En las últimas semanas, a nivel internacional se han presentado conjuntamente varias noticias que, aunque provenientes de países disímiles y reflejando realidades políticas y sociales muy distintas, reenvían sin embargo a un mismo y reiterado problema de la realidad internacional contemporánea.
1.- Hace algo más de 4 meses el gobierno de Arizona, en EE.UU, logró la aprobación de la ley SB1070. La gobernadora Jan Brewer y varios de sus correligionarios republicanos festejaron, el 24 de abril, como “…un gran día para el pueblo de Arizona porque en cuanto se comience a ejecutar esta ley estaremos más seguros…”.
Se trata de una norma peculiar que pretende regular la inmigración de la manera más estricta (y altamente arbitraria) que se haya aprobado hasta la fecha. Su aprobación impactó en el debate político norteamericano ya que la norma criminaliza abiertamente la inmigración (“ilegal” o no) porque uno de los argumentos esgrimidos para su aprobación es “la seguridad” de la población estadual teóricamente cuestionada por la presencia de indocumentados. Pero, en realidad, nada nuevo sucede en Arizona. La inmigración hacia los EE.UU., hacia y a través de ese estado, existe desde hace un siglo y nunca como ahora la presencia de “indocumentados” fue oficialmente relacionada con la inseguridad de la población. De ahí que no sea casual que el estatuto de “indocumentado” (que siempre existió) esté siendo asimilado de manera cada vez más explícita al de “ilegal”.
El problema es nacional ya que en todo Estados Unidos viven casi 11 millones de inmigrantes indocumentados, mayoritariamente mexicanos, y Arizona, ubicada en la frontera con México, es una de las principales vías de ingreso para los indocumentados latinoamericanos en general. Arizona tiene una población de 6,6 millones de habitantes y alberga unos 460.000 indocumentados. Lo que equivale a decir que buena parte de la economía del estado descansa sobre las espaldas de éstos. Pero, a pesar de ello (y esto es válido para una veintena de Estados de la Unión), los sondeos revelan que más de la mitad de los encuestados a nivel nacional están de acuerdo con las medidas que impone la SB1070 en Arizona.
Muchos analistas consideran que la ley es abiertamente inconstitucional puesto que termina con la “presunción de inocencia” (una de las llaves del sistema de protección de los derechos individuales) y otorga a cualquier policía la potestad de detener personas si existe una “sospecha razonable” de que puede ser “inmigrante ilegal”. Y puede hacerlo de acuerdo a su criterio individual lo que, previsiblemente, pondrá en marcha un proceso de discriminación racial orientado contra cualquier rasgo de “latinidad”, real o presumida. La SB1070 incluso otorga a la policía la potestad de detener a quien haya cometido una falta pasible de ser sancionada con la deportación (tarea que corresponde a los tribunales de justicia) y transforma en un “crimen“ la sola presentación de una solicitud de trabajo por parte de aquellos inmigrantes no autorizados. La ley llega al extremo de permitir que los ciudadanos norteamericanos demanden al gobierno y a las agencias encargadas de hacer cumplir la ley, si creen que la norma no está siendo adecuadamente aplicada.
Obama manifestó su disconformidad y el Departamento de Justicia impugnó el 6 de julio la norma de Arizona, argumentando que la política de inmigración es potestad del gobierno federal por lo que la ley usurpa competencias de la Federación. Un fallo preliminar dio la razón al gobierno federal en lo referente al desconocimiento de sus potestades en materia inmigratoria y señaló que la ley en cuestión llevará a la detención indiscriminada de ciudadanos o inmigrantes, legales o indocumentados. El fallo impide temporalmente la vigencia de varios artículos de la ley y la juez federal consideró probable que los argumentos del Departamento de Justicia prevalecerán en un posterior juicio ante un Tribunal Federal.
Aunque Arizona no es un ejemplo de cultura cosmopolita, no deja de ser llamativo que el “ejemplo” de este estado haya sido “aplaudido” por un porcentaje tan amplio de la población norteamericana. La población de un gran país que se ha formado gracias a la inmigración parece pronunciarse por el “cierre” de sus fronteras a nuevas olas de inmigrantes. Un síntoma de este viraje son las posiciones del ex candidato republicano, John McCain, que busca reelegirse como senador por Arizona y apoya abiertamente la SB1070, cuando él ha sido, históricamente, un defensor de los inmigrantes y de legalizar las permanencias irregulares en territorio norteamericano.
2.- Bastante lejos de allí, en Francia, el gobierno de Nicolás Sarkozy parece empeñado, desde mediados del mes de julio, en una insólita campaña: expulsar de su territorio a cuanto gitano caiga en manos de las autoridades. Y, mientras se desmontan los campamentos gitanos “irregulares”, los vuelos de repatriación se suceden, uno tras otro, en dirección a Rumania o Bulgaria, países que acaban de ingresar a la UE en el año 2007 y de donde proviene la mayoría de los expulsados.
En realidad la cuestión aparece, por poco que se la examine con detenimiento, como algo muy poco serio. Es más, el propio ministro de RR.EE. de Francia, que no comparte mucho la medida, acaba de declarar que “…no está contento con toda esta polémica, con esta especie de mayonesa verbal…” en la que se ha sumido la escena política francesa.
Y no es para menos. Todo se inicia como una ofensiva de declaraciones racistas de varios ministros a los medios que, compitiendo entre sí, fomentan el aumento de la discriminación. la segregación, la criminalización y la marginación de los escasos 10 a 15.000 gitanos presentes en Francia. La sola consideración de las cifras indica que, ni ahora ni nunca, los gitanos fueron una minoría problemática para la realidad social francesa. Peor aún: ninguna cifra indica, por el momento, que se esté expulsando realmente más gitanos en la actualidad que en meses y años anteriores. Es más, de los expulsados, el 84% aparece como “repatriado voluntario” dado que cada adulto cobra 300 euros como “prima de ayuda al retorno” y, cada niño, 100 euros. Todo invita a preguntarse si muchos de los expulsados, acostumbrados como lo están, a un modus vivendi más bien nómade, no estarán de vuelta, en 2 o 3 meses, para volver a ser expulsados.
Lo más plausible es que el presidente Sarkozy, bastante debilitado electoralmente, se decidió por esta triste y cruel pantomima para tratar de reconquistar votos de la derecha y de la ultra derecha. Y parece empezar a lograr en parte su objetivo: una encuesta del 26 de agosto indicaba que el 48% de los franceses era favorable a la expulsión de los gitanos de aquel país. Aunque también empieza a advertir los costos políticos que está pagando. El Comité contra la discriminación racial de las Naciones Unidas, la iglesia católica, el propio Papa Benedicto XVI, gran parte de la prensa y opinión pública, varios ministros, etc. se han manifestado en contra de esta ostensible operación política que viola los derechos humanos, que violenta la libertad de circulación y, sobretodo, que convoca al racismo contra una población que hubo de ser víctima directa del nazismo en los campos de concentración.
Más allá de esta escaramuza política que no sabemos cómo termine finalmente para el gobierno francés, lo que nos interesa es preguntarnos por qué razones, en el seno de la Unión Europea y a mediados del año 2010, es todavía posible atizar el odio racial y convocar a la persecución de seres humanos por lo que son y no por lo que eventualmente hayan hecho, o hagan, en contra de la ley.
3.- Hace aproximadamente una semana, en San Fernando, Tamaulipas, México, y gracias al testimonio de un inmigrante ecuatoriano que se salvó milagrosamente del tiroteo indiscriminado, las autoridades hallaron los cuerpos de 72 inmigrantes, que habían sido interceptados en su ruta hacia los EE.UU por el grupo criminal internacional ”Los Zetas”. A todos aquellos que no estuvieron en condiciones de proporcionar un contacto familiar, en los EE.UU o en sus países de origen, dispuesto a pagar rescate por sus vidas, los ametrallaron a quemarropa.
El hecho de que la mayoría de los asesinados no fuese mexicana, abundasen los centroamericanos (salvadoreños, hondureños, guatemaltecos) y hubiese hasta un un brasileño y, en especial, un ecuatoriano sobreviviente y testigo de la masacre impidió que el evento fuese banalizado por las autoridades mexicanas. De haber sido simples campesinos mexicanos, y de no haber habido sobrevivientes, México hubiese comunicado el hecho como una “inexplicable matanza” o como el resultado de un enfrentamiento más entre grupos rivales del crimen organizado. Hace ya años que ese país, enfrentado a una ola de violencia delictiva sin precedentes, presenta los más horrendos hechos criminales como fenómenos imposibles de entender o como “arreglo de cuentas” entre grupos del crimen organizado.
Es una forma de “disimular las víctimas” aunque todo el mundo sabe de los miles y miles de mujeres sistemáticamente asesinadas en Ciudad Juárez y aunque, el Ombudsman de México ya había denunciado el secuestro de aproximadamente 10.000 indocumentados en el último semestre del año pasado, por narcos, grupos armados, policías corruptos o las mismas redes de “coyotes” que les facilitan el ingreso al territorio norteamericano. La sociedad mexicana, la sociedad norteamericana y la comunidad internacional no terminan de darse cuenta que los más de 3.300 kilómetros de frontera entre los EE.UU. y México se han transformado en una suerte de “coto de caza” de hombres y mujeres de ambos lados de la frontera. La corrupción endémica de los cuerpos policiales mexicanos y la prescindencia (rayana en la complicidad) de los EE.UU. que proporcionan el mercado de trabajo, los fondos y las armas para el mantenimiento de esta situación, han permitido la construcción este perverso mecanismo de circulación de población que arranca en el cono sur de América Latina.
Aunque los mecanismos de ingreso de los trabajadores latinoamericanos a los EE.UU. siempre fueron particularmente opacos y, por definición, informales y muy difíciles de controlar, en la última década éstos han cambiado casi de “naturaleza”. Con la consolidación del crimen organizado en México, el tráfico de indocumentados, junto con el tráfico de drogas, el contrabando, el comercio de armas, y todas las otras formas de criminalidad, ha pasado a ser uno de los rubros que estos grupos criminales han incorporado a sus actividades. Los resultados están a la vista.