"Año del Diálogo y la Reconciliación Nacional"
DECLARACIÓN
DEL GRUPO DE LIMA
(Comunicado Conjunto 009 - 18)
Los gobiernos de Argentina, Brasil,
Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Guyana, Honduras, México,
Panamá, Paraguay, Perú y Santa Lucía, expresan lo siguiente:
1.
No
reconocen la legitimidad del proceso electoral desarrollado en la República
Bolivariana de Venezuela que concluyó el pasado 20 de mayo, por no cumplir con
los estándares internacionales de un proceso democrático, libre, justo y
transparente.
2.
Acuerdan
reducir el nivel de sus relaciones diplomáticas con Venezuela, para lo cual
llamarán a consultas a los embajadores en Caracas y convocarán a los
embajadores de Venezuela para expresar nuestra protesta.
3.
Reiteran
su preocupación por la profundización de la crisis política, económica, social
y humanitaria que ha deteriorado la vida en Venezuela, que se ve reflejada en
la migración masiva de venezolanos que llegan a nuestros países en difíciles
condiciones y en la pérdida de las instituciones democráticas, el estado de
derecho y la falta de garantías y libertades políticas de los ciudadanos.
4.
Deciden
presentar en el marco del 48° periodo de sesiones de la Asamblea General de la
Organización de Estados Americanos una nueva resolución sobre la situación en
Venezuela.
5.
A
fin de atender la situación derivada por el preocupante incremento en los
flujos de venezolanos que se ven obligados a abandonar su país y por el impacto
que esta situación está teniendo en toda la región, deciden adoptar las
siguientes medidas:
i.
Convocar
a una reunión de alto nivel con autoridades responsables del tema migratorio y
de refugio para intercambiar experiencias y definir los lineamientos de una
respuesta integral, incluyendo temas de facilidades migratorias y documentos de
identidad. En ese sentido, aceptan el ofrecimiento de Perú de ser sede de dicha
reunión la primera quincena de junio.
ii.
Considerar
la posibilidad de realizar contribuciones financieras a los organismos
internacionales competentes para fortalecer las capacidades institucionales de
los países en la región, especialmente los países vecinos, para atender el
flujo migratorio de venezolanos.
6.
Deploran
la grave situación humanitaria en Venezuela y tomando en cuenta las
implicaciones en materia de salud pública para toda la región deciden adoptar
las siguientes medidas:
i.
Convocar
a una reunión de alto nivel con autoridades responsables del sector salud para
coordinar acciones en materia de salud pública y fortalecer la cooperación para
atender la emergencia epidemiológica.
ii.
Apoyar
el suministro de medicamentos por instituciones independientes y las acciones
de vigilancia epidemiológica en Venezuela y en sus países vecinos, en
particular frente a la reaparición de enfermedades como sarampión, paludismo y
difteria.
7.
Reiteran
el párrafo 4 de la Declaración de Lima del 8 de agosto de 2017 y, con objeto de
contribuir a preservar las atribuciones de la Asamblea Nacional, acuerdan
adoptar, siempre que su legislación y normativa interna lo permitan, las siguientes
medidas en el ámbito económico y financiero:
i.
Solicitar
a las autoridades competentes de cada país que emitan y actualicen circulares o
boletines a nivel nacional que transmitan al sector financiero y bancario el
riesgo en el que podrían incurrir si realizan operaciones con el gobierno de
Venezuela que no cuenten con el aval de la Asamblea Nacional, incluyendo
convenios de pagos y créditos recíprocos por operaciones de comercio exterior
–incluido bienes militares y de seguridad.
ii.
Coordinar
acciones para que los organismos financieros internacionales y regionales
procuren no otorgar préstamos al Gobierno de Venezuela, por la naturaleza
inconstitucional de adquirir deuda sin el aval de su Asamblea Nacional, excepto
cuando el financiamiento sea utilizado en acciones de ayuda humanitaria
teniendo presente previo a su otorgamiento, los posibles efectos no deseados en
economías de terceros países más vulnerables.
iii.
Intensificar
y ampliar el intercambio de información de inteligencia financiera, a través de
los mecanismos existentes, sobre las actividades de individuos y empresas
venezolanas que pudieran vincularse a actos de corrupción, lavado de dinero u
otras conductas ilícitas que pudiera derivar en procedimientos judiciales que
sancionen dichas actividades criminales, tales como en el congelamiento de
activos y la aplicación de restricciones financieras.
iv.
En
el marco de los estándares internacionales fijados por el Grupo de Acción
Financiera (GAFI) y de los mecanismos operacionales ya existentes, se insta a
contar con un análisis de riesgo de lavado de activos y financiamiento al
terrorismo, y se propone además que los países sensibilicen al sector privado
en sus jurisdicciones, sobre las amenazas y riesgos de lavado de dinero y
corrupción que han identificado en Venezuela y que afecten a la región, lo que
ampliará la capacidad de prevenir o detectar posibles actos ilícitos con mayor
oportunidad.
v.
De
igual forma, se solicita a las Unidades de Inteligencia Financiera y a las
autoridades competentes de cada país, que emitan y actualicen guías, circulares
o boletines a nivel nacional que alerten a las instituciones financieras sobre
la corrupción en el sector público venezolano y los métodos que los servidores
públicos venezolanos y sus redes pueden estar usando para esconder y transferir
recursos procedentes de actos de corrupción.
8.
El
Grupo continuará dando seguimiento al desarrollo de la situación en Venezuela
con el objeto de adoptar las medidas adicionales que correspondan, de manera
individual o colectiva, para favorecer el restablecimiento del estado de
derecho y el orden democrático en ese país.
Lima, 21 de mayo de 2018
OFICINA
GENERAL DE COMUNICACIÓN
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES