Desde la
perspectiva de las FARC, restringir su acceso a la vía electoral habría
supuesto considerarlos meros “criminales” y no “rebeldes con causa” como
insiste repetidamente su “relato”.
Para el gobierno, los nuevos acuerdos han modificado 56 de los 57
ejes temáticos en los que se organizaron las 410 propuestas de los
líderes del NO, lo que supuso incorporar el 80% de las observaciones
recibidas. Los cambios introducidos abordan cuestiones muy
diversas, como la justicia transicional, la propiedad de la tierra, el
enfoque de género o el papel de las distintas administraciones del
Estado. Inclusive se reglamenta de un modo más preciso el paso
de las FARC a la vida política y se establecen mayores controles para
hacer efectiva la transición de la lucha armada al enfrentamiento
dialéctico.
En este sentido destacan las menores facilidades que tendrá el grupo
guerrillero para obtener actas de diputados y senadores, su
desvinculación de ciertas instancias de control que funcionarían durante
el post conflicto, como la Comisión de Garantías de Seguridad, y la
obligación de entregar un inventario detallado de sus bienes antes de
que culmine la entrega de armas. Este último punto es
fundamental ya que de otro modo no podrían acceder a los beneficios de
la justicia transicional y se vería gravemente condicionada su
participación política futura.
El gobierno tiene en sus manos tres mecanismos para sacar adelante el
nuevo acuerdo: su aprobación por el Congreso, la realización de un
nuevo plebiscito o la celebración de Cabildos Abiertos a lo largo del
territorio nacional que discutan y aprueben lo acordado en La Habana. Muy
probablemente, tras el susto impensado de la anterior consulta, se opte
por la vía parlamentaria, que ofrece mayores garantías al Ejecutivo.
Por ello, el principal escollo para el cierre de este capítulo en la
larga marcha hacia la paz en Colombia es la postura de los defensores
del NO. Si bien se han recogido buena parte de las propuestas de los
diversos grupos y se han dado mayores garantías a todos ellos de la
legalidad del proceso, muchos de los cuestionamientos iniciales todavía
siguen vigentes. Ninguno de los principales líderes opuestos al tratado
anterior se han manifestado claramente sobre el nuevo, pero todo indica
que tanto Álvaro Uribe, como Andrés Pastrana o Marta Lucía Ramírez seguirán manteniendo su oposición de partida. Incluso, Uribe dijo esperar que este acuerdo no fuera definitivo, como si lo que sobrara, precisamente, fuera tiempo.
Este es uno de los puntos de discordia entre los principales
defensores del tratado (el gobierno y las FARC) y sus detractores. Para
los primeros la situación de los guerrilleros camino de su
desmovilización comienza a tornarse insostenible, lo que podría
comprometer seriamente el futuro del proceso. De ahí la conveniencia de cerrar definitivamente esta etapa de negociación y ponerse a trabajar en la construcción de la paz.
Si quiere sacar adelante los acuerdos con la menor oposición posible, al gobierno del presidente Santos
le queda mucha tarea por hacer. Es evidente que no podrá aglutinar a
todos detrás de su postura y que la idea de un gran Acuerdo Nacional,
como propone Uribe, hoy por hoy es bastante difícil de
implementar. Hay grupos que se oponen radicalmente a cualquier acuerdo
con las FARC y que siguen argumentando que todo es una estratagema para
conquistar el poder por medios electorales, al haberse cerrado la vía de
la lucha armada.
Pese a ello, sigo coincidiendo con Héctor Abad Faciolince
en sus profundas reflexiones (dirigidas a su cuñado) sobre el proceso y
su conveniencia y en las ventajas de la paz frente a la guerra: “¿No es
mejor un país donde tus mismos secuestradores estén libres haciendo
política, en vez de un país en que esos mismos tipos estén cerca de tu
finca, amenazando a tus hijos, mis sobrinos, y a los hijos de tus hijos,
a tus nietos? La paz no se hace para que haya una justicia
plena y completa. La paz se hace para olvidar el dolor pasado, para
disminuir el dolor presente y para prevenir el dolor futuro”.
Etiquetas: Carlos Malamud, Colombia FARC, Colombia paz